La abogada Mariana Vargas, junto a sus dos abogadas patrocinantes, planteó el jueves 16 de agosto ante el Colegio de Abogados la nulidad de las resoluciones del Consejo Directivo por las que se elevan al Tribunal de Ética dos denuncias, la de Antonio Sánchez, denunciado de abusar a su sobrina desde los 7 hasta los 14 años, y la de Martin Aramayo, quien está acusado penalmente por obligar a una paciente a hacerle sexo oral cuando le sacó los puntos luego de su intervención quirúrgica.
La abogada Mariana Vargas, junto a sus dos abogadas patrocinantes, planteó el jueves 16 de agosto ante el Colegio de Abogados la nulidad de las resoluciones del Consejo Directivo por las que se elevan al Tribunal de Ética dos denuncias, la de Antonio Sánchez, denunciado de abusar a su sobrina desde los 7 hasta los 14 años, y la de Martin Aramayo, quien está acusado penalmente por obligar a una paciente a hacerle sexo oral cuando le sacó los puntos luego de su intervención quirúrgica.
La nulidad de la resolución que eleva al Tribunal de ética la denuncia de Sánchez, reside en que el presidente del Colegio, Mario Mallagray, no se apartó de la deliberación ni de la votación de tal decisión, a pesar de ser abogado de la firma en la que la Casa de las Mujeres Unidas por la Lucha realizó el escrache a Sánchez por trabajar allí; lo que obligó a la empresa a “sacar de circulación” a ese empleado. Se trata de una voluntad resolutiva viciada de nulidad por parcialidad. En la misma acta del Consejo, Mallagray sí se aparta en la deliberación frente a otro tema por ser parte interesada.
La nulidad de la resolución que eleva al Tribunal de ética la denuncia de Aramayo, reside en que recién al leer el acta del Consejo Directivo, Mariana Vargas se enteró de la existencia de esta nueva denuncia cuyo contenido desconoce. Es decir, se violó el derecho de defensa establecido en el art. 61 del Estatuto del Colegio, citado incluso por Mallagray al correrle traslado de la denuncia de Sánchez. Se trata de una resolución viciada de nulidad por la violación a la garantía constitucional de defensa, a respetarse en todo procedimiento administrativo, más de estas características.
Más allá de desconocer el contenido de la denuncia de Aramayo, llama la atención que el Consejo Directivo del Colegio eleve esta denuncia salteándose el derecho de defensa de la letrada, y que ello sea la contracara de no haber publicado su ponencia presentada en las Jornadas Nacionales de Abogadas realizadas en Jujuy, justamente referida al caso Martin Aramayo. En la ponencia titulada: “Un fallo sobre abuso sexual que avergüenza a los jujeños”, Vargas refiere que la sentencia de sobreseimiento que benefició a Aramayo (hoy tramita el recurso de apelación contra dicha sentencia luego de que la querella ganara una queja) le exige a la víctima de abuso sexual la prueba de resistencia física ante el ataque sexual, para tener por existente el mismo, lo que no exige nuestra ley, y lo que ha motivado condenas a países como Bélgica por Tribunales Internacionales Europeos.
La conducción del Colegio de Abogados, con esta acción está lejos de acompañar los procesos de cambio que necesitan las víctimas de abuso sexual en nuestra provincia y en el país. Dando curso a las denuncias de Aramayo y Sanchez transforma a la institución en un instrumento de defensa de los abusadores, olvidándose que el 90% goza de impunidad porque solo el 10% de las víctimas se anima a denunciarlos. Y acciones como la que hoy se desnuda como una verdadera persecución ideológica contra Mariana Vargas, ayudará a reducir ese 10% de denuncias.
Petitorio
Reproducimos el texto del petitorio que ya está sumando decenas y decenas de firmas de personalidades y organizaciones de todo el país:
El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Jujuy elevó al Tribunal de Ética de esa entidad una denuncia contra la abogada Mariana Vargas intentando sancionarla. La misma fue presentada por Salvador Antonio Sánchez, acusado de abuso sexual de una nena durante siete años y por el médico Martin Aramayo de San Pedro acusado de abusar de sus pacientes.
El presidente del Colegio de Abogados Mario Mallagray, quien además es abogado de la empresa en que trabaja el hombre acusado de abuso y en la que organizaciones de mujeres realizaron un escrache- pretende acallar al movimiento de mujeres y a las organizaciones sociales, marcando un castigo ejemplar persiguiendo en el ejercicio de su profesión a aquellos que se comprometan con la defensas de las víctimas.
La abogada Mariana Vargas no violó la ética profesional comprometiéndose personalmente con la condena social a un violador: ejerció el derecho a la militancia social y de género, y ese derecho debe ser protegido por el Colegio de Abogados.
Si sancionan a Mariana Vargas, golpean a todo el movimiento de mujeres, a las víctimas de violencia de género, a las organizaciones sociales que cuentan con profesionales que ponen su profesión al servicio del pueblo.
Por eso repudiamos y exigimos que cese esta persecución, y que no exista sanción alguna contra ella.
