La dura represión policial contra una marcha indígena en el interior amazónico de Bolivia el domingo 25 de setiembre dejó una marca en el complejo escenario social y político del país hermano.
La dura represión policial contra una marcha indígena en el interior amazónico de Bolivia el domingo 25 de setiembre dejó una marca en el complejo escenario social y político del país hermano.
En el trasfondo hay un fuerte conflicto sobre el proyecto del gobierno de Evo Morales de construir, con financiamiento brasileño, una ruta a través del Tipnis (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure), una reserva natural de unos 10.000 kilómetros cuadrados (1 millón de hectáreas) donde habitan varias decenas de miles de indígenas pertenecientes a casi 70 grupos. En Cochabamba, el jueves 29 estudiantes, docentes y personal de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) participaron de una masiva movilización que recorrió las principales calles de la ciudad en apoyo a los indígenas. Al cierre de esta edición de hoy, varios centenares de indígenas reiniciaban la marcha desde el Beni hacia La Paz.
La ministra de Defensa Cecilia Chacón presentó su renuncia en disidencia con la represión y expresando que “las medidas asumidas (por el Gobierno), lejos de aislar a la derecha fortalecen su accionar y manipulación de la marcha”, y llamando a “retomar el camino histórico que decidió seguir nuestro país”.
Luego siguió la renuncia del ministro de Gobierno Sacha Llorenti, en medio de una ola de condenas desde diversos sectores, incluida la central obrera (COB) que llevó a cabo un paro general el miércoles 28.
Intereses cruzados
La marcha de unos 1.500 originarios, reprimida con gases y porras por la policía en la población amazónica de Yucumo (a unos 300 km de La Paz), se inició el 15 de agosto en rechazo a la ruta San Ignacio de Moxos-Villa Tunari entre los departamentos de Beni (norte) y Cochabamba (centro) a- travesando el Tipnis, gran reserva natural y territorio ancestral de esos grupos indígenas.
El conflicto, sin embargo, es sumamente complejo, ya que alrededor de la iniciativa que supuestamente beneficiaría a campesinos que verían facilitado su acceso a nuevos mercados, se manifiesta también el interés de empresas madereras y petroleras bolivianas y brasileñas y de campesinos cultivadores de coca de acceder a los recursos del Tipnis en perjuicio de las comunidades indígenas.
Complejo, además, porque en el conflicto emergen diferencias históricas entre los pueblos indígenas de la Amazonia y los del Altiplano; entre los pueblos quechua y aymara de las tierras altas y los guaraníes y otros de tierras bajas. Diferencias de formas de vida, culturales y territoriales.
Y complejo, especialmente, porque diversas expresiones populares advierten sobre la posibilidad de que el descontento de los habitantes amazónicos –especialmente después de la represión del domingo anterior– pueda ser instrumentado por fuerzas reaccionarias para “desestabilizar” al gobierno de Evo y recrear situaciones golpistas como las de un par de años atrás. Sectores de la derecha se han montado en este conflicto con discursos sobre la Pachamama y los “derechos ancestrales” que la propia derecha oligárquica avasalló y violó históricamente.
Sectores combativos y de izquierda señalan que políticas antipopulares del gobierno de Evo como la duplicación del precio de los combustibles por presión de los monopolios petroleros en diciembre (medida que debió ser derogada ante la indignación popular), y el menosprecio oficial por la opinión y la resistencia de los pueblos indígenas de la zona al proyecto vial, facilitan la confluencia de hecho de un heterogéneo arco opositor que abarca desde la dirigencia de izquierda del gremio magisterial de La Paz hasta los gobernadores del Beni y Santa Cruz, identificados con el reaccionario terrateniente Branco Marinkovic.
La mano de distintos imperialismos puede, además, no ser ajena al actual conflicto. El ex ministro boliviano de Minería, Andrés Soliz Rada, denunció la penetración en la zona de ONG’s como el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, financiado por países de Europa Occidental, y el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), subvencionado por la Embajada de EEUU, subrayando el conocido interés de las potencias imperialistas –preocupadas por el agotamiento de sus aguas y tierras fértiles– en imponer que se declare la Amazonia “reserva de la humanidad”, y el notorio avance de sus corporaciones en la compra de tierras en África y América Latina.
