Antonio Salvador Sánchez, denunciado penalmente por abuso sexual con acceso carnal a una niña desde los 7 hasta los 14 años, y que luego sufriera un escrache en las redes sociales, como así también en su lugar de trabajo, por parte de la Casa de las Mujeres Unidas por la Lucha, sufrió tal escarnio (fue echado del trabajo, y sufre la condena social) que ahora pretende, con su abogado que oculta el nombre (le hace el escrito pero no lo firma), que se sancione a la abogada Mariana Vargas, profesional referente de los derechos de las mujeres.
Antonio Salvador Sánchez, denunciado penalmente por abuso sexual con acceso carnal a una niña desde los 7 hasta los 14 años, y que luego sufriera un escrache en las redes sociales, como así también en su lugar de trabajo, por parte de la Casa de las Mujeres Unidas por la Lucha, sufrió tal escarnio (fue echado del trabajo, y sufre la condena social) que ahora pretende, con su abogado que oculta el nombre (le hace el escrito pero no lo firma), que se sancione a la abogada Mariana Vargas, profesional referente de los derechos de las mujeres.
Esto sería una pavada, si no es justamente porque voces del Colegio de Abogados, comparten esta posición de perseguir a la abogada suspendiéndola en la matricula, a fin de detener la acción social que desde hace tiempo cobra vigencia: los escraches públicos que persiguen la condena social ante la inacción e impunidad de la Justicia.
Los escraches duelen profundamente a este sistema de jueces puestos a dedo, con compromisos políticos, donde reina la corrupción. Duelen porque las organizaciones de mujeres que los llevan a cabo, son “impredecibles”. Nada las detiene; actúan por convicción, en una sociedad en la que la desigualdad entre el hombre y la mujer, es reproducida luego por el Estado y su Justicia, y en general, sólo se condena a menos del 10% de los delitos de abuso sexual.
La condena social rompe con el monopolio de justicia e impunidad y los poderosos; y los abusadores beneficiados por una justicia que también ve en la mujer solo un objeto, tienen en esa acción directa el peor de sus enemigos: es implacable, porque a diferencia de la Justicia, le creen a la víctima, la que ellos culpabilizan y denigran, luego de hacerles tanto daño. Las mujeres sabemos del daño de una violación, sabemos del silencio como regla, y promover la denuncia penal en un sistema que no le cree nunca a la víctima, sería autoflagelante si no es acompañada por el movimiento de mujeres y democrático que empuje a la Justicia a modificar su visión y acción respecto de estos casos, y en especial del caso concreto.
Se intenta sancionar a la abogada Mariana Vargas, en su rol de abogada, por ser una militante social que pone su profesión al servicio de la lucha por terminar con la opresión de las mujeres. Y que acompaña en forma efectiva las acciones concretas desplegadas por el movimiento de mujeres que suele ser muy profundo, porque pone en debate cuestiones naturalizadas por siglos.
La abogada Mariana Vargas no violó la ética profesional comprometiéndose personalmente en forma directa con la condena social a un violador: ejerció el derecho a la militancia social y de género, y es fascista que el Colegio de Abogados por esa razón, la sancione. Sancionarla será un acto antidemocrático y reaccionario cuyo único objetivo es escarmentar al movimiento de mujeres que avanza en forma irreverente sin que el poder pueda ponerle frenos.
Casa de las Mujeres Unidas por la Lucha (San Salvador de Jujuy), Casa de la Mujer María Conti (San Pedro- Jujuy), Casa de las Mujeres de El Carmen (Jujuy) Casa de las Mujeres Norma Nassif (Tucumán).
Han adherido a este pronunciamiento gran cantidad de organizaciones y personalidades de todo el país.
Para sumarse escribir a: casadelamujermariaconti@gmail.com
