Cada año, en nuestro país, 500.000 mujeres se encuentran frente a la decisión de tener que interrumpir un embarazo. La mayoría de ellas son jóvenes. Se calcula que en nuestro país hay casi un aborto por cada nacimiento.
Cada año, en nuestro país, 500.000 mujeres se encuentran frente a la decisión de tener que interrumpir un embarazo. La mayoría de ellas son jóvenes. Se calcula que en nuestro país hay casi un aborto por cada nacimiento.
Cada hora, siete mujeres egresan de un hospital público después de haber estado internadas por complicaciones derivadas de un aborto (Página 12, 14/01/2008). Por cada mujer que llega a atenderse a un hospital, hay siete que no reciben ningún tipo de atención luego de realizarse un aborto. Las consecuencias de los abortos inseguros han sido la principal causa de muerte materna desde hace más de veinte años en el país.
El gobierno K se ha negado sistemáticamente a discutir esta cuestión. Dentro de sus propias filas el debate está súper abierto: algunos a favor, otros (encabezados por la presidenta) abiertamente en contra. Recientemente un diputado del Frente para la Victoria (Oscar Albrieu) y otro de la Coalición Cívica (Juan Carlos Vega), ambos pertenecientes a fuerzas políticas lideradas por mujeres (¡ups!) llamaron a debatir en el Congreso la modificación del artículo 86 del Código Penal (abortos no punibles). Esto fue denunciado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito como una maniobra para seguir emparchando normas que no resuelven el problema de fondo y de la mayoría de las mujeres, y así dejar sin tratar el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del embarazo elaborado por la Campaña, o el de Nuevo Encuentro (Sabattella), de similares características.
Más restricciones
“No generará ningún cambio en la situación de interferencias provocadas por sectores de la Justicia o del sistema de salud. Es incluso, en el caso del último proyecto presentado por el presidente de la Comisión, diputado Juan Carlos Vega, más restrictivo que la legislación vigente, ya que intenta incorporar plazos (12 semanas) que el actual código no incluye. (…) Una vez más se puso en evidencia en agosto de 2011 con la niña violada por su tío en Misiones, que la criminalización del aborto obstaculiza su práctica en los caso actualmente permitidos (…) El proyecto de Vega y otros que sólo intentan aclarar los alcances del artículo 86, representan un retroceso en el campo de los derechos de las mujeres: no aporta una solución para el actual incumplimiento de los abortos legales, tampoco resuelven los problemas relacionados con el aborto clandestino”, denuncia la Campaña en un comunicado (completo en hoy N° 1387).
Dicho comunicado aclara que no hace falta tratar los alcances del artículo en el poder legislativo, ya que existe una “Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles”, elaborada por el Ministerio de Salud. En todo caso, lo que falta para que la guía se haga efectiva es que el poder ejecutivo (la presidenta) la eleve a Resolución Ministerial y se avance en su implementación en todo el país. De manera que, una vez más, el Estado le “esquiva al bulto” en la discusión sobre el aborto, que es cada vez más urgente e impostergable. Fiel a su estilo, el gobierno instala temas en la agenda mediática como si se estuviera ocupando pero, si rascamos un poquito la cáscara que recubre la noticia, vemos que se trata de una cortina de humo.
Ni lo uno, ni lo otro
No nos dan el derecho a elegir, pero tampoco las herramientas para no tener que llegar a realizarnos uno. Cuando comenzamos a tener relaciones sexuales, muchas veces no sabemos cómo cuidarnos para no quedar embarazadas. No accedemos a la información que necesitamos para poder vivir nuestra sexualidad de manera placentera. Charlamos con amigas, a veces con nuestras madres. Pero, la mayoría de las veces, la información no nos llega. En las escuelas prácticamente la materia educación sexual no existe. Y en las salitas u hospitales son muy pocos los que tienen equipos de médicos preparados para orientar a los jóvenes. A veces, nuestros novios nos dicen que no cuidarse es “una prueba de amor” o que “usando el preservativo no sienten”. Así es como muchas llegamos a un embarazo que no buscamos.
A pesar que la Ley de Educación Sexual Integral está aprobada a nivel nacional, son muy pocas las escuelas que se han abierto a que empiecen las clases de salud. Una de cada cuatro mujeres que utilizan píldoras anticonceptivas comete errores.
El 23% de las que las toman comete errores que reducen la efectividad del método y aumentan la posibilidad de quedar embarazada.
Acorraladas
Muchas de nosotras hemos sufrido del abuso y la violación. La búsqueda de justicia frente a esta agresión profunda que sufrimos las mujeres nos encuentra una vez más solas. La vergüenza, el miedo y el dolor nos impiden denunciar lo que nos pasó (sólo 1 de cada 10 mujeres violadas hace la denuncia).
Cuando logramos juntar valor, debemos recorrer comisarías, hospitales y juzgados, tratando de probar que nosotras no provocamos, reavivando la tragedia. Buscamos justicia, pero encontramos acusaciones. Este gobierno no juzga ni encarcela a los abusadores y violadores. Tampoco garantiza la atención digna a toda víctima. Si se gesta en nosotros un embarazo que es producto del odio, otra vez nos encontramos solas.
Algunas ya tenemos hijos y, sin posibilidad de acceder a algún método anticonceptivo, quedamos embarazadas nuevamente, sin haberlo planificado. En muchas ocasiones sin trabajo y preocupadas porque no hay posibilidad de abrigar, de alimentar, de cuidar. Nos acorralan en ese callejón sin salida que es llevar adelante un aborto clandestino, inseguro, riesgoso.
Ninguna mujer desea abortar, pero sin garantizar efectivamente educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, son miles las que arriesgan su vida y muchas las que la pierden. La decisión de realizarnos un aborto no es una responsabilidad individual, es una imposición social.
