Convocados por el Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable” de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, un grupo de ciudadanos y organizaciones de Paraná y la región, se reunieron y decidieron organizarse para luchar por la inmediata derogación de la ley provincial 10.092, que dispone la entrega de las tierras fiscales y los puertos del Estado provincial a una sociedad anónima por el término de 99 años.
Convocados por el Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable” de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, un grupo de ciudadanos y organizaciones de Paraná y la región, se reunieron y decidieron organizarse para luchar por la inmediata derogación de la ley provincial 10.092, que dispone la entrega de las tierras fiscales y los puertos del Estado provincial a una sociedad anónima por el término de 99 años.
Los asistentes coincidieron en señalar las múltiples aristas negativas que definen a esta norma como altamente perjudicial para los intereses de la sociedad entrerriana y que encierra una amenaza preocupante para el ambiente.
Fue unánime la opinión de procurar dar una amplia información pública sobre el significado del texto legal, ya que promueve un mayor proceso de concentración y extranjerización de las tierras, pero a la vez abre peligrosamente el camino para una mega depredación de los humedales del Delta, y donde los beneficiados serán unos pocos privilegiados a costa del patrimonio y los bienes comunes de todos los entrerrianos.
Estuvieron presente integrantes de Agmer Paraná, la organización M’Biguá, el Foro Ecologista, la Junta Americana de los Pueblos Libres, Proyecto Tierra, Ecoclubes, Fundación Salud, Asociación Amigos del Parque Berduc, Añangarecó, Federación Agraria Argentina, Central de Trabajadores Argentinos, Juventud Movimiento Proyecto Sur, Partido Socialista Frente Amplio Progresista, GEN, Jóvenes de la Coalición Cívica, Partido del Trabajo y el Pueblo (PCR), Partido Socialista Auténtico en Proyecto Sur, etc.
Algunas opiniones críticas sobre la Ley 10.092
Se critica la sospechosa premura en aprobar la ley en el recinto (sin un estudio y ni siquiera el conocimiento previo de su texto) con la sola excusa de haberla reclamado el gobernador como una herramienta necesaria para su gestión de gobierno.
Podemos señalar que es una enormidad sin precedentes en la historia de la provincia la entrega al capital privado concentrado, del control y manejo de dos fuentes de riqueza y desarrollo como son las tierras fiscales y los puertos. Y esto con la creación de una sociedad comercial con participación minoritaria del estado provincial, renunciando al control en la toma de decisiones.
También llama la atención que no bastando con esta generosa oferta, el Estado se haría cargo de gastos necesarios para la ejecución del proyecto de transformación de las tierras fiscales. Para ello se lo autoriza a endeudarse por la suma de $50.000.000, con garantía de los fondos de la coparticipación federal.
Se deroga una Ley de arrendamiento de Islas Fiscales que permitía arrendar las islas, por tres años, para ganadería apicultura y turismo, y prohibía la explotación agrícola intensiva con uso de agroquímicos y plaguicidas. De esta manera un área de 200.000 Has de tierras fiscales es ahora zona liberada para la práctica agrícola más agresiva y contaminante.
A su vez, la ley derogada (Ley 9603) preveía que los recursos obtenidos en virtud de los contratos de arrendamiento integrarían un Fondo de Colonización y Desarrollo, plausible propósito que fuera borrado de un plumazo por la cuestionada ley.
Esta norma otorga inexplicablemente dos cheques en blanco: uno a las empresas de los agrobusiness y otro al Poder Ejecutivo, quien podrá establecer las condiciones de las contrataciones a discreción. Debe entenderse que las tierras fiscales no son de propiedad privada de ninguna gestión de gobierno. Pertenecen al pueblo de la provincia y los legisladores no han recibido ninguna autorización en blanco de sus electores como para disponer sin debate y sobre tablas la entrega del patrimonio de todos los entrerrianos.
Las islas de nuestro delta son parte de un ecosistema activo y que presta servicios ambientales invalorables. Podrían ser parcialmente destinados a explotación agropecuaria, pero dado la fragilidad del sistema debería disponerse de los estudios previos de impacto y esto quedar reflejado en la norma. En ningún caso deberá usarse agroquímicos. Es muy dudoso que el modelo agroindustrial hoy predominante sea el más apto para evitar el despoblamiento rural, conservar los suelos y mantener limpios los cursos de agua superficiales y subterráneos.
(…) Queremos la plena aplicación del artículo 86 de la Constitución de Entre Ríos, que declara que el Estado provincial “promueve la unidad económica productiva mediante leyes que contemplen el arraigo del productor entrerriano, el crecimiento y desarrollo de las actividades productivas locales y el estímulo de la tenencia de la tierra a su residentes. La legislatura desalentará la especulación y la existencia de latifundios y el uso de la tierra en grandes superficies continuas o discontinuas”.
