1. Ofensiva K por la megaminería con cianuro
1. Ofensiva K por la megaminería con cianuro
Antes de las elecciones, el gobierno de Cristina Kirchner intentó aplastar el movimiento contra la minería envenenadora y saqueadora: reprimió brutalmente a la población de Andalgalá. La respuesta popular fue la la multiplicación de asambleas y piquetes en las localidades de la región. El gobierno K dejó, entonces, ese trabajo sucio, para después de las elecciones.
Ahora está en marcha ese trabajo sucio: las brutales represiones en Belén, con 35 detenidos amenazados de ser enjuiciados por la “ley antiterrorista”, las de Tinogasta y Amaicha.
La presidenta buscó ganar opinión pública para su nueva oleada represiva, en su show con el minero trucho, el falso Antonio, que resultó ser un jerarca sindical traidor y puntero del PJ K, que hace muchos años no pisa una mina. Cristina K calificó de “voz del pueblo que es la voz de Dios” al discurso antiobrero y entreguista de “Antonio”. Mientras tanto, el secretario nacional de Minería, Mayoral, junto a la gobernadora K Corpacci, manejaban los hilos de la justicia y la policía en la represión. Ahora le han dado “zona liberada” a una patota parapolicial, financiada por las mineras imperialistas, tercerizando la represión para cercar y aplastar a Andalgalá. Pero se enfrenta al crecimiento del moviendo popular contra esa minería envenenadora y saqueadora. Un movimiento con formas democráticas de asambleas que, al cierre de esta edición realiza 9 cortes de ruta en la región.
El gobierno K reprime y empuja la anulación de las leyes provinciales contra la megaminería con cianuro para poder avanzar en los acuerdos y asociaciones con monopolios imperialistas con los que ha cerrado grandes negocios. Son cientos de proyectos que saquearán decenas de miles de millones de dólares de oro y otros minerales, casi gratis, dejarán gigantescos basurales contaminados con cianuro, y envenenarán las aguas de prácticamente todos los acuíferos. Los operadores directos del gobierno y las mineras, junto a Mayoral, son los gobernadores K: Beder Herrera, Gioja, antes Soria y ahora Werltnek, entre otros. A lo que se suman los negociados con la venta de cientos de miles de hectáreas en Río Negro, Chaco, y los humedales del Delta de Entre Ríos. La protesta popular frenó esos negociados.
En el Chaco, el gobernador Capitanich busca entregar más de 200.000 hectáreas, y encarceló a familias de originarios que reclaman por sus tierras. La rápida movilización de la Unión Campesina – FNC, y otras fuerzas, en la provincia, impuso la libertad de los presos, pero siguen movilizados por el reclamo de tierras.
¿Qué más se necesita para calificar a este gobierno K de entreguista, e intermediario del capital imperialista?
2. Senadores 100%, trabajadores 18%
Los salarios de los senadores y diputados tuvieron un aumento del 100%, cobrarán de $ 30.000 a $ 35.000, de bolsillo, por decisión de los presidentes de las dos cámaras, los K Boudou y Domínguez. Ellos cuidanque funcione bien el levantamanos para que se aprueben leyes infames como la antiterrorista. “Los salarios de los legisladores estaban muy retrasados”, dijeron Boudou y Domínguez. Qué se puede decir de la asignación por hijo, Argentina Trabaja y las jubilaciones mínimas, que sí están por el piso.
Según los datos del INDEC, no se es indigente si se cobra $ 640, y no se es pobre si el salario alcanza a $ 1.424; mientras que los trabajadores en lucha del Indec consideran que la canasta familiar está en $ 5.862. El gobierno fuerza a los trabajadores a hacer colas de 8, 10, 12 o más horas para sacar la tarjeta Sube antes de que venga el aumento a los que no la tienen. Después vendrá el aumento a los que sí la tienen: como en los subsidios, habrá que demostrar que se es pobre (de acuerdo al Indec), para zafar de ese tarifazo. Por ahora, el tarifazo va a cuentagotas hasta que las paritarias arreglen los salarios, después vendrá el hachazo grande.
Es hipócrita justificar un aumento del 100% a los legisladores y defender el techo salarial del 18% en las paritarias. No le será fácil al gobierno imponer ese tope.
Los estatales bonaerenses reclaman un 35% de aumento, y los docentes el 30%. El 14, la CTA, la CCC y otras organizaciones marchan nuevamente contra la ley antiterrorista y en solidaridad con la lucha contra la megaminería. Micheli, de la CTA, lo invitó a Moyano, y le propuso, además, una movilización conjunta en marzo, cuando las paritarias estén funcionado a pleno.
3. Reagrupar fuerzas contra el ajuste K
Las promesas de campaña electoral de Cristina Kirchner han dado paso al “ajuste”, al destape de su apoyo a la megaminería con cianuro, a más represión, etc. El gobierno trata de tapar esa realidad usando como cortinas de humo a la malvinización desmalvinizadora K (ver pág. 3), y tirando “bolas” sobre la “estatización de YPF”.
¿Por qué no invierte Repsol-YPF? Porque el banco que tenía los fondos de Santa Cruz en Suiza le otorgó un préstamo de 800 millones de dólares a la empresa Petersen de Australia, de Eskenazi (que tenía un capital de 10.000 dólares), para “comprar” el 25% de las acciones de Repsol-YPF a pagar con las ganancias de YPF, y se pactó que los españoles no pondrían un peso más en la Argentina. Toda la ganancia va a España.
El hecho es importante, porque los Kirchner presentaron esa compra de acciones de Repsol-YPF por Eskenazi (asociado al grupo K), como una “nacionalización”, con Eskenazi como cabeza de la empresa. A la hora de la verdad, lo que hacen Eskenazi (y los Kirchner) como accionistas de Repsol-YPF, es girar a España lo que ganan con sus acciones porque esa es la forma de pago de las acciones que acordaron con los españoles. Así, lo que llamaron el comienzo de la “nacionalización de YPF”, como se ve ahora, fue un fracaso, una simple asociación, en minoría, de grupos de burguesía intermediaria del imperialismo con el monopolio español Repsol. La única respuesta a la crisis energética es anular los contratos privatizadores porque las petroleras no los cumplieron, y estatizar la energía con control de los trabajadores.
La política de ajuste, de entrega de los recursos a la minería con cianuro, de represión, es la política con la que el gobierno K trata de hacerle pagar a los trabajadores y el pueblo la crisis. Frente a ella hay que seguir trabajando para reagrupar a las fuerzas populares, patrióticas, democráticas y antiimperialistas, para desplegar e impulsar la confluencia de las luchas, incluso golpeando juntos, con un programa, con los sectores que van entrando en contradicción con el gobierno y acuerden luchar.
Eso incluye seguir avanzando en la campaña por la personería del PTP, más aún frente a la creciente criminalización de las luchas.
Grecia arde ante la imposición de un nuevo y brutal ajuste. Es un ejemplo para los trabajadores y los pueblos del mundo. Y es, también, una advertencia para los ajustadores.
