Los 52 muertos se hacen presentes hoy sobre todos aquellos que, como los 703 heridos y los cientos de pasajeros que viajaban en aquella formación del Sarmiento, no podrán borrar de sus mentes las imágenes, los sonidos y hasta los olores del horror, percepciones y sentimientos que también resuenan en todos nosotros.
Los 52 muertos se hacen presentes hoy sobre todos aquellos que, como los 703 heridos y los cientos de pasajeros que viajaban en aquella formación del Sarmiento, no podrán borrar de sus mentes las imágenes, los sonidos y hasta los olores del horror, percepciones y sentimientos que también resuenan en todos nosotros.
Sobre aquel dolor inefable cayó un primer anatema: “esa costumbre de los argentinos de viajar en los primeros vagones”. Así, el ex Secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi iniciaba el viejo y triste ejercicio de culpabilizar a las víctimas, mostrando de paso su absoluto desprecio por los trabajadores. En la conferencia de prensa en la que Schiavi volvió a aparecer, esta vez junto al Ministro de Planificación Julio De Vido, y en la que no se admitieron preguntas de los periodistas, se anunció que el gobierno –en una estrategia de auto-victimización, tendiente a invertir la realidad de los hechos y a forjar el camino de su propia impunidad– se presentaría como querellante en la causa. Pocos días después la Ministra de Seguridad reproducía la inducción de culpabilidad sosteniendo que Lucas Menghini viajaba en un lugar inadecuado. Las palabras inconcebibles pronunciadas por dichos funcionarios fueron apuntaladas por la Presidenta de la Nación el siguiente lunes 27 en Rosario, después de varios días de inexplicable silencio. Cristina Fernández de Kirchner dijo entonces que el gobierno esperaría los resultados de la investigación judicial para tomar las medidas pertinentes, como si no fueran de público conocimiento el estado de abandono de los trenes de pasajeros y la cadena de corrupción vinculada a su concesión, que tiene nombres y apellidos. En el discurso de apertura de las sesiones parlamentarias atribuyó al pago de las deudas del corralito la insuficiencia de inversiones en el sector, ocultando la realidad de los subsidios millonarios que la concesionaria Cirigliano recibió durante largos años y que provienen de las arcas del Estado.
¿Es que el gobierno no se daba por enterado de las denuncias expresadas de las más diversas formas? No sólo hubo a lo largo de estos años estallidos populares espontáneos que daban cuenta del deterioro que no garantizaba las condiciones básicas para el funcionamiento seguro del ferrocarril. También la Auditoría General de la Nación y los propios delegados de los trabajadores del Sarmiento habían alertado una y otra vez sobre los peligros que se cernían y que finalmente desencadenaron la tragedia.
La política de vías férreas concesionadas a empresarios privados, iniciada por Carlos Menem, que provocó el despido de 80.000 trabajadores, la desaparición de decenas de pueblos y el saqueo del patrimonio nacional, se mantuvo sin variaciones hasta hoy.
A un año de la masacre, y a pesar de los avances de la causa penal –que al agravar los procesamientos contra los ex funcionarios Jaime, Schiavi y Luna e incluir dentro de los procesados al ex interventor de la CNRT Antonio Sícaro reconoce la ineludible responsabilidad del Estado– el Poder Ejecutivo soslaya una y otra vez, mediante un agraviante silencio, toda referencia a las víctimas. Los rimbombantes anuncios sobre el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria evitan toda mención a la tragedia. Silencio, anuncios épicos e insólita auto-victimización contrastan con la evidencia de los hechos. Más allá del discurso sobre la recuperación de los trenes “en talleres argentinos y por trabajadores argentinos”, en realidad los acuerdos sobre la compra de 409 vagones a la empresa china CRS vienen a refrendar la convicción de que el Gobierno no está pensando el sistema ferroviario en clave de reconstrucción de la industria nacional ni de protección de los usuarios.
La masacre de Once expresa de modo paradigmático un “modelo” cuya base fue impulsada por las reformas neoliberales de los años ’90, y que fue profundizada y consolidada, bajo diversas metodologías y alianzas, en los últimos diez años. No fue una fatalidad ni un accidente, sino un crimen social largamente anunciado. Desde Plataforma 2012 expresamos nuestra solidaridad con las víctimas y nos sumamos a su infatigable lucha por la verdad y la justicia. ¡Que el crimen no quede impune!
Buenos Aires, Estación de Once, 22 de febrero de 2013.
