Néstor y Cristina Kirchner asumieron el gobierno como “gerentes” de las clases dominantes, con el compromiso de “reconstruir el Estado”, herido por el Argentinazo, y sacar al país de la crisis económica descargándola sobre las espaldas de la clase obrera y el pueblo. Esas tareas vuelven a estar planteadas con la crisis económica actual, y la crisis política abierta por el gran debilitamiento del gobierno kirchnerista y el fracaso de su “modelo”.
Néstor y Cristina Kirchner asumieron el gobierno como “gerentes” de las clases dominantes, con el compromiso de “reconstruir el Estado”, herido por el Argentinazo, y sacar al país de la crisis económica descargándola sobre las espaldas de la clase obrera y el pueblo. Esas tareas vuelven a estar planteadas con la crisis económica actual, y la crisis política abierta por el gran debilitamiento del gobierno kirchnerista y el fracaso de su “modelo”.
El gobierno de los Kirchner no representa a sectores de burguesía nacional sino a sectores de bur-guesía intermediaria de monopolios imperialistas.
Kirchner tiene su propio grupo económico que utiliza los contratos y la “caja” del Estado para acumular capital. Presiona a las empresas privatizadas con el objetivo de reprivatizarlas, comprándolas en parte o totalmente. Su ex chofer y ahora testaferro, Rudy Ulloa, controla áreas petroleras y ofreció pagar más de 300 millones de dólares por la compra de Canal 11. Está asociado con Cristóbal López, un ex testaferro del grupo Jorge Antonio-Diego Ibáñez, en el negocio del juego y también en áreas petroleras en varias provincias y en Brasil. Con Enrique Eskenazi, controlan los bancos San Juan, Santa Cruz, Nuevo Santa Fe y Entre Ríos, y la constructora Petersen, una de las principales “ganadoras” de las obras públicas nacionales, es un grupo históricamente ligado a los grupos de recursos del viejo PC y a monopolios rusos. El grupo de Carlos Ferreyra (Electroingeniería), es otro ganador de obras públicas. También está asociado con el Banco Macro, de Britos, que compró el Bisel. El grupo kirchnerista dio un salto en la acumulación de capital con la compra por Eskenazi del 15% de Repsol-YPF con opción a un 10% más. También, reestatizó temporalmente Aerolíneas Argentinas, vaciada y endeudada por los capitales españoles, para que el Estado se haga cargo de los gastos de su saneamiento, y luego reprivatizarla a manos de “amigos” del kirchnerismo, y en función de sus inversiones en el negocio del turismo.
Un nuevo imperialismo
Lo nuevo que llegó con Kirchner al gobierno fue un sector vinculado al imperialismo chino, sector que maneja palancas claves del gobierno nacional a través del secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zanini. Capitales chinos se adueñaron por monedas de la principal mina de hierro argentina, Sierra Grande. Se le han facilitado fuertes inversiones portuarias (puertos de Timbúes en Santa Fe y de Lima en Zárate) y ferroviarias (Ferrocarril Belgrano Cargas asociado con Franco Macri y, en minoría, con Moyano) para asegurar la salida de la producción sojera. El HSBC, banco chino-inglés, es uno de los más importantes del país. Grupos chinos han organizado una red de supermercados muy fuerte en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires que se va extendiendo por todo el país. También han comprado grandes extensiones de tierra. Los chinos han asociado a un sector de burguesía intermediaria, como el grupo Werthein (Kirchner intercedió a su favor para facilitarle la compra de Telecom) y Franco Macri (al que Kirchner le otorgó la concesión del Ferrocarril Belgrano Cargas).
El gobierno estimuló la sojización en función de la exportación de ese grano y aceite a China, lo que le ha facilitado la alianza con el núcleo principal de los terratenientes de la Pampa Húmeda, grandes pooles, las aceiteras, las cerealeras, y los monopolios vinculados a ese cultivo. Cuando llegó al gobierno Kirchner, se sembraban 9 millones de hectáreas de soja, y ahora se siembran más de 16 millones.
Las principales alianzas
La política del gobierno muestra a quiénes está vinculado y beneficia: las grandes petroleras, principalmente Panamerican (de la British inglesa, y la rusa Bridas) y Repsol-YPF (española); mineras (Anglo Gold en Santa Cruz, Bajo de la Alumbrera en Catamarca, Barrick y Pascua-Lama en San Juan) que roban descaradamente en sus declaraciones fiscales, pagan regalías miserables desconocidas en el mundo por su baja cantidad, contaminan el ambiente de varias provincias y ya exportan minerales por más valor que las carnes que exporta nuestro país; pesqueras (como Conarpesa) ligadas muchas de ellas al narcotráfico; los grandes laneros, como Benetton (con un millón de hectáreas) a los que “les perdonaron” el no pago del impuesto inmobiliario; el grupo Eurnekian, grupo tradicional ligado a los rusos, al que le condonaron una deuda enorme y le regalaron la construcción de la ruta Pilar-Pergamino.
También el gobierno está vinculado al grupo Techint, en el que predomina el capital financiero italiano, que ha sido durante estos años la bisagra, junto al grupo de negocios de Kirchner, de los negocios con Venezuela, hasta que la reestatización de su planta venezolana, Sidor, generó contradicciones. La principal contradicción de Techint con el gobierno es por la relación de este con el imperialismo chino, con quien Techint compite en el mercado mundial, y se ha agravado por el reclamo de indemnización por la estatización de la planta de Sidor en Venezuela. Aluar, del grupo que manejó el imperialismo ruso desde la década del 70, al que Kirchner le concedió la red eléctrica para duplicar la producción y más del 60% del dinero que destinó la Nación, en el 2005, para las exenciones impositivas. Ha tenido el apoyo del grupo Clarín, hasta que la disputa con Duhalde y la salida de Lavagna del Ministerio de Economía abrió una etapa de forcejeos crecientes, que se agudizaron cuando el kirchnerismo intentó quedarse con una parte del paquete accionario de ese holding y, ante su fracaso, buscó debilitarlo para formar un gran grupo de multimedios de comunicación propio. En torno a la nueva ley de radiodifusión, a la implementación del “triple play” (abono telefónico, de TV por cable e Internet), y la elección del sistema de TV digital, se libra una dura lucha interimperialista e intermonopólica.
La extranjerización de la economía
La política del gobierno de mantener un dólar alto aceleró la extranjerización de grandes extensiones de tierra (Thomkins en Corrientes y la Patagonia, Soros en la Pampa Húmeda, Ted Turner, Joseph Lewis y Benetton en el sur, entre otros). Ya suman más de 18 millones de hectáreas las tierras extranjerizadas. También aceleró la extranjerización de numerosas empresas de la burguesía tradicional argentina (la cementera Loma Negra, la acería Acindar, la petrolera Petcom, la cervecera Quilmes, el frigorífico Swift, y muchas más) han caído en manos de distintos imperialismos, que en algunos casos usan asociaciones o testaferros brasileños y chilenos. Al mismo tiempo, el gobierno carece de toda política de apoyo a las empresas recuperadas, la pequeña y mediana empresa nacional y al cooperativismo.
Ha quedado de manifiesto que no le interesa en absoluto la industria nacional. Si hace falta otro ejemplo para demostrar esto está el caso de la industria atómica, o la concesión del gobierno a la Siemens alemana, de la construcción de las turbinas para dos usinas que se podrían fabricar en el país.
El gobierno carece de una política para resolver el hambre de tierra de millones de campesinos pobres y medios, principalmente los originarios. Por el contrario, apoya el crecimiento de los pooles y el latifundio y la extranjerización de la tierra. Esto cuando por primera vez, en décadas, el problema de la tierra ha comenzado a estar en la agenda política del país, por las luchas de los originarios y los campesinos pobres, por el reclamo de organizaciones como la Federación Agraria Argentina, por movilizaciones como las realizadas contra el grupo Thomkins, y por la publicación por la Conferencia Episcopal Argentina de un trabajo llamado “Una tierra para todos” que denuncia lo que llama “el fuerte proceso de concentración” de la propiedad rural.
El manejo de “la caja”
El gobierno de los Kirchner ha centralizado las finanzas públicas de una manera que no se recuerda en la Argentina. En 1988 se decidió por la ley 23.548 repartir los impuestos, un 54,66% para las provincias, el 42,34% para el gobierno nacional, un 2% para compensar a algunas provincias, y el 1% para ATN (Aportes del Tesoro Nacional). A partir de 1992, con Menem, a través de leyes, decretos y pactos fiscales, en un proceso que se continuó con De la Rúa y Duhalde, y se profundizó con Kirchner, se llegó a que el gobierno nacional concentra el 70%, y las provincias reciben menos del 30%. Además, lo poco que se coparticipa se hace por contrapartida de la subordinación política de gobernadores y legisladores; y las obras públicas son directamente “armadas”, con coimas brutales, por el ministerio de De Vido con las gobernaciones e intendencias “amigas”. Muchos gobernadores e intendentes no pueden ni pagar los salarios sin arrodillarse ante la Casa Rosada. Desde ya, muchos se arrodillan con gusto, y también se arrodillan ante las clases dominantes de su propia provincia, sin tocar sus intereses.
Represion y criminalización de la protesta
Kirchner reprimió muchas luchas obreras y populares, y no cumplió su promesa de amnistiar a los más de 5.000 procesados por las luchas sociales desde los 90. Detuvo a activistas obreros como en Las Heras, procesó a decenas de luchadores y empujó a la justicia a activar causas que persiguen a luchadores sociales, como sucede con Ramón Bogado (dirigente de la comisión interna de Terrabusi-Kraft), Juan Echeverría (vicepresidente de FAA en Entre Ríos), Mártires López (presidente de la Unión Campesina del Chaco), Liliana Delgado y Esteban Medina (luchadores originarios), Ana Galmarini y otras dirigentes del MML, Liliana Rodríguez (de Río Negro), Marcos Mendoza (Tucumán), Leonardo Perna y otros estudiantes de la UBA, entre otros.
La política de provocar de palabra a los asesinos de la dictadura militar sin ir a fondo contra ellos se vuelve contra los sectores democráticos, como lo demostraron los diputados del gobierno que dejaron sin quórum la sesión convocada por diputados del ARI para tratar la anulación de los indultos por delitos de lesa humanidad, o el secuestro de Julio López. Esto es así porque el aparato estatal de la dictadura está intacto: torturadores, asesinos, grupos de tareas, jueces, fiscales, funcionarios de esa época, etc. La víbora procesista, por culpa de gobiernos anteriores y del de Kirchner, está viva. Sólo en la policía bonaerense, se supo, con motivo del secuestro de López, que estaban en actividad, más de 9.000 efectivos que habían integrado la Bonaerense en la época de la dictadura y más de 60 que estuvieron en los grupos de torturas en los “chupaderos” de esa época.
