La semana pasada, lo que piensa la mayoría de los argentinos tuvo voceros a nivel público e institucional, y difusión de nivel internacional. Primero fueron las declaraciones del obispo Enrique Eguía Seguí, uno de los prelados de la delegación argentina que se entrevistó con el Papa. En la radio del Vaticano, el obispo dijo que “la corrupción en la Argentina ya está institucionalizada”. Sus palabras causaron revuelo en el gobierno K y luego fueron relativizadas. Pero ya estaba dicho y publicado en todo el mundo.
Apenas días después, renunció el titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FIA), Manuel Garrido, afirmando que “la corrupción tiene impunidad absoluta”, según tituló el diario Clarín (13/3/09). Garrido tomó la decisión cuatro meses después de que fueran acotadas sus funciones por el procurador general de la Nación, Esteban Righi, mediante la resolución 147, que limitó su participación en causas judiciales. Esto se sumó a otros manejos previos, como la negación de documentación por la AFIP, la Auditoría General de la Nación, etc.
Garrido tenía en su cuenta más de 100 denuncias, entre ellas muchas que apuntan al corazón de la corrupción K: la manipulación estadística del Indec; una apelación al cierre de la causa que investiga el enriquecimiento de los Kirchner; se opuso al descarte de las grabaciones como prueba de coimas en el caso Skanska; denunció la “bolsa” de la ministra Felisa Micelli, el reparto “discrecional” de la publicidad estatal, se opuso a la renovación del contrato a Aeropuertos Argentina 2000, de Eduardo Eurnekian, por irregularidades en la concesión; participó en la investigación del pago de sobreprecios en el tendido eléctrico en Santa Cruz, a cargo de Electroingeniería (la Auditoría General de la Nación le impidió acceder a los datos); investigó al secretario de Transporte, Ricardo Jaime, por viajar en aviones del grupo Plaza y pagar sobreprecios en los trenes, etc.
La renuncia sorprendió, según dicen, al gobierno K. El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, otra vez se quedó callado.
La última
Garrido preparó copias de su renuncia, que tiene 21 páginas, para enviar a todos los organismos anticorrupción del mundo. Y el último día de su gestión clavó un nuevo aguijón: denunció que en la renegociación del contrato de concesión del corredor vial que une Neuquén y Cipoletti, firmado en 2006, se otorgaron “ventajas indebidas” a la empresa Caminos del Valle.
Según su investigación, al momento de esa renegociación Caminos del Valle, que reúne empresas con sólidos vínculos con el testaferro kirchnerista Lázaro Baéz, había dejado incumplidas más de la mitad de las 23 obras comprometidas por el contrato firmado en 1995. Había mostrado rapidez, en cambio, en terminar las 6 primeras: por ellas tenía asignado el cobro de peaje.
El organismo encargado de renegociar los contratos de servicios públicos (Unirem), presidido en el 2006 por los ministros De Vido y Micelli, le perdonó a Caminos del Valle las 41 penalidades acumuladas por el incumplimiento, le extendió hasta el 2013 el cobro de peajes y aceptó el aumento de la tarifa. La empresa sólo fue obligada a terminar dos de las 12 obras atrasadas. El resto de las obras se volvieron a licitar, con un costo de 35 millones de pesos extra para el Estado.
La Defensoría del Pueblo de la Nación se había opuesto a la aprobación de esa renegociación por el Congreso, y había hecho la denuncia ante la fiscalía de Garrido.
Caminos del Valle es, además, una de las contratistas del Estado que operó con las empresas fantasmas que le dieron facturas falsas a Skanska para disimular el pago de sobornos (La Nación, 15/3/09).
