El pasado 1º de enero entró en vigor en China una nueva ley de contrato laboral. Aprobada por la Asamblea Popular Nacional, es propagandizada por los medios oficiales chinos —y saludada en todo el mundo por los medios extraoficialmente prochinos— como un paso positivo en la defensa de la condición laboral de millones de trabajadores en China.
Pero como siempre ocurre, la legislación sale al cruce de hechos ya consumados, y las nuevas normas reflejan directa o indirectamente situaciones vigentes de hecho.
La nueva ley de contrato laboral “pide” a los patrones chinos que firmen contratos sin plazo fijo con aquellos empleados que trabajaron para ellos durante más de 10 años consecutivos, o si ambas partes habían firmado contrato por período fijo en dos ocasiones.
No es más que el reconocimiento explícito de que en China la “flexibilización” laboral y los empleos “basura” son moneda corriente desde hace muchos años para cientos de millones de trabajadores. Significa que al menos durante 10 años esos empleados trabajaron sin contrato —es decir sujetos a todas las arbitrariedades y sin ningún tipo de cobertura social ni sindical—, o renovando contratos “por tiempo determinado” en esas mismas condiciones, con la amenaza permanente de despido y sin indemnización.
Los argumentos de los burgueses chinos (y hay que recordar que los gigantescos monopolios chinos, como los petroleros o siderúrgicos, concentran cada uno cientos de miles de obreros) no tienen nada que envidiar a los de los imperialistas yanquis y europeos.
En la Argentina conocemos esos argumentos desde los años en que formas de superexplotación similares fueron consagradas en las leyes laborales de Menem y De la Rúa y mantenidas en vigencia hasta tiempos de Kirchner y Cristina. Las patronales chinas se preparan a convertir las nuevas disposiciones “protectivas” de los trabajadores en papel mojado, alegando que los contratos sin plazo fijo “generarán pesadas cargas” a los empresarios y “reducirán la eficiencia” de “sus” trabajadores.
Un funcionario del gobierno chino alegó que la legislación “protectiva” es necesaria porque los empleados “posiblemente estarán en desventaja cuando busquen trabajo debido a la presión laboral”. O sea: las patronales aprovecharán la superabundancia de desocupados que la propia política oficial genera, y simplemente se negarán a tomar trabajadores a menos que éstos acepten contratos por tiempo limitado.
El funcionario, definitivamente, “descubrió” el agujero del mate. ¡Si justamente para eso y otras medidas antiobreras similares, hace como 20 años que se eliminó en China el derecho de huelga!
Para curarse en salud, según informa la agencia oficial Xinhua, algunos patrones que habían contratado grandes cantidades de personal empezaron a despedir empleados antes de que la ley empezara a regir, anticipándose a la terminación de sus contratos.
De modo que la supuesta “protección” ya no protege a esa masa de trabajadores echados a la calle.
Desempleo y superexplotación
Sun Baoshu, viceministro de Trabajo y Seguridad Social, en su informe al Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN, el Parlamento chino), anunció que el gobierno nacional y gobiernos provinciales y municipales de China “recuperaron” nada menos que el equivalente a casi 6.000 millones de dólares en salarios que no les fueron pagados a trabajadores “migrantes” en los últimos 4 años. No explicó qué significa “recuperaron”.
La restauración capitalista, la disolución de las comunas campesinas y la desocupación y superexplotación de los trabajadores rurales empujaron a enormes masas de personas a buscar trabajo en las ciudades.
Se estima en 100 millones el número de trabajadores “migrantes”, que en su mayoría se convirtieron en albañiles, empleados de limpieza en calles, hoteles y restaurantes, etc. Sumado a eso, la vertiginosa quiebra de la educación pública —consecuencia directa de la restauración capitalista— que cayó de plano y en primer lugar sobre los niños y jóvenes campesinos, hace que buena parte de ellos tenga poca o ninguna instrucción. Los patrones se aprovechan de la necesidad, la superabundancia de mano de obra y la ignorancia para rebajar, retrasar o simplemente no pagar los salarios.
La explotación se hizo tan brutal que en 2006 el propio Consejo de Estado, temeroso de las protestas y luchas que comenzaron a trascender, tuvo que tomar cartas en la cuestión y clamar a voz en cuello por los “derechos” de los trabajadores migrantes, estableciendo “asesorías legales”, “capacitación” técnica, planes de “compensación” por despido y seguro médico para más de 30 millones de migrantes.
Indice de confianza hacia abajo
No sólo para esquivar la nueva ley despiden los patrones chinos (“los empleadores” dicen ellos, como en cualquier país capitalista).
También despiden en masa porque sigue cayendo —por cuarto trimestre consecutivo— el “índice de confianza” de las patronales, temerosas del “recalentamiento” de la economía, según informa el Banco Popular de China. La burguesía monopolista que comanda la economía y el Estado chinos teme estar produciendo más que lo que pueda vender en un mercado mundial en contracción —especialmente con la recesión que asoma en los Estados Unidos— y en su propio mercado interno.
Teme que los aumentos de precios de las materias primas que su propia demanda genera en el mundo se tornen en inflación interna descontrolada.
Teme las protestas obreras y campesinas que desbordan la censura y la represión oficial.
Sonríen para la foto, pero su “índice de confianza” apunta hacia abajo.
