Durante más de 30 años de lucha, los organismos de derechos humanos, ma-dres, familiares y amplios sectores populares garantizamos mantener viva la memoria y la pelea por castigo a todos los culpables del genocidio que generó la dictadura en nuestro país y a quienes se asociaron con esa dictadura, como el caso de los directivos del Ingenio Ledesma SA, responsables del apagón del terror que se llevó la vida de decenas de obreros de Libertador y Calilegua.
La insistente lucha popular de todos estos años obligó a distintos gobiernos a conceder algunos de estos reclamos. Así fue como el gobierno alfonsinista tuvo que efectuar el juicio a las Juntas genocidas del 76, mostrando luego donde estaban sus verdaderos compromisos, aprobando las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El gobierno de Menem con el indulto volvió todo a fojas cero.
Estos reclamos se renuevan desde entonces y es sobre la base de esta lucha que el actual gobierno, caracterizado por un discurso y apariencia de centroizquierda, inicia los juicios a los genocidas.
Pero también hay que decir que Kirchner rechazó el reclamo histórico de un juicio al genocidio de Estado que permitiría juzgar y encarcelar de una sola vez a los asesinos de la dictadura. En cambio eligió un lento camino de juzgar uno por uno a los asesinos y torturadores, donde centenares de víctimas tienen que “demostrar” cada hecho, sin garantías, sin protección alguna a los testigos, como en el caso del desaparecido Julio López.
Esta es la política de Kirchner, mientras la Corte Suprema anula los indultos, con la estrategia de cooptar y dividir aún más a las agrupaciones de DDHH y sumar apoyo para su campaña. Casi al mismo tiempo y sin hacer mucho ruido sanciona la ley antiterrorista, que tiene por objetivo extender el poder de represión aumentando enormemente las atribuciones de las fuerzas policiales y de inteligencia en las que subsiste el aparato que dejó la dictadura.
La careta se le cae no solo en derechos humanos, sino también cuando se niega a volcar el superávit al salario, a la creación de trabajo genuino, al presupuesto en salud y educación pública, cuando intenta tapar y no toma medidas en relación a la inflación que ya es un escándalo.
En nuestra provincia también se sigue esta política y también reina la impunidad. Tenemos todos los genocidas sueltos, incluyendo a los del apagón del terror, y siguen impunes crímenes como los de Cristian Ibáñez y Marcelo Cuellar, muertos por la policía de Fellner.
La experiencia nos enseña que la lucha y la unidad es nuestra garantía. Consensuando los puntos por los que peleamos todos estos años los diferentes sectores, manteniendo la independencia del poder político de turno y logrando a pesar de las diferencias acuerdos que impidan la división funcional a los gobiernos y en la que se benefician los represores que siguen libres por las calles.
> Juicio y castigo al genocidio de Estado y a los responsables de los 30.000 desaparecidos.
> Aparición con vida de Julio López. Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales e intelectuales del asesinato de Carlos Fuentealba.
> Justicia para Marcelo Cuellar, Cristian Ibáñez y demás crímenes impunes. Derogación de la ley antiterrorista.
> Por una marcha única del apagón, porque la división la instrumenta el gobierno y beneficia a los genocidas.
