El pasado 20 de noviembre, el terrateniente Darío Amín, asesino de Chocobar, volvió a entrar en el paraje El Chorro, territorio de la comunidad indígena Los Chuschagastas (Trancas – Tucumán). Esta vez con una orden de inspección firmada por el juez federal subrogante Mario Leiva Haro y alrededor de 15 gendarmes.
En clara actitud provocadora, Amín, custodiado por fuerzas federales, se presentó en el mismo lugar donde el 12 de octubre de 2009, junto a dos ex policías vinculados a grupos de tareas de la dictadura, atacó a balazos a miembros de la comunidad indígena, asesinando a Chocobar e hiriendo gravemente a Emilio y a Andrés Mamaní. A pesar de estar imputado, la justicia tucumana resolvió dejar en libertad a los asesinos hasta que se efectivice el juicio oral (hoy demorado por un recurso de casación). Es tal la impunidad con la que cuenta Amín que hasta se le permitió pasar por la casa del comunero asesinado y mostrarse ante su familia.
Este hecho no es aislado, la comunidad indígena viene sufriendo constantemente amenazas y hostigamientos por parte de terratenientes locales que, como en el caso de Amín, tienen fuertes vínculos con el gobierno provincial, la policía y el poder judicial. A pesar de estar vigente la emergencia en materia de tierras comunitarias indígenas ordenada por la Ley 26.160, en Tucumán continúan los desalojos y avances sobre los pueblos originarios.
En repudio de estas medidas, la comunidad indígena Los Chuschagastas, junto a la Unión Diaguita, convocan a marchar a la casa de gobierno para exigir justicia por Chocobar y cárcel a sus asesinos, y el reconocimiento de la propiedad comunitaria de sus tierras. Invitamos a todas las organizaciones políticas y sociales, populares, campesinas y de pueblos originarios a participar y mandar sus adhesiones.
