La semana pasada terminó la etapa de los alegatos de las querellas en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra.
La fiscal María Luisa Jalbert (representante del Estado), coincidió con las querellas que representan a los familiares y a los heridos, en pedir perpetua a José Pedraza, ex jefe de la Unión Ferroviaria.
La semana pasada terminó la etapa de los alegatos de las querellas en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra.
La fiscal María Luisa Jalbert (representante del Estado), coincidió con las querellas que representan a los familiares y a los heridos, en pedir perpetua a José Pedraza, ex jefe de la Unión Ferroviaria.
Pidió la misma pena para Juan Carlos “El Gallego” Fernández; el delegado Pablo Díaz; el barra -fotografiado con Boudou- Cristian Favale; y el ferroviario Gabriel Sánchez. Mientras, requirió 10 años para Claudio Alcorcel.
La fiscal se diferenció de los abogados querellantes, al pedir penas más leves a los policías implicados en dejar una “zona liberada”, ese 20 de octubre de 2010, cuando una patota baleó a los compañeros que venían de hacer un reclamo por los ferroviarios tercerizados, matando a Ferreyra, e hiriendo gravemente a Olga Rodríguez. Los querellantes habían pedido perpetua también para los policías.
Previamente, el 22 de febrero, la abogada querellante María del Carmen Verdú había denunciado que “el fenómeno patoteril ha reemplazado a la fuerzas de seguridad en la represión durante la última década” y ello “le permite al gobierno lavarse las manos ante ataques organizados y dirigidos desde despachos oficiales, porque no hay intervención directa de uniformados”. Agregó que “hay grupos de choque paraestatales sin riesgos de manchar a las fuerzas de seguridad estatales y eso es muy útil para el gobierno que pretende aparecer como progresista”.
Paralelamente, se conoció la semana pasada el fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, dejando firme el procesamiento del ex prosecretario Luis Ameghino Escobar. Está acusado de haber manipulado el sorteo de jueces para favorecer a José Pedraza.
No dejan de sorprender parte de los planteos del abogado defensor de Pedraza, Carlos Froment, al pedir la absolución de su defendido. Al obvio planteo de que “no hay pruebas”, intentó victimizar a Pedraza como “un objetivo político y económico”, y la acusación una maniobra para sacarlo de la conducción de la Unión Ferroviaria. Froment defendió las “cooperativas” truchas, uno de los sistemas de contratación derivado del esquema de los ferrocarriles que dejó el menemismo, y que con tanto esfuerzo mantuvo este gobierno durante toda su gestión.
La gran movilización popular ha logrado sentar en el banquillo a los responsables del asesinato del militante del Partido Obrero, y es la única garantía de ir a fondo en el desmantelamiento de la tercerización de la represión, así como de conseguir justicia para tantos otros crímenes impunes de la era kirchnerista.
