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13 de febrero de 2013

Un acuerdo de patas cortas

Ante el fracaso del control de precios

En su regreso al atril de Casa de Gobierno, el 25 de enero, sin hacerse cargo de la inflación la Presidenta les recomendaba a los consumidores hacerles “el vacío” a los comerciantes que aumentaran porque, dijo, lo compulsivo nunca había sido eficaz. “Porque, ¿sabés qué? –se explayó ante los enfervorizados aplausos de La Corte de incondicionales–, si no te defendés vos, no te defiende nadie. Ya está demostrado, con el paso de la historia, que obligar y acordar no sirve”.

En su regreso al atril de Casa de Gobierno, el 25 de enero, sin hacerse cargo de la inflación la Presidenta les recomendaba a los consumidores hacerles “el vacío” a los comerciantes que aumentaran porque, dijo, lo compulsivo nunca había sido eficaz. “Porque, ¿sabés qué? –se explayó ante los enfervorizados aplausos de La Corte de incondicionales–, si no te defendés vos, no te defiende nadie. Ya está demostrado, con el paso de la historia, que obligar y acordar no sirve”.
Apenas una semana después, con su secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, tras las bambalinas, hizo que el lunes 4 de febrero, temprano a la mañana, las principales cadenas de supermercados anunciaran un acuerdo para congelar sus precios por dos meses. Así y hasta el 1° de abril regirían los mismos precios que ya estaban en las góndolas desde el viernes anterior (1° de febrero). El compromiso fue firmado por Carrefour, Coto, Jumbo, Disco, Walmart, Súper Vea, Toledo y La Anónima, pero también alcanzaría a otras cadenas más chicas.
“Siguiendo con su continuo compromiso con el país y con todos sus habitantes, las compañías agrupadas en la ASU (Asociación de Supermercados Unidos) incrementan sus ya reconocidos esfuerzos y en virtud de ello se ha acordado con la Secretaría de Comercio Interior mantener a nivel nacional los precios existentes al 01 de febrero del 2013 hasta el 01 de abril del 2013”, comunicaron las empresas, sin dar más detalles.
Aunque en un principio se pensó en esta medida sólo para productos de primera necesidad (de la canasta alimentaria y artículos de higiene y limpieza), los supermercadistas decidieron ir un paso más allá y hasta incluyeron a los electrodomésticos en el “acuerdo”.
De esta forma, habrían quedado suspendidas hasta abril las autorizaciones de aumentos que venía “otorgando” Moreno. El funcionario dividía los precios de los productos en tres categorías: masivos, selectivos y premium. A los primeros decía autorizarles un 7% al año, a los segundos un 14% y a los más caros, un 18%. Ese incremento solía venir escalonado en dos o tres tandas, y sólo era respetado para algunos productos y en algunas sucursales de las grandes cadenas. Por lo que se ha venido agrandando la “dispersión de precios”, año a año, no sólo entre los productos de distinta calidad sino también entre los distintos comercios.
El acuerdo anunciado ahora no retrotrae los precios de los supermercados a los niveles anteriores a la escalada de los últimos meses, ni siquiera los aumentos que se produjeron en el mes de enero. Solo promete congelarlos a los elevados precios del 1° de febrero y por el breve lapso de 60 días.
De todas maneras, al propugnar el acuerdo, el Gobierno está admitiendo que la inflación es una realidad diaria, al tiempo que trata de presionar sobre las paritarias, para que no “excedan” el tope del 20% “sugerido”. Además, para que evitar las comparaciones “odiosas” en los precios, prohíbe (perdón, Moreno sólo “aconseja”) la publicidad sobre los mismos, con lo que la “recomendación” de la Presidenta a los consumidores se suspende también por 60 días. De paso, como no da puntada sin hilo, le quita una fuente de financiación a los diarios de “la Corpo” (principalmente Clarín y La Nación).
Pero, las subas de precios están alimentadas por el propio Estado que además de su recurrente déficit y concordante “flexibilidad monetaria”, los últimos meses incrementó las tarifas del transporte automotor y ferroviario, de los combustibles, autorizó aumentos generalizados desde peajes hasta alimentos, aceleró la devaluación del peso, además de las subas de impuestos de provincias y municipios.

Un camino trillado
No son una novedad los “acuerdos” de esta naturaleza. La “película” actual se inició a fines de 2005, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, cuando los precios minoristas se empinaron ese año aumentando el 12,3%, el doble de la inflación de 2004.
Inicialmente, los acuerdos estaban limitados a una lista de 250 productos. Después fue ampliada a todos los artículos que comercializan los supermercados y luego se extendió a otros rubros. Y fue renovada extendiéndose durante todo 2006, lo que no impidió que los precios siguieran subiendo (en 2006 la inflación fue del 9,8%) y que el supuesto “control” de la inflación terminara de la peor manera: a principios de 2007, el Gobierno intervino el Area de Precios del Indec porque informaba que los precios seguían aumentando, poniendo de relieve que el acuerdo de precios no pasaba del papel.
Así del “control” de precios se pasó al “control” o manipulación de la estadística de precios. Desde entonces los precios minoristas, medidos por las Provincias aumentaron el 226%, mientras para el Indec el aumento sólo fue del 68,7%. Una brecha que se agranda mes a mes.
El problema de fondo sigue siendo la inflación, de la que el gobierno no quiere hacerse cargo. En estas condiciones, el control de precios, y más aun “acuerdos de precios” con el último eslabón de la cadena de comercialización, como en este caso, sólo sirven de caldo de cultivo para la especulación y mayores distorsiones de precios, por lo que terminan en un fracaso.
Por eso lo primero que hay que hacer es acabar con la inflación con una reforma monetaria como proponen el PTP y el PCR, acompañada de un control de cambios racional y la nacionalización del comercio exterior y del crédito, para poner los recursos a favor del bienestar del pueblo y la producción nacional. Sólo en este contexto puede ser viable un efectivo control de precios, con participación de las amas de casa, las comisiones internas y sindicatos, y demás organizaciones populares. Lo que requiere unir fuerzas, en las calles y en el terreno electoral, enfrentando la política inflacionaria kirchnerista, romper los topes salariales y profundizar el camino de las luchas y las puebladas, con el objetivo de conquistar un gobierno de unidad popular, patriótico, democrático y antiimperialista que haga efectivas esas medidas, para avanzar hacia la necesaria revolución de liberación nacional y social.