La acusan de violar el artículo 194 del Código Penal (corte de ruta), delito creado por la dictadura de Onganía para reprimir a las luchas que en aquel entonces llevaban adelante los obreros del ferrocarril.
La acusan de violar el artículo 194 del Código Penal (corte de ruta), delito creado por la dictadura de Onganía para reprimir a las luchas que en aquel entonces llevaban adelante los obreros del ferrocarril.
Esta causa es un fiel exponente de la política del gobierno nacional (y sus socios provinciales) de criminalizar las luchas de nuestro pueblo. Una causa llevada adelante por un funcionario que no está nombrado como juez, basada en prueba inexistente y dirigida contra Liliana Ruiz por el sólo hecho de ser una reconocida luchadora por los derechos de los más humildes de la zona.
El desarrollo de la causa demuestra que existe un interés especial del gobierno por perseguir a la CCC. Esto quedó demostrado no sólo por el rechazo de los Tribunales Federales de San Martín a todas las defensas presentadas por los abogados defensores, sino también por el hecho de que han avanzado en la elevación a juicio de la causa ilegalmente, ya que los planteos de nulidad que fueron rechazados por los tribunales de San Martín, se encuentran ahora ante la Corte Suprema quien no ha resuelto el caso.
Otra demostración del especial interés en condenar a la compañera Liliana es que la Cámara Federal de San Martín resolvió nombrar a uno de sus jueces a cargo del Juzgado de Primera Instancia a fin de firmar la resolución que elevó a juicio la causa (a raíz del planteo de nulidad de la designación del funcionario que estaba actuando como juez sin tener nombramiento). Así el Dr. Culotta (el mismo que instruyó la causa contra Ramón Bogado en 2007) firmó la resolución que elevó a juicio la causa para cubrir al abogado nombrado ilegalmente por la Cámara de San Martín (Cámara de la que Culotta es miembro).
Este especial interés del gobierno nacional por perseguir a la CCC, se demuestra también en el rápido avance de las causas contra Ramón Bogado, Jorge Penayo y María Rosario por la lucha de Kraft del 2009.
Actualmente la causa fue remitida al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín, a cargo de la Dra. Alicia Vence, para que se lleve a cabo el juicio oral contra Ruiz.
Los abogados defensores de Liliana Ruiz (miembros de Liberpueblo) han efectuado un nuevo planteo de nulidad que impedirá que el juicio se lleve delante de inmediato.
No sabemos cuándo tendrá lugar el juicio oral (depende también de lo que resuelva la Corte Suprema frente a los recursos presentados anteriormente), pero es necesario iniciar una campaña nacional de difusión y solidaridad exigiendo la absolución de la compañera Liliana Ruiz, ya que existen sobradas muestras de que los tribunales de San Martín se encuentran al servicio de la política nacional de criminalización de la protesta y avanzan a pesar de las innumerables ilegalidades que existen en la causa.
Comisión Nacional de Libertades
