En el escrito que presentó el viernes 1 de febrero ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, la Argentina afirmó que si es obligada a pagarles a los fondos buitre 1.440 millones de dólares como establece el fallo del juez Griesa, la suma total a desembolsar será de 43.000 millones de dólares, es decir mayor a las reservas que tiene. Esa semana el Central había anunciado que sus activos de reservas suman 42.660 millones de dólares, sin descontar el préstamo de “recomposición” de las mismas del Banco de Basilea ni los depósitos en cuentas corrientes en moneda extranjera, lo que los reduciría a unos 33.000 millones de dólares netos.
¿Por qué ahora la Argentina sostiene que el fallo del juez compromete el patrimonio del Banco Central? Según el gobierno, el pago de los 1.440 millones de dólares a los fondos buitre sentaría un precedente para otros holdouts que todavía no hicieron juicio. Y también juicios de los tenedores de la deuda reestructurada en 2005 y 2010. Eso significaría que la Argentina debería pagar “43.000 millones de dólares en capital y en intereses de la deuda en default y la reestructurada, un monto más grande que todas las Reservas que tiene el Banco Central”, según señala en el escrito presentado.
A ese aumento en la deuda externa no computada oficialmente habría que agregar los poco más de 10.000 millones de dólares con fallos ya aplicados contra la Argentina, o en vías de hacerlo, desde el Centro de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) –tribunal del Banco Mundial que el gobierno kirchnerista nunca repudió–, al que se suma ahora el reclamo ante el mismo de la empresa imperialista española Repsol, de otros 9.500 millones de dólares, por el 50% de las acciones de YPF renacionalizadas. Todo lo cual representaría un aumento de la deuda externa argentina en 62.500 millones de dólares sobre la actualmente reconocida.
Así, si la deuda del sector público nacional en moneda extranjera computada por el gobierno al 30/6/2012 (último dato disponible de la Secretaría de Finanzas) equivalía a 112.000 millones de dólares, ahora pasaría a ser de 174.500 millones de dólares. Y la parte de esa deuda estrictamente externa, es decir radicada en el exterior, pasaría de 71.800 millones de dólares (último dato disponible del Indec) a los 134.300 millones de dólares.
El fondo buitre demandante ante el juez Griesa contraatacó reiterando que “desde el 2006 hasta ahora la República utilizó casi 40.000 millones de dólares de la reservas para pagar sus propias deudas”, por lo que considera tiene derecho a que le paguen con las reservas del Banco Central. A lo que la Argentina argumenta en su presentación que dicho fondo ignora “la complicada función de las reservas en una economía que depende de sus reservas para apoyar su moneda, para permitir que el Banco Central actúe de prestamista de última instancia para los bancos argentinos y que sirven de colchón contra shock externos…”. Para lo cual, según el balance del Banco Central, el país ya se ha quedado extremadamente corto.
No obstante, la presentación de Argentina reitera: “El Poder Ejecutivo está preparado a presentar una vez más al Congreso una propuesta para tratar definitivamente a todos los acreedores holdouts en los mismo términos que los que participaron en el canje de 2010. Esto es una propuesta concreta que le da sustancia al concepto de ‘igualdad’”.
