Igual que Cristina, la presidenta del Brasil Dilma Rousseff también se creyó el verso de que la fórmula soja-petróleo-hierro y la demanda china mantendría a su país ajeno a la crisis capitalista mundial. Pero, también como Cristina, acaba de anunciar un gran ajuste (el segundo desde que asumió, un año atrás), que implica recortes en el presupuesto por 50.000 millones de reales (32.000 millones de dólares). Es aún mayor que el de fines de agosto de 2011, que fue por 30.000 millones de dólares. Como Cristina, lo aplica en capítulos para evitar que la indignación se transforme en luchas.
En reunión de gabinete, Dilma dijo que estaba preocupada por la persistencia de la crisis en la Unión Europea (no por la de millones de campesinos, obreros y demás sectores populares del Brasil). Y prometió que el “recorte” sólo afectará el gasto público en Salud, Defensa y Ciudades, y no a los “programas sociales”, como Bolsa Familia y Brasil Sin Miseria, de los que dependen para comer unos 8 millones de personas.
Tampoco afectarán –¡faltaba más!– los faraónicos proyectos de construcción para el Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, ni las obras de infraestructura del llamado Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC): estos negocios gigantescos son la víscera más sensible de los grandes grupos de burguesía brasileña, todos ellos asociados o simples intermediarios de monopolios imperialistas. Las empresas que ejecutan las obras, la mayoría con financiamiento del Estado, también allá forman parte del “capitalismo de amigos” del gobierno, como las grandes constructoras Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, OAS, Delta y Galvão Ingeniería. En 2010 esas empresas sumadas obtuvieron ingresos brutos por 30.000 millones de reales (18.000 millones de dólares, unos 70.000 millones de pesos). Son también conocidas financiadoras de campañas electorales en Brasil, empezando por la del PT de Lula y Dilma. Las obras son el “reembolso” de los favores hechos al PT.
En 2010 la economía brasileña había registrado un crecimiento del 7,5%, lo que despertó murmullos de admiración y hasta envidia de las potencias imperialistas sumidas en la crisis y consagró la pertenencia de Brasil al heterogéneo pelotón de países “emergentes” conocido como BRIC (Brasil, Rusia, India y China). Pero al año siguiente la cifra llegó sólo al 3,2%, en medio de un gran “recalentamiento” (demasiado gasto público, demanda e inflación). Como en todos los programas desarrollistas que no salen del marco de la dependencia, ahora llegó la hora de “enfriar”.
Ataduras reforzadas
Por más que Dilma y su equipo económico digan que “no se trata de un ajuste clásico como en Europa” (recesivo y antipopular) sino manteniendo algunas inversiones y programas sociales, las profundas ataduras que las políticas de Dilma y antes de Lula tienen con los terratenientes y con el capital imperialista hacen inevitable que la crisis sea descargada sobre el pueblo con medidas entreguistas y antipopulares, como también sucede con el gobierno K en la Argentina. Entre otras cosas, los “ahorros” del gobierno se proponen elevar el superávit primario del 3% al 3,5% del PIB, para “llevar tranquilidad a los mercados mundiales”, es decir, para dar garantías a los usureros internacionales de que Brasil tendrá con qué pagar la deuda externa.
Por eso el “recorte del gasto público” incluye el congelamiento de los salarios y del plantel de empleados estatales y municipales, especialmente el del salario mínimo en el actual nivel de hambre de 545 reales (1.400 pesos argentinos).
La lucha en agosto y setiembre de los obreros de la construcción de las obras mencionadas, especialmente la del estadio Maracaná de Río (ver recuadro) fue ya entonces un reflejo de lo que se venía.
El último fin de semana algunos sindicatos denunciaron que la política económica de Dilma Rousseff se parece más a la del gobierno neoliberal del socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso en los años ’90 que a la de Lula, y advirtieron que saldrían a la calle contra los recortes y ajustes fiscales. El ex presidente y ex obrero Lula los dejó sin ilusiones, saliendo rápidamente a defender las medidas de Dilma.
Modernización, extranjerización y miseria
La elección de Lula Da Silva en 2002 no significó ninguna ruptura con el sistema imperialista. Igual que en la Argentina kirchnerista, se mantuvieron las privatizaciones hechas por los gobiernos neoliberales y se garantizaron los privilegios del capital financiero y de los monopolios. Como señalan los compañeros del PCR de Brasil, pese a ser proyectado como “la nueva maravilla del mundo”, durante estos diez años creció la dependencia del Brasil al imperialismo, lo que se traduce en el impresionante proceso de desindustrialización y desnacionalización de su economía.
En 2011 las exportaciones de productos primarios —soja, carne, petróleo, hierro, azúcar y etanol, productos forestales y café— volvieron a superar a las de bienes industriales, por primera vez desde 1978.
Debido a la radicación masiva de monopolios europeos, chinos y yanquis, cuanto más “creció” la economía brasileña, más crecían también las remesas de ganancias al exterior. Para atenuar esa sangría y el dominio de los monopolios imperialistas, el gobierno del PT decidió formar “multinacionales verde-amarillas” (por los colores de la bandera del Brasil). Los grupos de gran burguesía elegidos fueron —igual que en la Argentina K— los “amigos” del gobierno, que financiaron las campañas electorales del PT. El gobierno se convirtió en socio de sus proyectos y los financió (¡otra coincidencia!) con fondos de las pensiones estatales. Muchas de esas “multinacionales”, después de ser financiadas generosamente por el gobierno brasileño, pasaron enteramente a manos extranjeras, como la telefónica Ol, la cervecera AmBev, y casi todas las que producen etanol, para no hablar de los “pesos pesados” de la economía del país hermano, la ferrífera Vale Do Rio Doce y la petrolera Petrobras.
Igual que entre nosotros, 30 millones de hectáreas están en manos del capital extranjero. El grupo argentino El Tejar tiene 150.000 hectáreas en el estado de Mato Grosso y es el mayor productor de soja del Brasil.
Los monopolios chinos avanzaron tan profundamente como en la Argentina: más del 90 por ciento de sus inversiones son para extraer recursos naturales, especialmente petróleo, gas, cobre y minerales, y en la industria.
Mientras tanto, el programa social Bolsa Familia da ayuda económica mensual a 12 millones de familias y a fines de 2013 se extendería a 15 millones (unas 60 millones de personas, en un país que tiene 240 millones).
La reforma agraria, tantas veces mencionada por Lula en los primeros años de su mandato, sigue siendo un sueño lejano. Los latifundios con más de mil hectáreas son menos del 1% de las propiedades, pero tienen más del 44% de la tierra.
Según el censo nacional de 2010, 16,2 millones de brasileños (el 8%) viven en la miseria. 80 millones de personas viven con ingresos por debajo de los 700 dólares. En la principal ciudad de Brasil, San Pablo, 14 mil personas viven en la calle. Hace 10 años eran 8 mil.
