Como constata Amnistía Internacional en su Informe del 2006… en las cárceles del Perú se aplican tratos crueles, humillantes e inhumanos”.
Las prisioneras políticas de la cárcel de Chorrillos lo saben bien: día tras día lo padecen, como lo padece todo el pueblo (ver nota aparte). El régimen reaccionario de Alan García es, en esto, una simple continuidad de la dictadura de Fujimori.
En un comunicado de diciembre de 2007, las presas políticas del Pabellón B de Chorrillos denuncian el verdadero objetivo de las llamadas “leyes antiterroristas”: “Congruente con la política de reaccionarización del Estado, que usó y usa la llamada legislación antiterrorista como un instrumento de la guerra contrasubversiva y utiliza la etiqueta de “terrorismo”, en función de su política de criminalizar la protesta popular.
Con los últimos decretos legislativos de julio del 2007, da un paso más en la extensión de ese derecho penal del enemigo a otros sectores de la población: limitando las garantías mediante incomunicación, interceptación de comunicación, restricción al derecho de defensa, prisión preventiva prolongada (de hasta 14 años en casos de terrorismo), presunciones… testigos sin rostro… magistrados y acusadores anónimos, imputaciones de coprocesados, de “arrepentidos”, de espías, denuncias anónimas, sanción de actos preparatorios…”.
Los mencionados decretos reintrodujeron el criterio de persecución por ideas: aquellos que arbitrariamente y sin previo juicio la Junta de Clasificación Penitenciaria los considere “vinculados”, aunque hayan sido procesados serán sometidos al “régimen cerrado especial” (de máxima seguridad).
“Últimamente en el Penal de Piedras Gordas –señalan las presas– el Dr. César Orozco, mercenario que regresó de Irak, actuando al margen de la ley, atropella el derecho de visita y atentando contra la dignidad humana hostiga a los familiares de los presos haciendo revisiones vejatorias, haciendo “ranear” a las mujeres, incluso a las embarazadas, y en forma prepotente y arbitraria mantiene a los presos encerrados en celdas 20 horas”.
Ante el ascenso de la lucha popular, los sectores oligárquicos del Perú tratan de generar opinión pública en favor de leyes aún más represivas y —como denuncian las presas de Chorrillos— usan la legislación “antiterrorista” en la pugna de facciones con vistas a la contienda electoral de 2011 y para aplastar la oleada de luchas populares.
02 de octubre de 2010
