La propuesta del gobierno en las paritarias docentes de un salario inicial de $2.800 fue rechazada por los gremios oficialistas participantes: Ctera, CEA UDA, AMET y Sadop ya que habían solicitado un inicial de $3.000 sin consultar a los docentes. El ofrecimiento realizado se encuadra en la política de “sintonía fina” planteada por Cristina Kirchner y el pedido gremial, más que insuficiente ante la necesidades que requiere alcanzar el valor de la canasta familiar que llegó $7.028,66 según ATE provincia de Buenos Aires, muestra el grado de subordinación de estos dirigentes “aplaudidores” de Cristina.
En nueve provincias se han aprobado el no inicio con medidas de fuerza de diferente duración:
En Santa Fe Amsafe se aprobó 48 horas durante tres semanas. En Chaco Sitech, el sindicato mayoritario y afiliado de la CTA dirigida por Micheli, y Atech aprobaron lo mismo que en Santa Fe. Mientras que el gremio minoritario de Ctera acordaba con Capitanich los $2.800. En Entre Ríos Agmer aprobó 48 horas el 28 y 29 de febrero. En Buenos Aires Suteba aprobó 48 horas durante dos semanas; FEB y Udocba 72 horas a partir del 28 y resolver la continuidad en la semana. Hay que destacar el paro aprobado por ATE para el 28/2 en consonancia con el no inicio de clases. En Córdoba la UEPC aprobó 24 horas el 28.
En Mendoza el SUTE aprobó 24 hs para el 28, después de rechazar los $2.840 en el Plenario de Delegados y ratificado en la Autoconvocatoria del 25/2 a pesar de las burdas maniobras del gobierno y de la dirección celeste orientada por Maure y Yasky. En la Ciudad de Buenos Aires Ademys, afiliado de la CTA dirigida por Micheli, aprobó 24 horas el 28/2. En Santiago del Estero Cisadems aprobó un paro de 48 horas para el 28 y 29 de febrero. En Misiones el MPL, el Movimiento Pedagógico de Liberación, gremio recientemente constituido en el marco de la CTA Misiones donde triunfó la Lista Nº 1, aprobó 48 horas el 28 y el 29, con movilizaciones y cortes de ruta.
En Jujuy estaban decidiendo al cierre de esta edición, ya que las clases comenzarían el 1/3 y los gremios ADEP y Cedems se han declarado en estado de alerta y movilización.
En este contexto nacional, el oficialismo de la dirección celeste de Maldonado y Yasky en Ctera, acostumbrado a arañar un poquito más pero siempre menos de lo que pedía, fracasó en toda la línea. Lejos está la foto de febrero del 2007 sacada con Filmus para acompañar el anuncio del techo salarial para todo el país y el comienzo de una amistad con el kirchnerismo que hoy aparece agrietada. Esto quedó demostrado en las palabras de Yasky en el Congreso de Ctera del sábado 25/02: “la situación no me pone contento”. Claro, porque se acuerda del reto del 2008 de Cristina por no haber frenado la huelga de Santa Cruz.
No les quedó más remedio que convocar a una jornada nacional de lucha para el 28/2 liberando la modalidad a la decisión de los gremios de las provincias de hacer paro u otra actividad y a un paro nacional para el 6 de marzo. Maniobra para impedir la nacionalización de la lucha en el inicio de clases.
Debemos ponernos a la cabeza de la lucha
Debemos ponernos a la cabeza de la lucha en cada escuela, cuerpo de delegados, asamblea, sindicato, para mantener la continuidad del conflicto hasta lograr superar el insuficiente reclamo de $3.000. Por un básico nacional de $4.000 en el camino de lograr un salario del maestro de grado igual a la canasta familiar.
La situación es favorable y afecta a la inmensa mayoría de los docentes y alumnos de nuestro país interesados en defender una verdadera educación pública de calidad.
Es importante la solidaridad y compromiso de la CTA Nacional encabezada por Pablo Micheli, con las luchas sociales y en particular con los reclamos salariales y educativos de los docentes como expresa en una parte de su declaración de apoyo: la CTA, en consonancia con las resoluciones del Encuentro de Trabajadores de la Educación, realizado el 10 de febrero, acompaña y se solidariza con estos conflictos. Reclamando al gobierno nacional y a los gobernadores, la urgente respuesta a las demandas de los trabajadores de la educación para el normal dictado de clases. Justamente, cuando las autoridades nacionales pretenden responsabilizar a los docentes por el no inicio de clases.
Constatando además que, junto a la insuficiencia salarial que obliga a los docentes a tener que trabajar en dos o tres cargos para sobrevivir, existe también un agudizado y persistente deterioro en las condiciones materiales, laborales y sociales en las que se debe realizar la labor educativa.
Todo ello configura un enorme deterioro de la educación pública y una creciente y marcada desigualdad entre los establecimientos educativos y la calidad de educación que reciben los alumnos, entre la escuela privada y la estatal. Ello ha provocado el incremento de matrícula de las escuelas privadas en detrimento de las escuelas estatales. Ya no sólo existen escuelas para ricos y escuelas para pobres, sino que también hay una enorme gama de desigualdades entre los que tienen la posibilidad de educarse y los que terminan la escuela primaria sin saber leer y escribir.
Esto es producto de una política educativa que se inició con el menemismo y la Ley Federal y se ha mantenido en sus núcleos más duros hasta la actualidad, producto de leyes que cambiaron el discurso pero no lo fundamental, que es el presupuesto que se destina a educación. Está comprobado mundialmente que la mentada “calidad educativa”, es más alta en aquellos países que pagan mejores salarios a sus docentes (La Nación, 23/02/12 “Mejores salarios, mejores resultados”).
Todo en un contexto de altos niveles de pobreza y marginación en amplios sectores de nuestro pueblo, pese a las tasas de “crecimiento” de estos años. Cuando se han priorizado los pagos de una deuda externa fraudulenta, incluso con el uso de las reservas del Banco Central; y un fuerte crecimiento de subsidios a empresarios privados, incluso de la educación.
Como se afirma en la Declaración de aquel Encuentro, “la ‘sintonía fina’ planteada por el gobierno significa una ajuste para que la crisis la paguemos los trabajadores”. Lo que está evidenciado en la cerrazón del gobierno para mejorar una pobre oferta salarial, cuando autoriza una suba del 100% a los senadores y diputados. La CTA se pone al lado de los justos reclamos de los trabajadores de la educación de todo el país, para que sean atendidos satisfactoriamente”.
