Según el análisis de Carlos Marx en el libro III de El Capital, el régimen típico de la producción capitalista en el campo implica la existencia de tres clases fundamentales: terratenientes, capitalistas agrarios y obreros rurales. En estas condiciones, la renta absoluta proviene exclusivamente de la explotación de mano de obra asalariada, es decir de la plusvalía.
El terrateniente arrienda al capitalista el uso de la tierra, para que éste a su vez la haga trabajar por obreros rurales. El arrendatario capitalista paga al obrero rural el equivalente al trabajo necesario y retiene el equivalente de todo el trabajo excedente, la plusvalía. Y este valor tiene que cubrir también la renta absoluta exigida por el terrateniente, una vez que el arrendatario capitalista ha cubierto el costo de producción y la ganancia media (es decir, la ganancia que obtendría en condiciones normales en cualquier otra rama de la economía).
Así, la renta absoluta es un excedente sobre la ganancia media. Excedente que surge de la explotación de la mano de obra asalariada rural, por el mayor atraso relativo del capitalismo en el campo. Atraso que se perpetúa con relación a la industria por la traba que impone la propiedad terrateniente (y su exigencia de la renta) para el acceso del capital al campo.
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El análisis que realiza Marx de la renta absoluta, llamada “inglesa” por algunos revisionistas (pretendiendo que se trata de una peculiaridad exclusiva de ese país), tiene una gran vigencia en el caso de la Argentina por el peso que tiene aquí la gran propiedad territorial. Este peso se ve reforzado por el origen feudal inmodificado de nuestro latifundio, pese a los “recortes” que históricamente han impuesto las luchas de los obreros rurales y campesinos chacareros -particularmente durante el gobierno de Perón, con la rebaja y congelamiento de los arrendamientos y algunas expropiaciones-.
Esos “recortes” y limitaciones, si bien afectaron al latifundio, no lograron cambiar en lo fundamental la base del poder terrateniente, pues no implicaron una reforma agraria profunda como la que se necesita en nuestro país. Ese poder siguió entonces imponiéndose, a través del retiro de tierras de la producción y, en definitiva, de los golpes de Estado restauradores de las leyes oligárquicas.
Pese al aburguesamiento de nuestros grandes terratenientes y al avance operado por el capitalismo en nuestro país, el criterio latifundista (no por razones subjetivas sino por el peso que sigue teniendo la gran propiedad territorial), se ha seguido y sigue imponiendo en lo fundamental del campo argentino. Esto se manifiesta en el predominio de la producción excesiva y en el gran retraso histórico en la incorporación de nuevas tecnologías. Por ejemplo, los maíces híbridos recién se generalizaron en la década de 1960 (lo que implicó por lo menos 30 años de retraso en la mecanización de la recolección del maíz), con la “liberalización” de los arrendamientos.
Es decir que la introducción de mejoras tecnológicas en nuestro agro, al mantenerse en lo fundamental la gran propiedad terrateniente inmodificada, recién se operó en magnitud significativa –siempre con retraso y limitadamente con relación al total de tierras fértiles que dispone nuestro país- cuando los terratenientes tuvieron la posibilidad de que las mejoras técnicas se tradujeran rápidamente en mayores rentas, con el consiguiente aumento del precio de la tierra y del poderío terrateniente, cuestión que se ha profundizado en las últimas décadas, particularmente en la zona pampeana, con la introducción, con la introducción de la siembra directa y el “paquete tecnológico” que la misma implica (fertilizantes, herbicidas, etc.) que ha llevado a una extraordinaria expansión de la agricultura extensiva (particularmente sojera) en desmedro una más intensiva (chacras mixtas, tambos, quintas y huertas, etc.) reforzando el latifundio y la dependencia de los mercados externos para dicha producción.
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Con la dictadura de Onganía, a partir de 1966, se liberaron totalmente los arrendamientos rurales (Ley Raggio), favoreciéndose una más acelerada recomposición del latifundio, operándose la expulsión de miles de chacareros que todavía podían acogerse a las prórrogas de la ley del primer gobierno peronista, y a la creación de una clase de “contratistas por una cosecha”, que dio a los terratenientes aún mayor movilidad especulativa en el uso de la tierra. La mayoría de estos contratistas, ex arrendatarios con máquinas y tractores, se vieron obligados así a tener que pagar de año en año arrendamientos cada vez mayores (o a entregar porcentajes cada vez mayores de cosecha) sin poder amortizar siquiera sus equipos, con lo que el valor de éstos también se transformaba en renta terrateniente. Es decir que pasaron a convertirse en verdaderos aparceros (el pago de especie ya no ocultaba simplemente una relación capitalista).
Esto nos lleva a otras formas que adquiere la renta de la tierra en nuestro país, que expresan la explotación no sólo de los obreros rurales sino también de numerosos campesinos trabajadores. Estos, cuando son arrendatarios, ni siquiera cubren la ganancia media y no obstante deben abonar pesadas cargas en concepto de renta. En este caso, lo que el campesino arrendatario le abona al terrateniente proviene también de la restricción de sus propias necesidades y de las de su familia. Así se acrecienta el peso de la renta absoluta sobre el campo argentino con el acople de formas de renta que esconden relaciones de producción de tipo precapitalista.
Las rémoras del latifundio de origen feudal en nuestro país hacen que también se perpetúen relaciones semiserviles respecto de los propios obreros o peones rurales, particularmente en las grandes estancias o fincas, con sus consiguiente superexplotación, que ayuda a “engordar” la renta terrateniente.
