Expropiación sin indemnización de los latifundios, maquinarias agrícolas e instalaciones pertenecientes a los terratenientes, entregando la tierra en propiedad a todos los que la trabajan o quieran trabajarla, priorizando la juventud agraria, los obreros rurales, los campesinos pobres y medios y las mujeres cabeza de familia. Se fijará por ley la extensión de tierra mínima expropiable atendiendo a las peculiaridades de cada zona, tipo de cultivo o explotación, estableciéndose indemnizaciones para los pequeños terratenientes.
Formación de entes regionales integrados por representantes elegidos democráticamente por las organizaciones de obreros rurales y campesinos pobres y medios, que determinarán: los latifundios a expropiar y el tamaño de las unidades productivas y su distribución. Se impulsará y dará amplio apoyo a las cooperativas agrarias de producción y trabajo y se conformarán con las explotaciones modernas expropiadas, que no sea conveniente subdividir, granjas estatales. Se les garantizará prioritariamente la provisión de máquinas y herramientas.
A las comunidades y tribus indígenas les serán devueltas sus tierras o se les entregarán mejores tierras alternativas en lugares con ellas fijados. Se concluirá con todo sistema social ajeno a su voluntad e historia. La entrega de la tierra y maquinarias será en propiedad y en unidades productivas según la zona y tipo de cultivo o explotación.
Será prohibido el arrendamiento, la mediaría, la aparcería, el tanteo, etc. Se respetará el derecho de propiedad de los campesinos ricos y burgueses agrarios que no se sumen a la contrarrevolución.
Se expropiará sin indemnización las empresas monopolistas de comercialización y financiación de la producción, reconociendo los derechos de los pequeños y medianos accionistas. El gobierno popular revolucionario garantizará precios mínimos sostén, en origen. Promoverá el adelanto tecnológico, estimulará y ayudará a la cooperativización para superar las limitaciones propias de la pequeña producción.
Serán anuladas las deudas (hipotecarias, prendarias, adelantos para semillas, etc.) contraídas por los campesinos pobres y medios con el Estado, la oligarquía terrateniente, los bancos y los monopolios comercializadores. Se establecerán líneas especiales de crédito que aseguren instalación, semillas, fertilizantes, insecticidas, etc. y maquinarias. Las tierras, máquinas y demás útiles de labranza, el ganado, animales de trabajo, casa y demás pertenencias de los campesinos semi proletarios, pobres y medios, serán inembargables.
Se impulsará la formación de cooperativas de maquinarias agrícolas de campesinos pobres y medios y se establecerán estaciones estatales de máquinas bajo el control democrático de los comités regionales de obreros rurales y campesinos pobres y medios. El gobierno popular revolucionario procederá a la creación de chacras, granjas, huertas y cabañas experimentales, como parte de la ampliación de las actividades del INTA, de manera que los productores individuales, cooperativas y empresas estatales reciban formación técnica, adquieran semillas seleccionadas, animales de raza, etc.
c) Nacionalización de las finanzas y el comercio exterior
Serán expropiados sin indemnización los bancos, compañías de seguros y otras entidades financieras, respetándose los derechos de los pequeños y medianos accionistas.
El crédito será orientado según las prioridades del plan económico nacional. Se creará un banco destinado al sector de propiedad estatal. Se respetará el funcionamiento de cooperativas de primer grado, de la pequeña y mediana burguesía, garantizando que reciban ayuda prioritaria aquellos sectores que interesen particularmente a los objetivos del plan económico nacional.
Reforma monetaria que quite el dinero a la especulación y lo vuelque a la producción y al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del pueblo, respetando los intereses de los pequeños y medianos ahorristas.
Estricto control de cambios que garantice el uso de las divisas en función de las prioridades nacionales. Moratoria e investigación de la deuda externa. Suspensión de todo pago a Inglaterra mientras dure su usurpación de nuestras islas y espacios marítimos. Ruptura de los compromisos contraídos con organismos internacionales usurarios del tipo del Fondo Monetario Internacional. Nacionalización del comercio exterior.
Los trusts privados exportadores e importadores serán expropiados sin indemnización y se castigará severamente el contrabando abierto o encubierto. Diversificación de los mercados priorizando la integración latinoamericana y el comercio con los demás países del Tercer Mundo. Se estimularán las acciones en común de las pequeñas y medianas empresas de las provincias limítrofes con sus pares de los países vecinos.
