Serán expropiadas sin indemnización las empresas monopolistas extranjeras y de gran burguesía intermediaria en la industria, según convenga a los intereses del Estado revolucionario, pudiéndose establecer algún tipo de compensación cuando sea necesario. Se respetarán las de burguesía nacional. Se protegerá y estimulará la pequeña y mediana empresa y su cooperativización, atendiendo a las particularidades de cada rama de la producción, comercio y servicios.
Serán expropiadas sin indemnización las compañías mineras, de energía, combustibles, transportes y comunicaciones en manos del imperialismo y la gran burguesía intermediaria. Se respetará la propiedad de los pequeños y medianos mineros y se estimulará su cooperativización. El Estado desarrollará la gran minería y explotará la producción de combustibles, petroquímica y minerales estratégicos, así como la producción energética de centrales hidroeléctricas, termoeléctricas y nucleares.
Se anularán los convenios pesqueros, contratos y franquicias portuarias que afecten la soberanía nacional. Se apoyará a los pequeños y medianos pesqueros, ayudándolos para que se organicen en cooperativas. Se desarrollará una flota pesquera moderna, se construirán cámaras frigoríficas y se asegurarán medios de transporte adecuados.
Se fomentará la industria forestal y del papel nacional. El Estado controlará los bosques para su explotación racional, promoviendo planes de forestación y reforestación para proveer las necesidades de la industria y mantener el equilibrio ecológico, previniendo la degradación de los suelos.
Se fijará una política nacional del agua para el aprovechamiento integral de los ríos, reservas y aguas subterráneas, impulsando el desarrollo de la energía hidroeléctrica en el marco de un plan nacional que contemple las posibilidades de irrigación, navegación y piscicultura, construyendo sistemas de canalización y desagües combinados con lagos artificiales para la acumulación de las aguas, a fin de controlar los ciclos de inundaciones y sequías periódicas que afectan a vastas zonas del país.
Todas las empresas expropiadas más las actuales del Estado pasarán a constituir un sector de propiedad estatal, dirigido por el gobierno popular revolucionario bajo el control obrero basado en los consejos de fábricas y empresas. La planificación de la producción del sector estatal y la orientación de los excedentes que genere el mismo, permitirán asegurar un desarrollo integrado de la industria y del país, priorizando la gran minería y la industria pesada y promoviendo la expansión acelerada del interior. Se crearán centros industriales cerca de las fuentes de los recursos naturales y se protegerá y estimulará la pequeña y mediana empresa, favoreciendo su cooperativización y garantizando que reciban ayuda prioritaria aquellos sectores que interesen particularmente a los objetivos del plan nacional, la integración regional y el bienestar general.
El gobierno popular revolucionario pugnará por aprovechar el avance científico técnico logrado por el desarrollo de la humanidad, impulsando la reestructuración y fortalecimiento del INTI, INTA, CNEA, CONICET y demás organismos de ciencia y técnica nacionales y provinciales y programas de investigación de las universidades estatales, en función de un aprovechamiento integral de todas las potencialidades del país y al servicio de la industria nacional, las economías regionales y la pequeña y mediana explotación agropecuaria, pesquera, minera y forestal.
Se creará un Instituto Nacional de Informática para la producción de programas, integración de sistemas, adecuados a la realidad y necesidades nacionales.
Se dará impulso al desarrollo de la industria de guerra, en función de la defensa nacional, apoyándose en la capacidad tecnológica y los avances nacionales ya existentes –incluidos los avances de la energía nuclear– y se crearán los necesarios para mejorar el armamento en la defensa de nuestro territorio de ataques y atropellos imperialistas.