La realidad de un rubro como la agroindustria que factura millones pero mantiene a los trabajadores en condiciones precarias. Aquel 15 de noviembre de 2007, Ramiro fue a trabajar como lo hacía desde los últimos dos meses en los que había ingresado como operario a la planta de la cerealera Vicentín, en Ricardone, cerca de la ciudad de San Lorenzo, de donde era oriundo.
La realidad de un rubro como la agroindustria que factura millones pero mantiene a los trabajadores en condiciones precarias. Aquel 15 de noviembre de 2007, Ramiro fue a trabajar como lo hacía desde los últimos dos meses en los que había ingresado como operario a la planta de la cerealera Vicentín, en Ricardone, cerca de la ciudad de San Lorenzo, de donde era oriundo.
Como gran parte de los obreros de la agroindustria, al puesto lo había conseguido a través de una empresa contratista, la firma Adecco. Una de las tantas que realizan la mayoría de las tareas de limpieza y mantenimiento de manera tercerizada en las grandes industrias del ramo. Lo que nunca imaginó Ramiro ni su familia es que allí, donde fue a buscar su sustento diario, encontraría la muerte.
Según afirmaron algunos de sus compañeros de trabajo, dos de los operarios más veteranos del grupo se negaron a realizar la tarea que le encomendaron finalmente a él. La misma consistía en entrar en el silo Nº 8 y cumplir la función de “chucero” del depósito.
Susana Burgueño, madre del muchacho, comentó al respecto: “Los amenazaron y les dijeron que al que se negaba a entrar lo iban a echar. Y Ramiro aceptó para evitar que lo despidieran. Burgueño y Gamarra, un compañero, se introdujeron en el silo con sus respectivas lanzas para “romper el vacío” que se produce en el lugar cuando el grano o el pellet se apelmaza e impide que fluya el producto hacia las cintas transportadoras. Una vez adentro, se pararon arriba de una parva de unos siete metros y con sus lanzas intentaron desbloquear la carga. Cuando rompieron el “vacío”, la montaña de cereal se los tragó, dejándolos enterrados bajo toneladas de pellets, el desperdicio de lo que queda del prensado de girasol.
El compañero de Ramiro logró sobrevivir tras permanecer más de cuatro horas sepultado respirando por una rejilla por la que los bomberos le pasaban oxígeno. Pero él murió asfixiado.
“En el velatorio hubo una persona que me dijo que en ese cajón tendría que haber estado él y no mi hijo”, contó Susana. El muchacho que le habló era un compañero de trabajo que tenía un bebé de nueve meses y se resistió a entrar. Pero la presión de la amenaza de despido hizo que Ramiro ingresara.
“El trabajo lo tenía que hacer desde abajo y lo mandaron a hacer por arriba y fue por eso que Ramiro fue chupado por el cereal. No tenían nada de seguridad. Conocí personas que lo hicieron pero con una máscara de oxígeno”, aseguró Susana.
Según declaró a medios locales Cristian Tombolini, abogado de la familia: “No tenían ni siquiera un arnés o un cabo de vida, algo que quedó demostrado con el testimonio de los bomberos que sacaron a los operarios debajo de la montaña de pellets”.
Versión que fue corroborada por el juez en lo Penal Correccional de San Lorenzo, Juan José Tutau, quien en noviembre de 2008 procesó por “homicidio culposo” a Sartor y Zolfo, supervisor y jefe de seguridad del Área de Seguridad de la aceitera Vicentín.
¿Hecha la ley?
El fallo fue inédito en la agroindustria, un sector en el cual casos como el de Ramiro se han naturalizado, como reconoció en aquel momento el propio ministro de Trabajo y Seguridad de Santa Fe, Carlos Rodríguez. “El agro tiene la segunda causa de mortalidad de trabajadores en la Argentina. Las muertes en silos son conocidas en sus causas desde hace infinidad de tiempo”, expresó.
“Después de inspeccionar la planta, ordenar peritajes con especialistas en seguridad e higiene y tomar testimonios a obreros y bomberos, el juez concluyó que estas dos personas no cumplieron con la obligación de brindar a Ramiro Burgueño los elementos de seguridad para que su vida no corriera riesgo”, expuso Tombolini.
A cinco años de aquel triste hecho, Susana Burgueño hizo un balance de la actuación de la Justicia y afirmó que “no podemos decir que no se hizo justicia; el tema es que sobre los responsables de la muerte de mi hijo cayó una ‘probation’ y sólo tienen que pagar por sus actos con trabajo comunitario. Es una burla”. A su vez, pidió un cambio en la ley para que esto no volviera a suceder.
Los familiares y amigos de Ramiro junto a organizaciones de la zona confeccionaron un petitorio que fue elevado al Congreso de la Nación, debido a que el tipo de accidente que sufrió no figura en el Código Penal. “El caso de Ramiro será un caso testigo para que quede como un precedente. Nosotros hemos juntado 9 mil firmas para que el caso figure en el Código Penal, y la idea es que se caratule como homicidio culposo de comisión por omisión”, dijo Susana. Esta figura legal encuadraría al homicidio que se comete por omitir medidas de seguridad, lo que obligó a utilizar en el juicio jurisprudencia de leyes alemanas, uruguayas, etc. “La ley que lo podría haber cubierto desapareció con las ART”, explicó.
Otros Ramiros
El caso de Ramiro no es el único: Jonatan Iván Rojas, un chico de 18 años, murió aplastado en el establecimiento La Esperanza en Álvarez; Carlos Fabián Bustamante, quedó atrapado dentro de un silo donde se almacena gluten de la firma Cereales Rodríguez en Soldini; Elvio Dezzotti, de 75 años, en la misma empresa; Rubén Montenegro, trabajador de la Uocra, murió en la planta Renova de Timbúes atrapado en una planta de molienda; y Oscar González, de 22 años, falleció cuando una montaña de madera se derrumbó y provocó un incendio que causó su muerte en la terminal de la empresa Noble, ubicada también en Timbúes. Estos son ejemplos de que la seguridad no parece ser una prioridad en la agroindustria.
En el Gran Rosario, según un informe del IPEC (Instituto Provincial de Estadísticas y Censos), el porcentaje de trabajadores a los que no se les realizan los descuentos jubilatorios asciende al 13% y son los “contratados” o trabajadores con contratos temporarios los más afectados por esta modalidad de trabajo precario (el 87,7% no tiene descuentos jubilatorios). En tanto que en el sector de los asalariados, cuyos contratos laborales no tienen fecha de vencimiento, dicho porcentaje disminuye fuertemente al 14,1%. También, la tasa de subocupación es otro indicador de precariedad laboral, alcanzando el 7,5% y el 8,7% en el Gran Rosario y el Gran Santa Fe respectivamente, y predominan fuertemente los subocupados demandantes en ambos aglomerados.
Y lo peor de la situación es que la tendencia no tiene perspectivas de cambio. Los nuevos trabajadores, aquellos que consiguieron empleo en los últimos tres meses, lo viven casi todos. Dos de cada tres accedieron a un trabajo sin descuentos jubilatorios.
Según afirmaba en 2007 Daniel Santillán, del sindicato de Petroquímicos y miembro de la CGT San Lorenzo: “No nos asombra porque al tema de las inversiones en seguridad estas empresas del cordón industrial nunca lo han tenido en cuenta; no les interesa. Para ellos es más fácil pagar una muerte que realizar inversiones en capacitación. Lo mismo pasa con la contaminación ambiental y los accidentes, que muchas veces no se denuncian porque tienen empresas tercerizadas dentro de las fábricas”.
Vicentín
La empresa Vicentín, donde dejó su vida Ramiro, nació en 1929 en Avellaneda, al norte de Santa Fe, e incorporó en la producción de aceites el proceso de extracción por solventes, lo que posibilitó la apertura de su segunda planta en Ricardone. Con su propia Terminal de Embarque en San Lorenzo creció y se expandió en el rubro algodonero. El último salto fue incursionar en la producción del herbicida glifosato y los insecticidas endosulfán y cipermetrina en baldes de 20 litros.
Según el informe de la revista Mercado de 2012, sobre las mil empresas que más dinero ganan en nuestro país, Vicentín, ubicada en el lugar 30, facturó en 2011, 8200 millones de pesos, lo que implica 15.817 pesos por minuto.
La agroindustria es un sector con una alta tasa de servicios tercerizados, y en la cual, según denuncia la CGT San Lorenzo, muchos de los trabajadores que figuran en mantenimiento realizan tareas de producción donde sus vidas parecieran no ser un costo importante para las empresas. La mascarilla que hubiese salvado a Ramiro cuesta en el mercado menos de cien pesos.
“Vamos a hacer campañas de concientización en las escuelas e institutos para que las nuevas generaciones defiendan la vida y no la plata de los patrones”, finalizó Susana Bargueño.
