El viernes 15 a las 8.30 hs en la Cámara de Apelaciones del Juzgado Federal de Paraná, se realizó la audiencia pública y oral a los 10 asambleístas que fueron querellados por el gobierno, por bloquear la ruta 136 con las protestas contra la papelera UPM -ex Botnia-.
El viernes 15 a las 8.30 hs en la Cámara de Apelaciones del Juzgado Federal de Paraná, se realizó la audiencia pública y oral a los 10 asambleístas que fueron querellados por el gobierno, por bloquear la ruta 136 con las protestas contra la papelera UPM -ex Botnia-.
Hacia allí se movilizaron numerosas fuerzas sociales, gremiales y políticas de la provincia de Entre Ríos que se oponen a la criminalización de la protesta social, que lleva el sello de la presidenta Cristina Kirchner, a través del procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín Da Rocha, que hoy acusa de sedición a la misma lucha que ayer elogiaron con Néstor Kirchner como “causa nacional”.
Encabezados por miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, que llegaron en tres colectivos y autos a Paraná, delegaciones de las Asambleas de Concepción del Uruguay, de Colón y Callejón de Montevideo e integrantes de las fuerzas firmantes del documento (ver en Internet), dieron su apoyo a los 10 primeros asambleístas que pretenden ser encausados por el largo corte de ruta que protagonizan miles de gualeguaychuenses, contra la instalación ilegal en el río Uruguay de la pastera finlandesa Botnia–UPM en Fray Bentos (República Oriental del Uruguay).
También se hicieron presentes los 10 abogados de un total de 20 ofrecidos para la defensa. Asimismo el presidente de la Cámara de Diputados y ex gobernador Jorge Busti, y militantes del Peronismo Federal, como también los diputados Jorge Kerz (Peronismo Federal) y Ana D’ Angelo (Encuentro Amplio Entrerriano), entre otros.
Se cortó la calle, se cantaron consignas y se leyeron numerosas adhesiones, mientras se pasaban canciones con letras alusivas a la gran lucha “atípica”, como fue caracterizada por el fiscal acusador y la defensa.
Esta concentración fue acompañada por una gran columna del gremio docente Agmer que realizaba una marcha por varias dependencias provinciales exigiendo aumento de salarios al gobernador Urribarri. Obviamente, tanto él como los “progresistas” que apoyan a los Kichner, no se oponen a esta criminalización a quienes luchan por defender el derecho constitucional a un medio ambiente sano, que afecta a media provincia que vive sobre el río Uruguay. Decimos obviamente porque el gobierno de Uribarri en fina sintonía con la “caza de opositores” del gobierno nacional, ha incriminado a miembros de la Comisión Interna del Hospital San Martín afiliados a ATE, encabezada por Esteban Olarán. Pero la Comisión Directiva Central de este gremio “aplaude a Urribarri” por esto, acusando a sus afiliados de “no ser orgánicos en las medidas de fuerza”, es decir, también incriminan a los que luchan.
La audiencia
En la jornada, que duró 6 horas, los camaristas escucharon en primer lugar al fiscal Alvarez, quien se hizo eco de la postura de la fiscal Daniela Neyra que rechazó la denegación de procesamiento por parte del juez subrogante de Concepción del Uruguay Gustavo Pimentel y exigió iniciar la misma acusándolos de cometer 14 delitos: encabezados por el de “corte de ruta”.
El magistrado había rechazado el planteo del gobierno aduciendo que debía tenerse en cuenta “el contexto social imperante” durante la protesta contra la instalación y posterior funcionamiento de la planta de celulosa de la firma Botnia, hoy controlada por UPM. Los 10 defensores argumentaron con mucha contundencia y argumentación variada, a la vez que contrarrestaron las acusaciones. El primero fue Osvaldo Fernández que, en su doble rol de acusado y defensor, planteó la contradicción del fiscal acusador, que es el fiscal Ambiental de dicho Juzgado Federal y debe acusar a quienes ejercen la defensa de la vida y el medio ambiente. Luis Leissa sostuvo que el derecho de protesta no es delictivo; Rubén Pagliotto cuestionó que se haya recurrido a los servicios de inteligencia para detectar a los 10 acusados en una causa imposible de armar donde han participado miles; Jaime Martínez Garbino afirmó que es irrisorio que 10 personas puedan hacer un corte de 4 años las 24 horas del día; Nicolás Tauber de Liberpueblo fustigó al gobierno nacional al sostener que esta medida es parte de la política de perseguir a los luchadores, gobierno que no cumplió con amnistiar a los más de 4.000 encausados desde los ‘90, y Daniel Garbino apuntó directamente a Néstor Kirchner y Cristina Fernández y manifestó que lo que busca el Estado es “que lo que se veía antes como causa nacional ahora se advierta como la desgracia nacional y cortar la capacidad de la gente de movilización para reclamar por el daño ambiental que está haciendo Botnia”.
La Cámara de Apelaciones dijo que se tomaba el tiempo procesal y pasó para el día 25 de octubre a las 8.30 hs para entregar su fallo. Otro compromiso ineludible en esta larga lucha popular.
