Miles de trabajadores de la educación han realizado grandes movilizaciones durante el mes de febrero en distintas ciudades de México, en defensa de la educación pública y gratuita, y denunciando que la reforma “vulnera los derechos laborales”, imponiendo una evaluación que elimina el acceso automático a un puesto de trabajo, que tenían como derecho los “normalistas egresados”.
Miles de trabajadores de la educación han realizado grandes movilizaciones durante el mes de febrero en distintas ciudades de México, en defensa de la educación pública y gratuita, y denunciando que la reforma “vulnera los derechos laborales”, imponiendo una evaluación que elimina el acceso automático a un puesto de trabajo, que tenían como derecho los “normalistas egresados”.
La educación en México viene sufriendo un proceso de recortes presupuestarios y de privatización desde hace muchos años, agravado por medidas como el ACE (Acuerdo por la Calidad Educativa), pactado por la ahora detenida por corrupción, Ester Gordillo, secretaria del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y el gobierno de Calderón).
Desde distintos sectores, opositores a la conducción del gremio, han marcado el hecho que la detención de Gordillo se produjo poco después que el Congreso aprobara la Reforma Educativa planteada por el nuevo gobierno, y que más allá de la veracidad de las acusaciones –la desviación de millones de dólares de las cuentas del sindicato, la medida tiene la obvia intención de debilitar la protesta docente.
En muchas de las marchas de la semana pasada, como sucedió en Chiapas, los maestros se movilizaron contra las medidas del gobierno, festejando la detención de Gordillo, y para que se profundice la investigación por corrupción en el sindicato. En algunas ciudades como Tuxla, se sumaron padres de alumnos denunciando que los desayunos de sus hijos han bajado de calidad en las escuelas, dejando de ser calientes, para limitarse a una “barra nutritiva” y un vaso de leche.
El viernes 1 de marzo, los maestros bloquearon las puertas del Congreso del estado impidiendo la salida de diputados y del personal, con consignas como “¡Diputados y senadores, sueldo de profesores!”. Anselmo Orantes, maestro de primaria, opinó que la reforma “Es un disfraz, porque es poco lo que toca del aula, pero mucho en cuanto a los aspectos laborales, quieren vulnerarnos, así es más fácil corrernos. Quieren evaluar al maestro, pero no atienden las condiciones laborales, tenemos escuelas de cartón, niños con hambre, aulas sin luz ni ventanas; todos parejos, que evalúen también al secretario de Educación.”
Los docentes cuestionan, además, que la reforma del gobierno de Peña Nieto avanza sobre los derechos escalafonarios de los profesores, atenta contra su estabilidad laboral eliminando la inamovilidad, entre otros graves cercenamientos. A la vez, se profundiza el proceso de privatización, con el eufemismo de “Autonomía de Gestión Escolar”, que es en realidad un paulatino abandono presupuestario de las escuelas por parte del Estado y su sustitución por la legalización de las cuotas, además de la posibilidad de fuentes alternativas de financiamiento.
Desde distintas corrientes gremiales y seccionales se impulsaba un proceso de asambleas en las escuelas y centros de trabajo, para ampliar la unidad y frenar esta “reforma educativa”.
