El 31 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, promulgó la Ley de Autorización de Defensa Nacional (National Defense Authorization Act, NDAA), que además de definir un presupuesto militar de 662 mil millones de dólares, autoriza la intervención militar dentro del territorio norteamericano, y la detención indefinida y sin debido proceso de cualquier sospechoso, aún estadounidense.
El 31 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, promulgó la Ley de Autorización de Defensa Nacional (National Defense Authorization Act, NDAA), que además de definir un presupuesto militar de 662 mil millones de dólares, autoriza la intervención militar dentro del territorio norteamericano, y la detención indefinida y sin debido proceso de cualquier sospechoso, aún estadounidense.
Obama, en un gesto de hipocresía incomparable, pensando en su reelección, al momento de firmar expresó “reservas” respecto a la ley, y que su “administración trabajará con el Congreso para… mitigar sus efectos, y se opondrá a cualquier intento de extenderlos o expandirlos en el futuro”.
Muchas voces se han levantado repudiando este nuevo recorte de las libertades democráticas, un verdadero continuismo de la política de Bush. Amnesty International, en un comunicado expresó que “la administración Obama abrió el camino a una legislación que autoriza detenciones indefinidas… pone enorme poder en las manos de futuros presidentes, y la única respuesta de Obama es `confíen en mí`”.
Incluso sectores próximos al actual gobierno han lanzado duras críticas a esta ley. Según Anthony D. Romero, director ejecutivo de ACLU (American Civil Liberties Union), esta NDAA es particularmente peligrosa “porque no plantea límites temporales ni geográficos, y puede usarla cualquier presidencia para detener militarmente a cualquier individuo”.
No por casualidad, destacados opositores, como el senador republicano Lindsey Graham se plegó, de hecho, a la tesis del “enemigo interno” del videlismo y otras dictaduras militares cuando dijo que había que aceptar que el propio territorio de Estados Unidos se había convertido también en “un campo de batalla”.
Esta ley ha sido titulada por sectores de Occuppy Wall Street como el “Acta Patriótica” de Obama, en referencia a las medidas tomadas por Bush luego del atentado a las Torres Gemelas en 2001, y según muchos las “superan ampliamente”, ya que revoca una ley de 1878, que prohíbe a las fuerzas armadas actuar como policía dentro del territorio nacional.
