Tras el aumento de las retenciones a las exportaciones de granos y sus subproductos de la semana anterior, la semana pasada el gobierno kirchnerista aumentó las retenciones a las exportaciones de petróleo y sus derivados.
Al igual que en el caso de los granos, la medida está fundamentada en preservar el mercado interno de la suba de los precios internacionales. Y pese a que en este caso el sujeto impositivo está más acotado (no golpea a un gran número de pequeños y medianos productores como en las retenciones a los granos), su destino es el mismo. Se lo queda todo el Tesoro Nacional (no es coparticipable con las provincias) para aumentar el superávit fiscal comprometido por Cristina Kirchner con los usureros internacionales. Son unos 3.600 millones de pesos más al año, variables según evolucionen los precios internacionales del petróleo.
Además, en este caso “el sector exportador tiene garantizado un precio de 45 dólares el barril”, lo que prácticamente triplica el costo interno de producción, en el peor de los casos. Es decir, que el gobierno les sigue garantizando a los monopolios una renta extraordinaria y que podrán seguir haciendo como hasta ahora lo que quieran con la producción y distribución de este recurso esencial y no renovable como es el petróleo. Esto en el marco que se mantiene y profundiza la política de entrega menemista, con la “ley corta” y la prórroga de los contratos.
Se puede decir que entre que se lleven toda la renta extraordinaria es mejor que quede algo en el país aunque sea como retenciones en el precio de exportación. Pero esto ni siquiera es así por el uso que el gobierno le da a esos fondos, ya que los destina para el pago de la deuda. Es simplemente disminuirles las superganancias a unos monopolios para dárselos a otros: los monopolios usureros de la deuda.
Por otro lado, no es con retenciones a las exportaciones como se van a resolver los problemas de fondo, ni en la producción agropecuaria como escribimos la semana pasada, ni en la producción petrolera agregamos ahora. Pues esto requiere la reestatización de YPF y demás empresas públicas privatizadas, con control de los trabajadores, anulando todos los convenios y leyes entreguistas y suspendiendo la exportación de petróleo, gas y todo otro recurso no renovable. Y esto solo lo puede hacer un gobierno verdaderamente popular, patriótico y democrático.
02 de octubre de 2010
