Un Estado de nuevo tipo
Un Estado de nuevo tipo
La realización de las tareas de la revolución democrático-popular, agraria y antiimperialista, en marcha ininterrumpida al socialismo, requiere la destrucción del Estado de los terratenientes, la gran burguesía intermediaria y el imperialismo (lo que implica destruir sus dos pilares: las fuerzas armadas y de seguridad y el aparato burocrático), y la construcción de un Estado de nuevo tipo, el Estado de las clases revolucionarias, basado en la alianza obrero-campesina y dirigido por la clase obrera.
Las clases revolucionarias necesitan de este nuevo tipo de Estado para ejercer su dictadura sobre la minoría reaccionaria que expresa los intereses del imperialismo, la oligarquía terrateniente y la gran burguesía intermediaria, y para garantizar la más amplia democracia para la inmensa mayoría: las masas populares y los sectores patrióticos y democráticos de la burguesía nacional.
Para las clases revolucionarias es también decisivo este nuevo tipo de Estado, como instrumento para liquidar la opresión y el atraso, impulsar un desarrollo independiente y planificado de la economía nacional, asegurar el bienestar del pueblo y garantizar los derechos de los trabajadores, de la ancianidad, de la mujer, de la niñez y de la juventud. Para defender la soberanía nacional y practicar una política internacional independiente, antiimperialista, latinoamericana y tercermundista.
Las bases del Estado revolucionario estarán constituidas por los consejos obreros, campesinos, populares, de las fuerzas armadas revolucionarias y de los sectores patrióticos y democráticos de la burguesía nacional.
A partir de ellos se organizará la estructura del poder político comunal, departamental, provincial y nacional. En todos los niveles se garantizarán las posibilidades de participación de representantes de las clases y capas mencionadas.
Las fuerzas armadas revolucionarias se organizarán sobre la base de las milicias populares, el servicio militar obligatorio y cuadros profesionales. Estarán subordinadas a la Asamblea Nacional del Pueblo. Los sectores revolucionarios de suboficiales y oficiales de las viejas fuerzas armadas, serán incorporados a las nuevas fuerzas armadas.
Gobierno popular revolucionario
El gobierno popular revolucionario en el orden nacional será ejercido a través de la Asamblea Nacional del Pueblo, la que designará su Comité Ejecutivo y los miembros del Tribunal Supremo. Se unificarán las funciones legislativa y ejecutiva. Se garantizará el sistema federal mediante la autonomía de las provincias y su adecuada representación en la Asamblea Nacional.
Todos los ciudadanos de ambos sexos podrán elegir y ser electos. Los representantes populares deberán rendir cuentas periódicamente a sus mandantes y estarán sometidos a la revocabilidad de sus mandatos, al igual que los funcionarios estatales. Se garantizará el derecho a la constitución y funcionamiento de partidos políticos populares, los que podrán presentar candidatos en todas las instancias electorales. Los ciudadanos no inscriptos en ningún partido también podrán presentarse como candidatos.
El mismo sistema de gobierno regirá en los órdenes provincial, departamental y municipal. Se formarán organismos interprovinciales e interdepartamentales de coordinación regional, que funcionarán adjuntos a la Asamblea Nacional del Pueblo y a las asambleas provinciales, respectivamente.
El gobierno popular revolucionario disolverá las fuerzas armadas y de seguridad del Estado del imperialismo, los terratenientes y la gran burguesía intermediaria. Garantizará la defensa del nuevo Estado contra sus enemigos con la organización de las fuerzas armadas revolucionarias y del pueblo en armas.
La justicia popular se ejercerá a través de los tribunales populares. Los jueces y miembros de estos tribunales serán electos por los consejos y asambleas populares, siendo sus cargos revocables sólo por estos organismos. Tendrán plena independencia para realizar su labor específica. Se establecerá el juicio por jurado. Los acusados serán juzgados en forma oral y pública. Gozarán de amplias garantías de defensa. El domicilio privado será inviolable salvo orden expresa de los tribunales populares y la seguridad personal garantizada por aplicación del habeas corpus y el derecho de amparo. Se prohibirá todo tipo de torturas y se castigará severamente a los que violen esta disposición. Los crímenes contra el pueblo son imprescriptibles.
Derechos democráticos generales
Toda la legislación represiva antipopular será derogada. Se terminará con toda forma de discriminación por sexo, raza, edad o creencia. Las mujeres tendrán iguales derechos que los hombres en todos los niveles de la sociedad. Con el objeto de asegurar a los trabajadores y ciudadanos la libertad efectiva de palabra, se nacionalizará la prensa, radio y televisión y otros medios de comunicación, actualmente en manos del imperialismo, los terratenientes y la gran burguesía intermediaria, y además del libre acceso a los mismos, se garantizará la entrega de todos los elementos necesarios para la publicación de periódicos, libros. etc. y su libre difusión en todo el país.
Para garantizar a todos los trabajadores y ciudadanos verdadera libertad de reunión se les reconocerá el derecho a organizar libremente reuniones, mítines, manifestaciones, etc., poniendo a su disposición todo los locales que dichas asambleas y reuniones requieran.
Se prestará el auxilio material y de todo tipo necesario para garantizar a los obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales y ciudadanos en general, la libertad de asociación.
Toda persona en su lugar de trabajo, vivienda o en las calles podrá hacer pública su opinión y su critica sobre cualquier tema a través de murales y otra formas, sin sufrir represalias.
Quienes hayan cometido crímenes contra el pueblo y quienes atenten contra el Estado popular revolucionario serán juzgados por los tribunales populares, los cuales podrán privarlos de sus derechos políticos, además de aplicarles las otras penas que pudieran corresponderles.
Será otorgada la ciudadanía a todos los extranjeros que la soliciten, siempre que no hayan cometido crímenes al servicio de los imperialismos y de los reaccionarios de otros países. Los perseguidos por regímenes reaccionarios, por razones políticas, sociales o raciales gozarán del derecho de asilo.
Se establecerá la patria potestad indistinta y el derecho al divorcio vincular. Se garantizará el asesoramiento médico y la provisión gratuita de anticonceptivos en hospitales y obras sociales y se legislará el derecho al aborto. Se eliminará la obligatoriedad para la mujer de llevar el apellido del esposo.
Con el objeto de asegurar a los ciudadanos la plena libertad de conciencia, la Iglesia será separada del Estado. Se reconocerá a todas las personas que quieran hacerlo, el derecho a practicar libremente su culto y la libertad de propaganda religiosa y antirreligiosa.
Se garantizará amplias libertades para los sindicatos, comisiones internas, cuerpos de delegados, y otras formas de organización de los trabajadores dentro de las fábricas y lugares de trabajo. Se derogará toda legislación que establezca control estatal y patronal sobre el movimiento sindical, entre ellas la Ley de Asociaciones Profesionales y de Conciliación Obligatoria. Plena vigencia del derecho de huelga.
Transformación de la economía nacional
El desarrollo económico del país se logrará a través de la movilización revolucionaria de las fuerzas sociales y del aprovechamiento pleno y racional de los recursos naturales disponibles. Es necesario remover las trabas que se oponen a ello y orientar su utilización de manera planificada hacia un desarrollo industrial y tecnológico integrado y una expansión sostenida de la producción primaria. Estas cuestiones son prioritarias para garantizar la independencia de la economía nacional, el bienestar del pueblo y un desarrollo integral del país con centro en el mercado interno, que haga realidad los postulados de un auténtico federalismo económico.
El control obrero de la producción y distribución será el instrumento clave para efectivizar la realización de esta política en beneficio de los trabajadores y el pueblo.
Esta política económica deberá dar un papel dirigente al desarrollo de los medios de producción, al sector de la industria pesada, manteniendo una correcta relación con la industria liviana y la actividad agropecuaria. Pues de esto dependerá el que se logre o no consolidar el primero. La reforma agraria es clave, tanto para ampliar y abaratar la provisión de alimentos y materias primas de origen agropecuario y forestal, como para transformar el campo y todo el interior del país en un gran demandante de productos industriales. Lo mismo ocurre con la industria liviana, cuya expansión también es imprescindible para garantizar un mayor bienestar inmediato a los trabajadores del campo y de la ciudad. Además el desarrollo de ambos sectores es lo que generará más rápidamente los fondos necesarios para realizar en gran escala un poderoso sector de producción de máquinas, herramientas e insumos básicos, que libere al país de su dependencia al respecto. La nacionalización del crédito y del comercio exterior, en función del desarrollo independiente y armónico del conjunto del país, se convertirán también en importantes palancas de una rápida acumulación.
a) Desarrollo industrial integrado
Serán expropiadas sin indemnización las empresas monopolistas extranjeras y de gran burguesía intermediaria en la industria, según convenga a los intereses del Estado revolucionario, pudiéndose establecer algún tipo de compensación cuando sea necesario. Se respetarán las de burguesía nacional. Se protegerá y estimulará la pequeña y mediana empresa y su cooperativización, atendiendo a las particularidades de cada rama de la producción, comercio y servicios.
Serán expropiadas sin indemnización las compañías mineras, de energía, combustibles, transportes y comunicaciones en manos del imperialismo y la gran burguesía intermediaria. Se respetará la propiedad de los pequeños y medianos mineros y se estimulará su cooperativización. El Estado desarrollará la gran minería y explotará la producción de combustibles, petroquímica y minerales estratégicos, así como la producción energética de centrales hidroeléctricas, termoeléctricas y nucleares.
Se anularán los convenios pesqueros, contratos y franquicias portuarias que afecten la soberanía nacional. Se apoyará a los pequeños y medianos pesqueros, ayudándolos para que se organicen en cooperativas. Se desarrollará una flota pesquera moderna, se construirán cámaras frigoríficas y se asegurarán medios de transporte adecuados.
Se fomentará la industria forestal y del papel nacional. El Estado controlará los bosques para su explotación racional, promoviendo planes de forestación y reforestación para proveer las necesidades de la industria y mantener el equilibrio ecológico, previniendo la degradación de los suelos.
Se fijará una política nacional del agua para el aprovechamiento integral de los ríos, reservas y aguas subterráneas, impulsando el desarrollo de la energía hidroeléctrica en el marco de un plan nacional que contemple las posibilidades de irrigación, navegación y piscicultura, construyendo sistemas de canalización y desagües combinados con lagos artificiales para la acumulación de las aguas, a fin de controlar los ciclos de inundaciones y sequías periódicas que afectan a vastas zonas del país.
Todas las empresas expropiadas más las actuales del Estado pasarán a constituir un sector de propiedad estatal, dirigido por el gobierno popular revolucionario bajo el control obrero basado en los consejos de fábricas y empresas. La planificación de la producción del sector estatal y la orientación de los excedentes que genere el mismo, permitirán asegurar un desarrollo integrado de la industria y del país, priorizando la gran minería y la industria pesada y promoviendo la expansión acelerada del interior. Se crearán centros industriales cerca de las fuentes de los recursos naturales y se protegerá y estimulará la pequeña y mediana empresa, favoreciendo su cooperativización y garantizando que reciban ayuda prioritaria aquellos sectores que interesen particularmente a los objetivos del plan nacional, la integración regional y el bienestar general.
El gobierno popular revolucionario pugnará por aprovechar el avance científico técnico logrado por el desarrollo de la humanidad, impulsando la reestructuración y fortalecimiento del INTI, INTA, CNEA, CONICET y demás organismos de ciencia y técnica nacionales y provinciales y programas de investigación de las universidades estatales, en función de un aprovechamiento integral de todas las potencialidades del país y al servicio de la industria nacional, las economías regionales y la pequeña y mediana explotación agropecuaria, pesquera, minera y forestal.
Se creará un Instituto Nacional de Informática para la producción de programas, integración de sistemas, adecuados a la realidad y necesidades nacionales.
Se dará impulso al desarrollo de la industria de guerra, en función de la defensa nacional, apoyándose en la capacidad tecnológica y los avances nacionales ya existentes –incluidos los avances de la energía nuclear– y se crearán los necesarios para mejorar el armamento en la defensa de nuestro territorio de ataques y atropellos imperialistas.
b) Reforma agraria profunda
Expropiación sin indemnización de los latifundios, maquinarias agrícolas e instalaciones pertenecientes a los terratenientes, entregando la tierra en propiedad a todos los que la trabajan o quieran trabajarla, priorizando la juventud agraria, los obreros rurales, los campesinos pobres y medios y las mujeres cabeza de familia. Se fijará por ley la extensión de tierra mínima expropiable atendiendo a las peculiaridades de cada zona, tipo de cultivo o explotación, estableciéndose indemnizaciones para los pequeños terratenientes.
Formación de entes regionales integrados por representantes elegidos democráticamente por las organizaciones de obreros rurales y campesinos pobres y medios, que determinarán: los latifundios a expropiar y el tamaño de las unidades productivas y su distribución. Se impulsará y dará amplio apoyo a las cooperativas agrarias de producción y trabajo y se conformarán con las explotaciones modernas expropiadas, que no sea conveniente subdividir, granjas estatales. Se les garantizará prioritariamente la provisión de máquinas y herramientas.
A las comunidades y tribus indígenas les serán devueltas sus tierras o se les entregarán mejores tierras alternativas en lugares con ellas fijados. Se concluirá con todo sistema social ajeno a su voluntad e historia. La entrega de la tierra y maquinarias será en propiedad y en unidades productivas según la zona y tipo de cultivo o explotación.
Será prohibido el arrendamiento, la mediaría, la aparcería, el tanteo, etc. Se respetará el derecho de propiedad de los campesinos ricos y burgueses agrarios que no se sumen a la contrarrevolución.
Se expropiará sin indemnización las empresas monopolistas de comercialización y financiación de la producción, reconociendo los derechos de los pequeños y medianos accionistas. El gobierno popular revolucionario garantizará precios mínimos sostén, en origen. Promoverá el adelanto tecnológico, estimulará y ayudará a la cooperativización para superar las limitaciones propias de la pequeña producción.
Serán anuladas las deudas (hipotecarias, prendarias, adelantos para semillas, etc.) contraídas por los campesinos pobres y medios con el Estado, la oligarquía terrateniente, los bancos y los monopolios comercializadores. Se establecerán líneas especiales de crédito que aseguren instalación, semillas, fertilizantes, insecticidas, etc. y maquinarias. Las tierras, máquinas y demás útiles de labranza, el ganado, animales de trabajo, casa y demás pertenencias de los campesinos semi proletarios, pobres y medios, serán inembargables.
Se impulsará la formación de cooperativas de maquinarias agrícolas de campesinos pobres y medios y se establecerán estaciones estatales de máquinas bajo el control democrático de los comités regionales de obreros rurales y campesinos pobres y medios. El gobierno popular revolucionario procederá a la creación de chacras, granjas, huertas y cabañas experimentales, como parte de la ampliación de las actividades del INTA, de manera que los productores individuales, cooperativas y empresas estatales reciban formación técnica, adquieran semillas seleccionadas, animales de raza, etc.
c) Nacionalización de las finanzas y el comercio exterior
Se abolirán todos los impuestos que gravan al consumo y se establecerá un impuesto progresivo único sobre los ingresos y los bienes inmuebles. Los pequeños y medianos industriales y comerciantes, los profesionales, artesanos, etc., pagarán el impuesto único a partir de un mínimo no imponible que permita el desarrollo de su actividad y un buen nivel de vida de sus familias. Con el mismo criterio, en el campo pagarán el impuesto todos los que explotan tierras en forma individual o colectiva.
Las recaudaciones del gobierno nacional compuestas por el producto del impuesto progresivo único, los derechos de importación y exportación y los beneficios de las empresas estatales, serán compartidos con las provincias y los municipios, respetando los principios del régimen federal y según las prioridades del plan de desarrollo nacional. Estos fondos, además del fomento de la economía, asegurarán el funcionamiento del Estado y sus fuerzas armadas, la cultura, la educación, la salud pública, etc.
d) Reforma impositiva
Se abolirán todos los impuestos que gravan al consumo y se establecerá un impuesto progresivo único sobre los ingresos y los bienes inmuebles. Los pequeños y medianos industriales y comerciantes, los profesionales, artesanos, etc., pagarán el impuesto único a partir de un mínimo no imponible que permita el desarrollo de su actividad y un buen nivel de vida de sus familias. Con el mismo criterio, en el campo pagarán el impuesto todos los que explotan tierras en forma individual o colectiva.
Las recaudaciones del gobierno nacional compuestas por el producto del impuesto progresivo único, los derechos de importación y exportación y los beneficios de las empresas estatales, serán compartidos con las provincias y los municipios, respetando los principios del régimen federal y según las prioridades del plan de desarrollo nacional. Estos fondos, además del fomento de la economía, asegurarán el funcionamiento del Estado y sus fuerzas armadas, la cultura, la educación, la salud pública, etc.
e) Energía, transporte y comunicaciones
Se garantizará el control por el Estado de la energía, transporte y comunicaciones, sobre la base de fortalecer y reactivar las empresas estatales como AyEE, YPF, YCF, EFA, ELMA, ENTEL, etc.
Se establecerá un plan energético nacional que estimule el desarrollo de las economías regionales, asegurando el correcto uso de la red interconectada nacional articulada con las usinas hidroeléctricas de pequeña y mediana potencia, atendiendo al uso múltiple del agua y a las necesidades de desarrollo de cada zona. Se promoverá el uso de fuentes no convencionales de energía. Se impulsará una política nuclear independiente en sus aspectos energéticos de uso industrial, biológico, medicinal, etc.
Se emprenderá un plan nacional de reestructuración, reactivación, mejoramiento y expansión de las vías férreas, camineras, fluviales y aéreas, en forma coordinada y en función del desarrollo armónico interregional y del intercambio con los países vecinos. Reestructuración, renovación y ampliación del parque ferroviario y de las flotas marítima, fluvial y aérea, en base a la recuperación por el Estado y reactivación de los talleres ferroviarios, navales y de la industria aeronáutica.
Monopolio estatal que garantice una política nacional de comunicaciones que contemple el mejoramiento y expansión del servicio de correos y telégrafos y de telefonía, que asegure la independencia nacional en este terreno en base al desarrollo nacional de la industria y tecnología respectiva.
Derechos sociales básicos
Condiciones de vida y de trabajo
Salario mínimo, vital y móvil, que será también garantizado anualmente a los trabajadores temporales, cuando la temporalidad es propia de la actividad que realizan (rurales, frigoríficos, portuarios, etc.). Igual salario por igual trabajo para hombres, mujeres y jóvenes. Mejoramiento de las asignaciones familiares y pago íntegro del aguinaldo equivalente al último mes de trabajo.
Control del abastecimiento y de precios por parte de los cuerpos de delegados, sindicatos, organizaciones de amas de casa, vecinales y de comerciantes minoristas.
La semana de trabajo será de 40 horas, con descanso semanal mínimo consecutivo de 36 horas para todos los obreros del campo y de la ciudad. Jornada de 6 horas para los jóvenes menores de 18 años, así como para los trabajadores ocupados en tareas insalubres, nocturnas y en las minas con un máximo de 30 horas semanales. Los menores no podrán ser empleados en tareas nocturnas.
Se erradicará el trabajo a destajo. Existirá sólo excepcionalmente y será legislado en especial. Teniendo en cuenta las diferentes características de los lugares y zonas de trabajo, se establecerán reglamentaciones y prevenciones de salud. Los empleadores privados de obreros rurales fijos o temporarios deberán proveerlos de casas cómodas e higiénicas, permitiendo que sus familias vivan con ellos.
Se concederán vacaciones anuales para los obreros y empleados, de 15 a 30 días según la antigüedad laboral. La licencia por maternidad o adopción abarcará dos meses antes y tres meses después del parto o la adopción. La licencia preparto o posparto podrá ampliarse cuando la actividad laboral afecte el embarazo u otras situaciones especiales. Serán relevadas de tareas nocturnas o insalubres durante el embarazo y lactancia, manteniendo su categoría. Se respetará el día femenino.
El gobierno y sus instituciones educacionales emprenderán junto a los cuerpos de delegados y sindicatos, la tarea de extender la enseñanza en todos los niveles, para que todos los trabajadores accedan a la cultura y mejoren su formación técnica, prestando especial atención a la capacitación de todas las mujeres que quieran acceder a la producción.
Se instalarán como servicios públicos: jardines maternales, comedores y lavanderías, en los barrios, zonas rurales y empresas. Se crearán instituciones específicas que funcionen como hogares sustitutos para la atención de menores abandonados.
El gobierno implantará un seguro social completo (desocupación, enfermedad, discapacidad, accidente, invalidez, vejez y muerte) para todos los trabajadores urbanos y rurales a cargo del Estado y empleadores privados. Su administración será ejercida por un organismo nacional controlado por los cuerpos de delegados y sindicatos.
Las jubilaciones serán del 100% móvil del salario o sueldo que se perciba al momento del retiro, debiendo computarse todos los sueldos adicionales del básico. Todos los trabajadores se podrán jubilar después de los 30 años de servicio o 60 de edad. Se garantizará una reglamentación especial para las tareas insalubres u otras que por su carácter impliquen un excesivo desgaste físico y psíquico. Las mujeres su jubilarán con 25 años de servicio o 55 de edad, implementándose la jubilación automática para el ama de casa. Todo habitante que haya cumplido 60 años de edad trabajando y no disponga de ingresos suficientes, recibirá una pensión que le garantice una vida digna.
a) Vivienda
Se garantizarán viviendas dignas a toda la población. Expropiación sin indemnizaciones de las propiedades urbanas de la oligarquía terrateniente, los monopolios extranjeros y la gran burguesía intermediaria. Eliminación de la especulación con la vivienda, indemnizando a los pequeños y medianos rentistas en un plazo y montos que se fijarán por ley.
Plan de construcción de viviendas populares, cuyo alquiler no podrá exceder el 5% de los ingresos mensuales del usufructuario. A los actuales habitantes de villas y asentamientos se les entregarán las tierras que hoy ocupan u otras mejores en el caso que éstas no sean aptas, en forma inmediata, gratuita y colectiva a los cuerpos de delegados y juntas vecinales para su distribución democrática y tendrán prioridad en la adjudicación de viviendas por el gobierno popular revolucionario.
Se apuntará a resolver el problema de zonas inundables, falta de agua potable, luz y otros servicios indispensables en villas y barrios pobres. Se ayudará a los mismos para la construcción y mejora de las viviendas. Se procederá a practicar un plan progresivo de saneamiento de ríos y arroyos contaminados, con la ayuda de los ribereños afectados. Se elaborará un plan de viviendas rurales que contemple las costumbres y necesidades de los obreros rurales, campesinos pobres y comunidades aborígenes. Los planes de vivienda estarán determinados por las necesidades regionales y por los modos de vida habituales de cada zona.
b) Política sanitaria al servicio del pueblo
Se propugnará la estructuración de un sistema sanitario nacional integrado, asumiendo el gobierno popular la responsabilidad de todas las acciones de salud en sus aspectos técnicos, normativos, financieros y administrativos, a fin de garantizar la máxima cobertura en forma gratuita, integral e igualitaria. Dicho sistema funcionará en base a la estrategia de atención preventiva y primaria de la salud, con participación popular en la planificación, organización, ejecución, control y evaluación de las acciones de salud. Se fortalecerá la política de construcción y mantenimiento de los centros de salud periféricos, que actuarán coordinadamente con los hospitales públicos zonales y regionales de distinta complejidad. Se garantizará la planificación voluntaria de la familia en forma gratuita. Las grandes clínicas y sanatorios privados serán expropiados, según ley al efecto, respetando los derechos de los pequeños y medianos accionistas.
La política sanitaria se guiará por el principió de que el mantenimiento y las acciones sanitarias son tarea de todo el pueblo. Para ello estimulará la acción de los pobladores de cada región, municipio, barrio, etc., (responsables de salud) coordinadamente con los profesionales y demás trabajadores de salud, dentro de las finalidades del sistema nacional integrado por el sector público y las obras sociales. Estimulará, a su vez, la combinación de la medicina popular con la medicina universitaria y la formación de trabajadores de salud con enfoques multidisciplinarios y comunitario-sociales.
Los hospitales serán centro de investigación de los problemas sanitarios regionales y se desarrollarán programas especiales de prevención y asistencia de enfermedades regionales y endémicas (chagas, mal de los rastrojos, paludismo, hidatidosis, alcoholismo, etc.). Se prestará especial cuidado a los planes de atención materno infantiles, y se tendrá una política nacional de medicamentos e insumos médicos, desarrollando su producción a través de una empresa nacional de medicamentos. Con esa finalidad se expropiará a los grandes monopolios productores de medicamentos e insumos médicos.
Lucha activa contra la droga con programas preventivos sociales y de atención y recuperación de los afectados, sanitaria y comunitaria, incluyendo tratamiento individual y familiar.
c) Educación, cultura y deporte
1) El Estado popular revolucionario garantizará la educación pública, obligatoria, gratuita, laica, popular, sobre bases y contenidos científicos y democráticos. No subsidiará ningún tipo de enseñanza privada. Se respetará la propiedad de los dueños que no se sumen a la contrarrevolución, ejerciéndose un estricto control sobre ellos al igual que sobre el resto de la educación.
Los planes y regímenes de estudio serán fijados por el Estado para el nivel de la rama respectiva. Los órganos de poder local complementándose con los consejos estudiantiles, docentes y no docentes, ejercerán funciones de administración, control y accesoria.
Se modificarán los planes de estudio de modo que correspondan con los objetivos de la revolución popular, agraria y antiimperialista, en marcha al socialismo, partiendo de las características y tradiciones de cada zona, provincia o región.
Se tratará de combinar la teoría con la práctica en todos los niveles de la enseñanza, priorizando los avances de la investigación científica y su integración con la práctica productiva y la lucha de clases, atendiéndose a las características de las distintas provincias y regiones. Se garantizarán condiciones democráticas tanto en el terreno de la organización gremial de docentes y estudiantes como en la relación docente-alumno. Se promoverá la inserción de las personas de avanzada edad a las tareas educativas y culturales para que puedan volcar su experiencia y conocimiento a la comunidad.
Se asegurará prioritariamente el ingreso en todos lo niveles educativos y, en particular en sus niveles superiores, de los obreros industriales, rurales y campesinos pobres. Se respetará y se enseñará la cultura y la historia de los aborígenes. Se implementará la enseñanza bilingüe teniendo en cuenta la lengua materna de cada comunidad.
Se generalizarán los comedores escolares gratuitos, se crearán escuelas hogares en las zonas rurales y se ampliará la red de jardines de infantes, jardines maternales y de escuelas de enseñanza especial y rehabilitación para todos los discapacitados. Se extenderá la escuela de jornada completa a todas las provincias.
Se hará una gran campaña de movilización de masas para erradicar el analfabetismo y el semianalfabetismo.
Se crearán nuevas escuelas primarias y secundarias en zonas rurales y periféricas de grandes centros urbanos. Se extenderán los turnos de enseñanza de tal manera que los obreros industriales, rurales y campesinos pobres puedan capacitarse.
Se dará prioridad a la enseñanza politécnica y especializada. Se asegurará y desarrollará la educación física, el deporte y la recreación en todos los niveles de la enseñanza.
La Universidad del pueblo liberado será científica, democrática y popular. Estará al servicio de las transformaciones revolucionarias en la industria, el campo, la salud, la justicia, el desarrollo independiente y la defensa nacional. Se asegurará prioritariamente la entrada de los obreros industriales, rurales y campesinos pobres. Como medidas inmediatas se creará un sistema especial de becas, se multiplicarán las viviendas estudiantiles, se reabrirán los comedores universitarios y se adaptarán planes de estudio especiales para los trabajadores que no puedan asistir regularmente a las clases.
Por su contenido la enseñanza universitaria será: popular, científica y democrática. Se garantizará la más amplia democracia interna y el debate de las distintas corrientes del pensamiento. Se anulará todo compromiso con organismos imperialistas.
La Universidad será autónoma y su gobierno será ejercido en forma igualitaria por los estudiantes, docentes, no docentes y graduados.
Se crearán institutos regionales y zonales, adaptados a los requerimientos específicos de cada lugar. Se otorgarán títulos intermedios.
2) Se promoverá el desarrollo de una cultura antiimperialista y antiterrateniente de las masas populares, una cultura nacional, científica y popular, dirigida por la ideología y las concepciones culturales del proletariado.
Se defenderá el patrimonio cultural en sus más diversas manifestaciones. Se rescatarán aquellas expresiones de cultura obrera, campesina, indígena y todas las producciones de contenido nacional y popular, reprimidas o postergadas por la cultura oligárquico-imperialista. Se impulsará la investigación en todos los campos de la realidad social y cultural y se estimulará la producción artística popular (cine, teatro, música, literatura, artes plásticas). Se destinarán fondos para alentar las actividades culturales y se garantizará la libertad de creación, otorgándose subsidios, premios, etc.
Se impulsará el intercambio cultural y científico con todos los países del mundo para que nuestra cultura de raíz indoamericana se enriquezca incorporando críticamente los elementos más avanzados de la cultura universal.
3) Gratuidad de todos los centros deportivos y recreativos en parques y espacios abiertos, fomentando la educación física y el deporte masivo.
Eliminación de la comercialización del deporte.
Red nacional de camptngs y albergues juveniles gratuitos en todo el país. Revisación médica gratuita para todos los deportistas.
d) Defensa nacional
Desarrollo de una política de defensa nacional basada en las fuerzas armadas revolucionarias y en la movilización armada y civil del pueblo.
Todos los miembros de las fuerzas armadas revolucionarias tendrán iguales derechos que los demás ciudadanos. Se desterrarán las jerarquías y castas de las viejas fuerzas armadas y sólo se reconocerán como principios de dirección y de mando: el espíritu revolucionario, las cualidades combativas y la preparación técnica. Las nuevas fuerzas armadas participarán en la producción, ligándose así fuertemente al pueblo trabajador.
Se mantendrá el servicio militar obligatorio con el fin de preparar para la defensa de la Patria y la Revolución a toda la población. Las mujeres recibirán instrucción militar y se impulsará su participación en todos los niveles de las fuerzas armadas populares. La situación de los veteranos y de los huérfanos de guerra será objeto de un tratamiento legislativo especial, reconociendo su contribución a la defensa de la Patria y de la Revolución.
e) Política internacional
El gobierno popular revolucionario se solidarizará activamente con todos los países que hayan emprendido un rumbo antiimperialista y revolucionario, promoverá la unidad latinoamericana y del Tercer Mundo contra las dos superpotencias imperialistas, la URSS y los Estados Unidos, y practicará una política activa dentro del Tercer Mundo para liquidar los restos del sistema colonial. Respetará la soberanía de todos los países y al mismo tiempo dará apoyo a los luchadores revolucionarios de todo el mundo.
Se bregará por mantener relaciones diplomáticas con todos los países del mundo, sobre la base de los principios de coexistencia pacífica entre los Estados: respeto a la soberanía e independencia; no agresión recíproca; no intervención en los asuntos internos de un país por parte de otro; igualdad y beneficio recíproco.
Se renunciará a todo tipo de pactos o acuerdos secretos, y se hará una diplomacia abierta para las grandes masas. Se revisará la pertenencia a pactos que puedan afectar la soberanía nacional. Se enfrentará la política hegemonista y agresiva de las dos superpotencias promoviendo un frente común con los países latinoamericanos y del Tercer Mundo y se luchará por la recuperación de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y mares adyacentes, la soberanía plena sobre nuestra plataforma submarina y sobre el sector antártico argentino.
Se promoverá en los organismos internacionales el respeto a la integridad territorial de los países y el derecho a la soberanía sobre las 200 millas marítimas.
Se practicará una política de solidaridad e integración con los pueblos y países de América Latina basada en la complementación económica, la solución pacífica de los conflictos, el respeto mutuo y la defensa y desarrollo de las culturas y tradiciones nacionales. Solidaridad activa en la lucha antihegemonista y antiimperialista, en el camino de ir consolidando, la unidad y cooperación progresiva de todos los pueblos y naciones de Latinoamérica.
El gobierno popular revolucionario luchará contra la política de monopolio atómico de las grandes potencias y se esforzará por unirse a las campañas por el desarme atómico y la destrucción del arsenal atómico mundial y por el retiro de todas las bases y tropas militares en el extranjero, respetando el derecho soberano de todas las naciones, sean ellas grandes o pequeñas.