El pasado jueves 24 en la ciudad de Córdoba el genocida general Menéndez, de 81 años, fue condenado a prisión perpetua en cárcel común al ser hallado culpable por el secuestro, tortura y homicidio de 4 militantes del PRT en el año 1977. Celebramos la importancia de esta condena, por tratarse del primer general de la dictadura que fue juzgado y penalizado luego de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Esta ha sido una conquista democrática del movimiento popular, que ha luchado incesantemente contra la impunidad. Como Partido también nos sentimos reconocidos por esta sanción, ya que, junto a miles de militantes, hemos sufrido en carne propia la desaparición, asesinato, tortura y cárcel de compañeros nuestros en manos de este genocida. Mencionamos en René Salamanca, con emoción, a todos y cada uno de ellos. Que Menéndez, uno de los genocidas más conocidos y odiados por nuestro pueblo, esté preso, y en una cárcel común, estimula la continuidad de los esfuerzos por avanzar en el camino de la aplicación de justicia a los represores de la dictadura.
Al mismo tiempo, señalamos que de seguir con este tipo de juicios a cuentagotas, donde hay casi mil causas abiertas en todo el país en procesos extremadamente lentos, sólo unos pocos genocidas podrían ser juzgados en los próximos años.
Una muestra de la ineficiencia que implica este tipo de juicios es que a un genocida como Menéndez, responsable del Centro Clandestino “La Perla” donde fueron secuestradas y torturadas miles de personas, sea condenado sólo por 4 casos. Es urgente y necesario avanzar con la decisión política de ir a fondo con otro tipo de juicios, más rápidos y por centro clandestino de detención, donde se juzgue a todos los responsables, especialmente a los genocidas de mayor jerarquía, por todos los compañeros detenidos-desaparecidos, como viene reclamando en cada movilización el movimiento de derechos humanos nucleado en Memoria, Verdad y Justicia. De lo contrario, dada la cantidad de juicios y la edad avanzada de la mayoría de los genocidas, el resultado será que se termine de consolidar la impunidad de la dictadura en la Argentina.
Otra muestra de la actualidad de la impunidad y del doble discurso del gobierno de Cristina Kirchner en materia de derechos humanos es que a casi 2 años de la desaparición del testigo Julio López durante el juicio a Etchecolatz, no exista todavía ningún imputado por su secuestro ni sean públicas líneas firmes de investigación al respecto.
Frente a este tema, el gobierno nacional guarda un silencio cómplice, mientras no ahorra palabras para calificar a los chacareros que reclaman en las rutas como “grupos de tareas” y mantiene la amenaza de aplicar, en el momento que lo crean conveniente, la Ley Antiterrorista para juzgar a todos aquellos que participen de acciones de reclamo contra el Estado.
Por eso resulta imprescindible unir la lucha contra la dictadura genocida a la lucha social y política contra la represión actual, para que una vez más sea la movilización popular la que obligue a los de arriba a hacer concesiones que nos permitan acercarnos a la justicia que exigimos.
03 de octubre de 2010
