El juicio por jurados está establecido en la Constitución de la Nación Argentina, pero jamás se reglamentó. Lo que ocurre, que en el tema de la trata, de la droga, y del lavado y la corrupción, las formas judiciales se han mantenido desde la dictadura casi intactas.
Sobre este tema, como en otros, en sus casi diez años de gobierno el kirchnerismo se ha hecho el distraído. Ahora, quieren utilizar el tema del delito de la trata y la prostitución, no para desmontar la trama político-policial que lo ampara y de la que nunca se hicieron cargo, poniendo sólo por blanco algunos de los jueces que están al servicio de esa trama político-policial, como los que quedaron al desnudo en este bochornoso juicio.
Además quieren utilizar esto, no como dicen para “sanear” la Justicia –pues para ellos hay corruptos malos o buenos, según sea su afinidad con el gobierno (como el más destacado caso del juez Oyarbide)–, sino para avanzar sobre otros jueces, para subordinarlos o echarlos y poner otros afines a su nueva hegemonía que están construyendo.
En cambio nosotros, los comunistas revolucionarios queremos democratizar en serio, como lo plantea nuestro Programa:
“La justicia popular se ejercerá a través de los tribunales populares. Los jueces y miembros de estos tribunales serán electos por los consejos y asambleas populares, siendo sus cargos revocables sólo por estos organismos. Tendrán plena independencia para realizar su labor específica. Se establecerá el juicio por jurado. Los acusados serán juzgados en forma oral y pública. Gozarán de amplias garantías de defensa. El domicilio privado será inviolable salvo expresa orden de los tribunales populares y la seguridad personal será garantizada por la aplicación del habeas corpus y el derecho de amparo. Se prohibirá todo tipo de torturas y se castigará severamente a los que violen esta disposición. Los crímenes contra el pueblo son imprescriptibles” (Programa 11 Congreso, febrero de 2009).
