El viernes 3/12, las organizaciones que participan del EMVJ realizaron un acto con las consignas: Basta de represión y criminalización de la protesta. Basta de asesinatos a los luchadores populares. Y las exigencias al gobierno nacional: “Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de la masacre de la comunidad qom de Formosa. Juicio y castigo por el asesinato del hermano originario qom y miembro de la Corriente Clasista y Combativa, Roberto López y del hermano originario pilaga del Mocafor, Mario López. Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales del asesinato del militante del PO Mariano Ferreyra”.
Las organizaciones, en su introducción del documento plantearon: “Estamos aquí para denunciar la responsabilidad del gobierno nacional en esta escalada represiva, para desenmascarar su doble discurso con el que pretende presentarse como el primer defensor de los derechos humanos para apropiarse de la lucha del pueblo argentino contra la impunidad durante más de 30 años, mientras intenta ocultar la esencia de su política: pago de la deuda externa, grandes negociados y entrega del patrimonio nacional, corrupción, extranjerización de la tierra, hambre, desocupación, aumento de la desigualdad social, impunidad y represión, violando de esta manera los más elementales derechos humanos”.
El documento leído por las organizaciones denuncia que “los asesinatos de Mariano Ferreyra en Buenos Aires y Roberto López en Formosa, (…) son la expresión de un intento desesperado por frenar el avance de las luchas obreras y populares y el surgimiento de nuevas direcciones combativas.” Denuncian que en la represión y asesinatos en Formosa, “en el conflicto por más de dos mil hectáreas expropiadas, están interesados directamente los terratenientes y el gobierno nacional y provincial. Estos enviaron tropas y gendarmería, policía y patotas, para concretar la masacre de la comunidad”. Y que al día siguiente, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el acto de inauguración de obras por teleconferencia con el gobernador Insfrán, responsable de la represión, no hizo “mención de los hechos ocurridos, dándole de esta manera un claro respaldo político” al mandatario formoseño.
“Las balas asesinas –que mataron a Mariano Ferreyra, hirieron a Ariel Pinto, y Elsa Rodríguez que está todavía en grave estado- defendían el negociado infame de la tercerización que une a los empresarios K, al gobierno, y a la burocracia sindical ferroviaria. Pretendían frenar la lucha de los compañeros tercerizados del Roca que hoy, producto de su movilización, han logrado la reincorporación de los despedidos y el pase a planta permanente.”
Denunciaron la detención de Luis Guineo, secretario general de ATE Las Heras, acusado de “coacción agravada” por su participación en cortes de ruta junto a trabajadores municipales y desocupados de esa localidad de Santa Cruz. Por otra parte, exigen la libertad inmediata a Roberto Martino y a todos los presos políticos, el cierre de las causas y anulación de las condenas a los trabajadores y demás luchadores populares.
Las organizaciones denunciaron que “con el Código Penal en la mano”, como en su momento dijo el ministro Aníbal Fernández, se persigue a los que luchan: trabajadores de Kraft, Subte, ferroviarios del Sarmiento, tercerizados del Roca, Casino de Buenos Aires, Hospital Francés, Garrahan, Indec, FATE, asambleístas y ambientalistas de Gualeguaychú y Andalgalá, etc.
Estuvo también el reclamo de los familiares y víctimas de la represión y criminalización de la pobreza y la juventud. En lo que va del año, suman 250 los casos de jóvenes que fueron asesinados por la policía. Se exigió “Basta de gatillo fácil, asesinatos y torturas por parte de las fuerzas policiales”. “Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de Rubén Carballo y de la desaparición de Luciano Arruga”, y juicio y castigo a los responsables de la represión y los asesinatos de los jóvenes de Bariloche.
Y finalmente, luego de una extensa lista, se exigió el castigo a los responsables políticos y materiales de la desaparición de Julio López y del asesinato de Silvia Suppo, Carlos Fuentealba y Lázaro Dyarte.
