A principios de octubre el gobierno provincial presentó un anteproyecto de reforma de la Constitución que presenta una serie de cambios a modo de “pantalla” para lograr cierto apoyo y ocultar, a través de una serie de “fuegos artificiales”, el claro objetivo de impulsar la reelección del gobernador. Esta reforma no busca, por lo tanto, solucionar los graves problemas que atraviesan el pueblo de Mendoza y la patria, sino por el contrario taparlos y profundizarlos.
A principios de octubre el gobierno provincial presentó un anteproyecto de reforma de la Constitución que presenta una serie de cambios a modo de “pantalla” para lograr cierto apoyo y ocultar, a través de una serie de “fuegos artificiales”, el claro objetivo de impulsar la reelección del gobernador. Esta reforma no busca, por lo tanto, solucionar los graves problemas que atraviesan el pueblo de Mendoza y la patria, sino por el contrario taparlos y profundizarlos. El proyecto del Ejecutivo para impulsar la reelección del gobernador se ha transformado en una prueba de ensayo de los intentos de re-reelección de la presidenta Cristina Fernández.
La ofensiva del gobierno provincial ha encontrado como obstáculo el rechazo de gran parte de los partidos de la oposición (la reforma necesita la aprobación de dos tercios de las cámaras legislativas para ser puesta en consideración por el electorado) y por el importante desacuerdo expresado en los cacerolazos del 13/9 y el 8/11.
El debate sobre la reforma ha removido el tablero político y demuestra la complejidad de la situación y los distintos intereses en juego. Por una parte, ha puesto a foco la agudización de la interna del PJ y la disputa de las distintas corrientes que existen por la sucesión de la gobernación y el control del partido, que se expresa en las peleas entre los “azules” de Mazzón, la corriente del vicegobernador (junto a los intendentes de Guaymallén y Las Heras) y los grupos ultrakirchneristas, entre otras. En general todos apoyan la reforma como parte de un plan nacional y disputan al interior de la provincia. Así mientras unos apelan a la reelección del gobernador como una forma de apaciguar los enfrentamientos internos en el PJ y el gobierno y mantener unidas en torno al gobernador las distintas corrientes internas del PJ, otros ante el rechazo popular plantean “que no hay ánimo para una reforma”, como ha dicho el vicegobernador Ciurca, con claras intenciones de prenderse a la carrera por la gobernación.
Por otra parte, la oposición legislativa ha sufrido sus propias internas. Las divisiones en la UCR entre quienes están a favor (Iglesias, Fayad) y en contra (Cobos, Cornejo) ha dividido al bloque de legisladores radicales. La pelea tiene como trasfondo la presión de los K y las diferencias en torno a las posibles alianzas para el 2013 (FAP, PJ Federal, Partido Demócrata, etc.).
Hacer pasar el proyecto de reforma como un antecedente de la posibilidad de lograr la re-reelección de Cristina no es un tema menor ya que si no consiguen superar el 40% de los votos para controlar las cámaras legislativas, Cristina no podrá presentarse a un nuevo mandato y el oficialismo no cuenta con sustitutos que garanticen la continuidad de su proyecto.
Cambiar algo para que no cambie nada
La reforma presenta una serie de modificaciones, algunas de carácter totalmente formal, otras encubren políticas y leyes que el propio gobierno no cumple y otras son absolutamente reaccionarias.
Por ejemplo, se plantea incorporar derechos laborales tales como “igual salario por igual tarea” o “estabilidad en los empleos públicos”. Sin embargo es el propio Estado el mayor promotor del trabajo precario con contratos “basuras” y salario en negro. O plantea el derecho a la salud y una “protección integral”, mientras los centros de salud y hospitales están devastados.
El anteproyecto habla de los derechos de género y de la “defensa de la mujer” y los propios legisladores del oficialismo han rechazado la aplicación de la ley de Aborto No Punible y continúan sin declarar la emergencia en violencia contra las mujeres, mientras se han multiplicados los casos de trata y continúan sin aparecer Johana Chacón y Soledad Olivera.
Se propone incorporar “derechos del usuario y la defensa del consumidor”, cuando acaban de anunciar el aumento del gas que en algunos casos llega al 700% con el aval del gobierno, y venimos de atravesar el escándalo por el nombramiento del fiscal de Estado vinculado a los negociados de Vila-Manzano en perjuicio de los recursos de la provincia.
La reforma habla de los “derechos de los pueblos originarios” y plantea entre otras cosas “reconocer la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan”. La frase, con sus tiempos verbales confusos, plantea en los hechos reconocer las tierras en las que hoy están, no las que históricamente tenían. Mientras todavía continúa el conflicto por el otorgamiento de tierras para las comunidades huarpes.
Se plantea la entrega de tierras fiscales a pequeños productores pero no se cuestiona el gigantesco latifundio existente. Por el contrario, el gobernador ha propuesto otorgar tierras a través del remate de aquellas propiedades que adeuden impuestos. El proyecto planteaba afectar a propiedades mayores de 10 has por lo cual, sin diferenciar realmente a los grandes de los chicos, se propone rematar propiedades de pequeños y medianos productores que por la situación económica y la política agropecuaria del gobierno no logran mantener sus propiedades.
La propuesta constitucional del gobierno plantea “ampliar la democracia” a través de incorporar nuevos mecanismos como consultas populares, audiencias públicas y revocatoria de mandatos. Sin embargo deja establecido que son el Poder Ejecutivo y Legislativo quienes decidirán en qué caso utilizarlos, con lo cual pasan a ser instrumentos absolutamente formales que no serán utilizados para decidir sobre los asuntos fundamentales del Estado. Por otra parte, se mantiene el carácter de no vinculante de las audiencias públicas, como vimos los mendocinos cuando se trató el proyecto de la minera San Jorge en Uspallata. Como esencia del carácter del gobierno, se mantienen los decretos de necesidad y urgencia a pesar de que digan limitarlo.
En otra parte, el proyecto propone ampliar los derechos democráticos y las “garantías constitucionales”, con recursos que ya existen como el Habeas Data y el Habeas Corpus; pero al mismo tiempo el gobierno se enmarca en la ley antiterrorista y ya tiene media sanción la modificación del Código Contravencional que se adecua a esa ley. También plantea la autarquía judicial para desvincularse de su financiamiento como si la Justicia fuera una empresa.
Por último, se plantea una reforma política, que busca adecuar la ley proscriptiva nacional de las primarias abiertas a la provincia, buscando dejar afuera los partidos chicos que no cuentan con aparatos y recursos. En ese marco se propone una serie de medidas como la boleta única, el financiamiento de los partidos, el voto electrónico (que profundizará el fraude electoral), el desdoblamiento de las elecciones y la posibilidad de realizar una sola reelección para los mandatos. También se propone un aspecto positivo como el voto optativo a los 16 años.
Los cambios provienen de la lucha
La reforma de la constitución no busca enfrentar la actual crisis, no plantea recuperar nuestros recursos estratégicos ni las empresas de servicios esenciales. No se propone enfrentar el latifundio ni desarrollar una industria local que fomente la producción y el desarrollo independiente.
A su vez, la mayoría de las problemáticas que el gobierno intenta abordar en el proyecto constitucional podrían ser solucionadas sin la necesidad de modificar la constitución, como es el caso de la situación de la salud, la educación, la falta de trabajo, entre otros temas.
Nada dice el proyecto de la injerencia de la nación sobre las provincias y nada plantea el gobernador sobre la necesidad de una nueva ley de coparticipación que termine con el saqueo nacional y reintegre a las provincias el 50% de sus recursos, lo que implicaría un incremento inmediato del 25% de nuestro presupuesto provincial.
Desde el PCR y el PTP rechazamos la reforma porque no busca solucionar los problemas del pueblo y Patria. Por el contrario, tiene una intención de profundizar las medidas proscriptivas. El objetivo del gobierno es lograr hacer pasar la reelección ya que busca solucionar una gran dificultad que tiene para sus planes que es la continuidad de Cristina y la interna del PJ.
La reelección en sí no define el carácter democrático o no del proyecto. El carácter verdaderamente antidemocrático y antipopular se encuentra, entre otros, en el artículo que plantea “que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes”, definiendo la esencia de su carácter de clase.
Las grandes conquistas del pueblo, que en distintos momentos y por distintas causas, se han expresado en la Constitución, se han logrado por grandes luchas sociales. Frenar el proyecto de la minera San Jorge y mantener laLey 7.722 contra la megaminería saqueante y contaminante se logró por las puebladas del 2007 en el sur de nuestra provincia y por las gigantescas luchas sociales. Ese es el camino para enfrentar las actuales políticas de ajuste del gobierno y avanzar en la solución de los graves problemas del pueblo y la Patria.
