Cada año en nuestro país 500.000 mujeres se encuentran frente a la decisión de tener que interrumpir un embarazo. La mayoría de ellas son jóvenes.
Se calcula que en nuestro país hay casi un aborto por cada nacimiento. Cada hora, siete mujeres egresan de un hospital público del país después de haber estado internadas por complicaciones debidas a un aborto (Página 12 -14/1/2008). Por cada mujer que llega con hemorragias o infección a un hospital después de un aborto, hay siete que no demandan ayuda médica, principalmente porque la interrupción se hizo de forma más segura y con menor riesgo.
Las consecuencias de los abortos inseguros han sido la principal causa de muerte materna desde hace más de veinte años en el país (“El aborto en debate”, Mariana Carbajal).
A pesar de que la Ley de Educación Sexual Integral está aprobada a nivel nacional son muy pocas las escuelas que se han abierto a que empiecen las clases de salud.
Una de cada cuatro mujeres que utilizan píldoras anticonceptivas comete errores. Entre mujeres de 15 a 45 años, el 23% de las usuarias de alguna de las 50 marcas disponibles en el país comete errores que reducen la efectividad del método y aumentan la posibilidad de quedar embarazada.
“Que una de cada cuatro mujeres cometa errores en la toma de la píldora y que el 29% de los embarazos no planificados ocurra justamente por alguna equivocación en la forma de usar la píldora es una tendencia común en América latina y es un patrón de falta de educación sexual. A pesar de tener una ley de salud sexual y reproductiva sigue habiendo falta de educación y consejería, un procedimiento por el que una persona accede al asesoramiento anticonceptivo, elige el método según sus necesidades, creencias y preferencias, y recibe capacitación exhaustiva de cómo usarlo bien” (Alicia Figueroa, ginecóloga, miembro del Comité de Desarrollo del Celsam).
Nadie quiere abortar. La decisión de tener que interrumpir un embarazo.
Toda la responsabilidad pasa a ser nuestra, de nosotras solas. El gobierno no se hace cargo de lo que no nos dio y nos encontramos solas para interrumpir un embarazo no buscado. El silencio cae sobre nuestras vidas, pues la ilegalidad del aborto nos convierte en culpables de nuestra tragedia. Se cierran los caminos, las puertas. Y entonces en esa soledad, la información que no nos llegó, la anticoncepción que fue inalcanzable, la impunidad del abuso y la violación, nos empujan a la clandestinidad de un aborto inseguro. Y esta es la inseguridad que este gobierno profundiza para miles de mujeres, manteniendo la ilegalidad del aborto. Y en estas condiciones de inseguridad, para miles de mujeres las consecuencias serán heridas, y para cientos será la muerte.
Ninguna mujer desea abortar, pero sin garantizar efectivamente educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir, son miles las que arriesgan su vida y muchas las que la pierden.
La decisión de realizarnos un aborto no es una responsabilidad individual, es una imposición social, una imposición a las mujeres que no tuvieron tampoco la posibilidad de decidir si querían quedar embarazadas, pues quedaron embarazadas por causas que ellas no manejaron, por razones que no son individuales sino sociales. Y sólo se las mira, se les presta atención para juzgarlas, condenarlas, maltratarlas, lastimarlas y en muchos casos matarlas. Este gobierno mantiene las condiciones humillantes que llevan a una mujer a un aborto clandestino que muchas veces se cobra su vida.
Un día de lucha de las mujeres
Este 28 de septiembre nos encontró a muchas mujeres en distintos puntos del país realizando marchas, acciones en la Justicia, juntada de firmas y radios abiertas, con un reclamo unánime: que el gobierno de tratamiento urgente y aprobación del proyecto de Ley para despenalizar y legalizar el aborto. La Campaña Nacional por el Derecho al aborto legal, seguro y gratuito, una articulación de más de 280 organizaciones sociales presentó, el 16 de marzo de 2010, un proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo que cuenta ya con el aval de 47 diputadas/os de diferentes partidos.
En Capital Federal nos juntamos ese día en Diagonal Norte y Florida e hicimos una volanteada con juntada de firmas para apoyar la aprobación y sanción del proyecto.
Exigimos al gobierno K:
La sanción inmediata de una ley que despenalice y legalice el aborto en Argentina.
La aplicación efectiva, no judicializada, del Artículo 86 del Código Penal.
La efectivización de una resolución ministerial que garantice la realización de abortos acorde a la Guía de atención de abortos no punibles en los servicios de salud.
La plena vigencia y aplicación de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral (Ley 26.150) y de los Programas de Salud Sexual y Reproductiva con presupuestos adecuados.
Implementación de Consejerías pre y post aborto en todos los hospitales, respetando los derechos universales a la información y a la salud integral.
Pronunciamientos a favor:
El mismo 28 de septiembre el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata se pronunció a favor de la legalización del aborto; en la misma línea que ya lo hicieron la UBA y la UN de Córdoba.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional exhortó (el pasado 23 de septiembre) a los gobiernos de América latina y el Caribe a “despenalizar el aborto con urgencia”. El pronunciamiento es histórico: es la primera vez que, se manifiesta a favor de la despenalización de la interrupción voluntaria de embarazo en todos los casos y plantea enfáticamente que se trata de un problema de derechos humanos.
“Se deben derogar todas las normas que sancionan o permiten el encarcelamiento de mujeres y niñas que buscan o tienen un aborto bajo cualquier circunstancia. Es claro que cuando se restringe el acceso de las mujeres a la información y a los servicios de un aborto legal y seguro, sus derechos humanos están en grave peligro.
…Cientos de abortos ilegales e inseguros ocurren día a día, y mujeres y niñas sufren serias consecuencias, que incluso significan la pérdida de la vida. En la región más desigual del mundo, estas medidas desesperadas claramente se cobran principalmente la vida de las mujeres y niñas que viven en la pobreza; ¿es que sus derechos humanos no merecen igual protección ante la ley? Sin recursos, los abortos inseguros a los que pueden acceder mujeres y niñas en estas circunstancias las llevan a arriesgar su vida y su salud…” (Página 12, 24/9/10).
