La coordinación de la audiencia estuvo presidida por Diana Kordon (Liberpueblo) junto con Enrique Fukman de la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos. Contó con la asistencia de un amplio arco de organizaciones sociales y políticas que en una extensa ronda de intervenciones, dieron testimonio de cómo con este gobierno se ha incrementado el procesamiento de luchadores populares, la criminalización de la protesta social y la tercerización de la represión.
La coordinación de la audiencia estuvo presidida por Diana Kordon (Liberpueblo) junto con Enrique Fukman de la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos. Contó con la asistencia de un amplio arco de organizaciones sociales y políticas que en una extensa ronda de intervenciones, dieron testimonio de cómo con este gobierno se ha incrementado el procesamiento de luchadores populares, la criminalización de la protesta social y la tercerización de la represión.
Tal como se relató en la audiencia, en la Argentina hay 5 mil personas que padecen persecución penal, ya sea en carácter de imputados, procesados o condenados, por movilizarse en reivindicación o reclamo de sus legítimos derechos. Esta tendencia represiva ha ido en aumento, a la par de la gravedad de las imputaciones penales. Por lo tanto se evaluó como “un gran avance la presentación del Proyecto de Ley como respuesta a la política represiva”. Porque además, como se denunció en las distintas intervenciones, el Poder Judicial “no protege las garantías constitucionales de los más de 5.000 compañeros criminalizados, ya que sus causas no se sostienen en fundamentos jurídicos, sino en la voluntad política de perseguirlos por luchar.”
Para la realización de este proyecto se tuvieron en cuenta todos los proyectos de ley que se han presentado para cerrar todas las causas de todos los compañeros, y se ha tenido especialmente en cuenta el “Informe Sobre Criminalización de la Protesta Social” presentado en marzo de 2012 por organismos integrantes del Encuentro Memoria Verdad y Justicia.
Testimonios de los luchadores sociales
En la audiencia estuvo presente una numerosa delegación de compañeros de la zona norte de Gran Buenos Aires, quienes fueron reprimidos en Panamericana y detenidos durante 20 horas en Campo de Mayo el jueves de la semana pasada.
Escalofriantes fueron los testimonios que brindaron distintos luchadores sociales criminalizados por el gobierno como Diosnel Pérez y Luciano Narduli, protagonistas de la lucha por tierra por vivienda en el Indoamericano; Ramón Bogado y Hermosilla de Kraft, quienes recordaron cómo estuvieron secuestrados en la empresa durante la represión de la lucha en 2009; o el testimonio de Félix Díaz, de la comunidad qom La Primavera, quien denunció cómo luego de ser perseguidos en las tierras ancestrales por la policía son imputados por el gobierno de Insfrán, con varias causas judiciales.
La investigadora Maristella Svampa, desarrolló cómo en la lucha ambiental, el gobierno criminaliza a los luchadores que defienden el agua y la tierra contra el avance megaminero y sojero.
Juan Carlos Alderete (desocupados CCC), llevó el compromiso para enfrentar la política persecutoria del gobierno para hacer justicia por los compañeros asesinados en Libertador (Jujuy), Roberto y Mario López de Formosa, Mártires López de Chaco, Mariano Ferreyra y demás luchadores de organizaciones sociales.
Marcos Mendoza de la Juventud Comunista Revolucionaria de Tucumán relató cómo le inventaron una causa judicial por lesiones graves contra un policía herido, causa por la que irá a juicio oral y público; y denunció cómo funciona un régimen feudal con el gobierno de Alperovich, apañado por el gobierno nacional.
Varios fueron los diputados que denunciaron el aval que le otorgaron a la mayoría del bloque oficial a la aprobación de la Ley Antiterrorista; y destacaron cómo a este gobierno que se autoproclama nacional y popular y defensor de los derechos humanos, va cayéndosele su máscara cuando judicializa a los luchadores que defienden sus reivindicaciones o reclaman por sus necesidades.
También se recordó el caso de judicializaciones como el de Vilma Ripoll y Néstor Pitrola, quienes padecen embargos cuantiosos por haberse solidarizado con los trabajadores de Kraft.
Patricia Walsh y Victoria Donda –ambas hijas de desaparecidos-, denunciaron como un acto perverso que el ministro de Seguridad, Berni, que luego de reprimir a los compañeros de las cooperativas en Panamericana los hayan trasladado a lo que fue el Centro de detenciones clandestino en Campo de Mayo.
Luego de las numerosas intervenciones –imposible de reproducir por su extensión–, las organizaciones reafirmaron su compromiso de confluir el 18/9 en la jornada por el compañero Julio López, desaparecido de la dictadura y de este gobierno.
