Compañeros integrantes de la Comisión Interna de Kraft que dirigió el conflicto del 2009 contra los despidos, y abogados de la asociación de derechos humanos Liberpueblo, se presentaron el miércoles 29 en los Tribunales Federales de la Capital Federal. Entre los dirigentes de Kraft estaban presentes Ramón Bogado, Jorge Penayo y Alcadio Alfonso, quienes pidieron ser tenidos como querellantes en la causa en la que la gendarmería reconoce haber espiado a trabajadores y organizaciones sociales, por instrucciones del gobierno nacional.
Compañeros integrantes de la Comisión Interna de Kraft que dirigió el conflicto del 2009 contra los despidos, y abogados de la asociación de derechos humanos Liberpueblo, se presentaron el miércoles 29 en los Tribunales Federales de la Capital Federal. Entre los dirigentes de Kraft estaban presentes Ramón Bogado, Jorge Penayo y Alcadio Alfonso, quienes pidieron ser tenidos como querellantes en la causa en la que la gendarmería reconoce haber espiado a trabajadores y organizaciones sociales, por instrucciones del gobierno nacional.
Los trabajadores y Liberpueblo estuvieron acompañados por compañeros desocupados, jubilados y ocupados de la CCC de distintas regiones: se hicieron presentes la Zona Norte del Gran Buenos Aires, La Matanza, Quilmes-Berazategui-Varela, y de las zonas Sudoeste y Norte de la Capital Federal. Además, se encontraban trabajadores despedidos de Kraft, la Comisión de Homenaje a las Madres de Plaza de Mayo de Quilmes, así como el coordinador nacional de los desocupados de la CCC, Juan Carlos Alderete, dirigentes del PCR como Mario Segovia, y el diputado nacional (mc) del GEN, Horacio Alcuaz. Se mantuvo cortada la calle frente a los Tribunales mientras duró la audiencia.
Una delegación fue recibida por el juez Oyharbide unos minutos, y los derivó al juzgado de turno, donde cumplimentaron los trámites para ser parte querellante en la causa.
“No vamos a dejar de luchar”
A la salida de los Tribunales, uno de los abogados de Liberpueblo, Patricio Gaynor, explicaba que “presentamos copias de informes del expediente por el que se juzga a Ramón Bogado, María Rosario, Jorge Penayo, donde consta que son seguidos por servicios de inteligencia que realiza en forma ilegal Gendarmería Nacional”, y dio ejemplos concretos de estos hechos. “Pedimos que se allane Campo de Mayo y se secuestren todos los informes ilegales, para saber lo que tienen”.
Ramón Bogado presentó al dirigente del GEN Horacio Alcuaz, “que estuvo el día de la represión, cuando nos tuvieron varias horas desaparecidos dentro de la Kraft”. Alcuaz renovó su compromiso y “la solidaridad del partido GEN presidido por Margarita Stolbizer, y de todo el Frente Amplio Progresista”, e informó que están pidiendo la interpelación de la ministra Garré en la Cámara de Diputados.
Por su parte, Juan Carlos Alderete planteó que “esto no es para nosotros una novedad. Venimos denunciando desde hace tiempo las persecuciones que nos hace el gobierno nacional”, y reiteró la denuncia contra “los servicios de inteligencia del Estado responsabilidad del gobierno nacional”. Reafirmó Alderete que “no vamos a dejar de pelear por nuestros derechos y por nuestra dignidad, aunque nos investiguen y nos amenacen con la ley antiterrorista”. Informó además que el 7 de marzo estará en Tandil, “donde se ha conseguido que el Concejo Deliberante se expida contra la ley antiterrorista”.
Finalizó la jornada Ramón Bogado, agradeciendo la solidaridad de todos los presentes. Informó que en la conversación con Oyharbide denunciaron cómo fueron las persecuciones, ratificadas “por Schenone, que fueron hechas por orden del Poder Ejecutivo”. El dirigente de Kraft planteó que “no podemos dejar de luchar, porque la inflación ataca al pueblo. En la fábrica hoy la pelea es por las paritarias, para que no le pongan techo… La crisis está instalada en distintos sectores de la producción, y repercute en los desocupados”.
Bogado afirmó que “queremos todo lo que investigó Gendarmería sobre nosotros, que se cierren todas las causas contra los trabajadores, y que caigan todos los responsables de las persecuciones”, denunciando además los embargos judiciales que pesan sobre los trabajadores.
