La Dra. Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Federal de San Isidro N° 1, resolvió citar a indagatoria a 59 de los detenidos ilegalmente por orden del secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni en la Panamericana el 30 de agosto, acusándolos del delito de corte de ruta previsto en el Art. 194 del Código Penal.
La Dra. Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Federal de San Isidro N° 1, resolvió citar a indagatoria a 59 de los detenidos ilegalmente por orden del secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni en la Panamericana el 30 de agosto, acusándolos del delito de corte de ruta previsto en el Art. 194 del Código Penal.
Asimismo ordenó inscribir a los 9 menores detenidos en el registro de menores judicializados, ordenando también que se realicen informes socio-ambientales respecto de las condiciones de los menores, como una forma más de humillar a las familias más pobres de la zona norte del conurbano. Esta causa se inició el 30/9/2012 luego de que trabajadores del plan Argentina Trabaja se manifestaran reclamando que se les abonara el aumento dispuesto por parte del gobierno nacional, quien había aumentado la retribución de los beneficiarios del Plan sólo en los municipios alineados con el FPV.
Luego de ser reprimidos por la Gendarmería, quien detuvo durante la represión a cuatro trabajadores, un grupo de manifestantes subió a cuatro colectivos que se encontraban en el lugar para regresar a sus hogares. En dichos micros se encontraban en su mayoría personas mayores, mujeres y niños. El resto de los manifestantes reclamaban la liberación de los primeros detenidos.
En ese momento Sergio Berni (secretario de Seguridad de la Nación, presente en el lugar) ordenó tomar por asalto los cuatro micros y detener a todos sus ocupantes. Así los gendarmes armados subieron a los micros amenazaron a sus ocupantes y tomaron el volante de los mismos.
Destino: Campo de Mayo
Así por orden directa de Sergio Berni llevaron a 67 personas (en su mayoría personas mayores, mujeres y 9 menores, desde un niño de 2 años hasta chica de 15, pasando por una niña de 4 años, entre otros) a la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales que se encuentra ubicada dentro del Regimiento del Ejercito de Campo de Mayo, que fuera durante la última dictadura militar uno de los más grandes y sanguinarios centros clandestinos de detención del país.
La Unidad de Gendarmería de Campo de Mayo, es tristemente famosa a raíz del Proyecto X, cuando salieron a la luz las tareas de inteligencia que realizaban sobre los trabajadores de Kraft durante el conflicto del 2009. Esta Unidad no cuenta con una dependencia para alojar detenidos, de manera que los 67 debieron soportar su detención dentro de los micros durante más de 20 horas, en condiciones de hacinamiento que vulneran el art. 18 de la Constitución Nacional.
El despliegue de las tropas de gendarmería, la represión que ejerció sobre los manifestantes, y las detenciones de las 67 personas, respondieron a órdenes expresas del gobierno nacional, representado sobre la misma Panamericana por su secretario de Seguridad, quien dirigió personalmente las tropas.
Frente a estos hechos dos de nuestros abogados, conjuntamente con un abogado perteneciente al GEN de San Isidro, se hicieron presentes en el Juzgado Federal de San Isidro a fin de exigir explicaciones sobre lo ocurrido y la inmediata libertad de todos los detenidos. Fueron atendidos por el secretario del Juzgado, el Dr. Pablo Fonzo, quien informó que ni el dispositivo de “seguridad”, ni el actuar de Gendarmería, ni las detenciones habían sido ordenadas por la Dra. Arroyo Salgado, habiendo tomado intervención el Juzgado una vez producidos todos los hechos y que como primera medida habían ordenado la liberación de todos los detenidos. Así el Juzgado Federal de San Isidro dejó claro quién había ordenado las detenciones: el gobierno nacional.
Al parecer algo cambió, porque ahora el Juzgado Federal de San Isidro se ha puesto a disposición del gobierno nacional para criminalizar la protesta social, ya que ha resuelto citar a prestar declaración indagatoria a los detenidos, en lugar de archivar la causa o dictar su sobreseimiento. La jueza no sólo los citó a indagatoria sino que dividió las indagatorias a lo largo de un mes y medio, a razón de 3 o 4 por día. Esta medida no es inocente y tiene como objetivo dividir a los imputados dificultando su defensa y asimismo facilitar que alguno de ellos se quiebre y declare contra sus compañeros. La citación a indagatoria es el paso obligatorio previo para procesarlos.
Existen buenas condiciones para enfrentar esta causa, y lograr el cierre de la misma, pero para aprovecharlas debemos trabajar con la mayor amplitud y salir a denunciar la política represiva del gobierno nacional que mientras se declara nacional y popular reprime y detiene a personas mayores, mujeres y niños, de hasta 2 años de edad, en una Unidad militar que fue utilizada como campo de concentración durante la última dictadura.
Como parte de las actividades para luchar por la absolución de todos los compañeros y el cierre de esta infame causa, ponemos a disposición un petitorio a fin de recabar todas las solidaridades que podamos conseguir (ver en Internet). Los petitorios se pueden hacer llegar a liberpueblo@yahoo.com.ar o a Av. Rivadavia 2206 Piso 5° Dto. “A”, de Capital Federal.
