Dos graduados de la UNLP, actualmente residentes del Hospital de Berisso y el Hospital Rossi podrían ir a juicio, víctimas de una persecución política por parte de las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas.
En el 2009, la policía federal, por pedido del decano de Ciencias Médicas, y sin aviso previo, ingresó al buffet del Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina, ocupándolo, demorando a los estudiantes que se encontraban trabajando en el mismo, y procediendo a su clausura.
Dos graduados de la UNLP, actualmente residentes del Hospital de Berisso y el Hospital Rossi podrían ir a juicio, víctimas de una persecución política por parte de las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas.
En el 2009, la policía federal, por pedido del decano de Ciencias Médicas, y sin aviso previo, ingresó al buffet del Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina, ocupándolo, demorando a los estudiantes que se encontraban trabajando en el mismo, y procediendo a su clausura.
Este atropello fue repudiado por la amplia mayoría de la UNLP en sus diferentes claustros: estudiantes, docentes, trabajadores y graduados, e inclusive por su órgano máximo de gobierno, el Honorable Consejo Superior.
Sin embargo, días después del incidente surge en el Juzgado Federal Nº 3 la causa titulada “Amenazas contra la facultad de Medicina” en la cual, las autoridades de la misma acusan a Martín Mayo y Manuel de Battista (ex presidentes del centro de estudiantes y consejeros directivos) por una supuesta amenaza de muerte a uno de sus funcionarios.
Curiosamente, afirman haber identificado entre las exclamaciones y cánticos de más de 150 personas contra la presencia policial (entre los que se encontraban estudiantes, docentes, no-docentes, organismos de derechos humanos y la presencia de funcionarios de la UNLP y de otras facultades) la supuesta amenaza pronunciada por los compañeros. Sin embargo la denuncia y las testificaciones que probarían que existió tal amenaza por parte de Mayo y De Batista provienen de una sola persona, el asesor legal de la misma Facultad, Dr. Campoamor.
La causa abierta por las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas no trata de buscar e impartir justicia, sino que constituye un claro hecho de persecución política hacia compañeros que fueron miembros del Centro de estudiantes y la FULP y actualmente continúan la lucha en defensa de la salud pública y los derechos de los profesionales en formación. Es un nuevo intento de avasallar las libertades democráticas y amedrentar a estudiantes y profesionales que vienen luchando para trasformar la situación en la salud y la educación públicas, utilizando herramientas que poco tienen que ver con el espíritu democrático y la época que vivimos.
Consideramos que toda persona de bien no debe permanecer indiferente ante un acto que nos ofende y golpea a todos. Consientes del carácter gravísimo de estos hechos, que sentarían un precedente nefasto para la vida democrática e institucional, solicitamos se dicte la falta de mérito en el proceso abierto a los mencionados profesionales, poniendo fin además al perjuicio moral y material ocasionado a los mismos.
