En los más de tres años transcurridos desde la aprobación por el Parlamento de la Ley de Medios Audiovisuales impulsada por el kirchnerismo, ha quedado más claro lo que venimos analizando sobre el verdadero objetivo del gobierno: conformar un gran grupo monopólico con medios propios, estatales o de empresarios pertenecientes al grupo K, socios o aliados del mismo, desplazando al holding Clarín del control de los mismos.1
En los más de tres años transcurridos desde la aprobación por el Parlamento de la Ley de Medios Audiovisuales impulsada por el kirchnerismo, ha quedado más claro lo que venimos analizando sobre el verdadero objetivo del gobierno: conformar un gran grupo monopólico con medios propios, estatales o de empresarios pertenecientes al grupo K, socios o aliados del mismo, desplazando al holding Clarín del control de los mismos.1
La disputa por la hegemonía entre los distintos sectores del bloque de las clases dominantes desatada con la llegada de los Kirchner al gobierno requería de un paso decisivo: la lucha por el control de los grandes medios de difusión. Con la ley de medios audiovisuales, que contemplaba formalmente algunas reivindicaciones de democratización por las que los medios comunitarios han venido luchando hace mucho tiempo, el kirchnerismo aprovechó para reagrupar a distintos sectores populares, haciendo de la defensa de la ley, una defensa de la política de su gobierno; y cualquier crítica a la misma incluirla en una adhesión al holding Clarín.
De este modo, tomando algunas medidas parciales y muy limitadas vinculadas a otorgar algunas licencias a sectores comunitarios, en la mayoría de los casos afines al gobierno, el kirchnerismo fue avanzando en la conformación de un gran grupo monopólico de medios propio, al servicio de sus intereses políticos y económicos.
En estos diez años de gobierno, Néstor y luego Cristina Kirchner han usado profusamente los medios estatales como instrumentos de propaganda política. A su vez el control estatal les permitió avanzar en el armado de su grupo monopólico. Con grandes contratistas del Estado como Electroingeniería, propietaria de Radio AM Del Plata de Buenos Aires, con alcance nacional, que retrasmite su programación a 44 Radios FM; medios privados filokirchneristas subvencionados con pauta oficial: señales 360 TV, C5N, Grupo Indalo, de Cristóbal López, CN23 Grupo Szposlki, Página 12, Grupo Uno Vila-Manzano, Grupo Moneta-Garfunkel. Radios: La Red (90 % Torneos y Competencias y 10% Grupo Uno -Vila-Manzano), Rivadavia (Luis Cetrá y Grupo Uno, se desconoce %), Belgrano, Splendid, Rock & Pop, entre otros. Y medios de universidades y otros sectores correspondiente al 33 % asignado a medios comunitarios como la ONG -AM 530 (radio de las Madres), Construir TV (UOCRA) de Gerardo Martínez, AM 750 (SUTHER), radio AM770 (D'Elía), etc., la gran mayoría afines al gobierno.
Uno de los casos más significativos de este avance de amigos del gobierno sobre los grandes medios es el de Grupo Indalo, propiedad de Cristóbal López, empresario estrechamente vinculado a los negocios K desde Santa Cruz. En abril del 2012 López le compró a Daniel Hadad la señal de TVC5N, Radio 10 y la FM Vale, Mega, Pop y TKM. Esto viola el artículo 41 de la Ley según la cual las autorizaciones y licencias de servicios de comunicaciones visuales son intransferibles. Hasta la fecha el AFSCA (Autoridad Federal de Servicios Audiovisuales) presidida por el kirchnerista Martín Sabbatella no se ha pronunciado al respecto.
El traspié del gobierno en el 7D
La agenda del gobierno y también la de Clarín marcaba el 7 de diciembre del 2012 como una fecha trascendental para la comunicación. ¿Qué se jugaba realmente ese día? El 7 de diciembre dejaría de correr, de acuerdo a lo resuelto por la Corte Suprema, la medida cautelar presentada por el grupo Clarín para evadir lo establecido en el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Este artículo exige que todos los grupos empresarios mediáticos tengan un límite de 10 licencias de radio y tv abierta y de 24 por cable, lo que obligaría al monopolio Clarín, por lejos hoy uno de los grupos privados con mayor cantidad de licencias, a desprenderse de más de 200 medios. A su vez, cabe aclarar, no sólo Clarín debía hacer esto sino que existen una importante cantidad de grupos que no cumplen con la reglamentación, como Vila-Manzano, Telefónica y el grupo Prisa, entre otros. La diferencia está en que la mayoría aceptó presentar el plan de readecuación exigido por la Ley.
La desinversión que exige la ley no garantiza, como lo demuestran los hechos, la liberación del espectro en beneficio de una verdadera democratización. Lejos de hacerse efectivo el 33% que la ley define como reserva obligatoria para las entidades sin fines de lucro, el gobierno lo mantiene congelado a pesar de que hoy no hay ningún impedimento legal para su cumplimiento. A su vez, el presidente de la AFSCA aclaró que las frecuencias que se liberen no serán devueltas al Estado para que este garantice un destino distinto, sino que serán vendidas/transferidas (entre monopolios mediáticos) a quienes puedan pagarlas; por lo tanto tampoco se ampliará la disponibilidad del espectro.
Ante el fallo adverso de la Corte Suprema que fijaba el 7 de diciembre como plazo para que caiga la cautelar interpuesta por el Grupo Clarín, este apeló ante la Cámara en lo Civil y Comercial de la Nación. El 6 de diciembre, en las vísperas del publicitado 7D, la Cámara prorrogó la cautelar para el multimedios, aguando los festejos del oficialismo. El gobierno recurrió a través del per saltum a la Corte Suprema pero fue rechazado. Sigue abierta la batalla judicial respecto a la cuestión de fondo sobre la inconstitucionalidad de la ley presentada por el Grupo Clarín.
O sea que la disputa entre el gobierno, que quiere lograr el control total de los medios de difusión masiva, y Magneto, cabeza del poderoso holding que se le oponen, ha pasado a jugarse en terreno del Poder Judicial. El discurso de la presidenta en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso ha dejado claro que también ahí el kirchnerismo pretende “ir por todo”, recubriendo como lo hace siempre esta disputa con otros sectores de las clases dominantes de un relato encubridor en el que, haciéndose eco de cuestionamientos legítimos a la administración de justicia en manos de este Estado, se muestra preocupado por “democratizar” la misma.
Postergado el objetivo que se había trazado Cristina Kirchner para el 7 de diciembre, esto no ha impedido que el gobierno profundice, como señalamos anteriormente, su avance sobre los medios. Al mismo tiempo continúa con la estrategia de incluir cualquier crítica o denuncia de esta política como una adhesión al holding Clarín. Por el contrario, quienes luchamos por una verdadera democratización de los medios y de que ésta esté al servicio de los intereses nacionales y populares tenemos muy claro el papel nefasto del Grupo Clarín y la complicidad que con él tuvieron en su momento distintos gobiernos, incluyendo el de Néstor Kirchner.
El grupo Clarín y su relación
con el poder
Es suficientemente conocida la relación del Grupo Clarín con la dictadura violovidelista, a partir de lo cual junto con La Nación se apropiaron espuriamente de Papel Prensa.
En épocas más recientes, el Grupo Clarín fue rescatado dos veces de sus acreedores, como una de las grandes empresas endeudadas, cuyos costos pagamos todos los argentinos. Primero, en el 2002, fue salvado por Duhalde con un decreto que licuó las deudas a más de 40 empresas monopólicas de capital extranjero o capital intermediario. Luego en el 2004, Kirchner lo volvería a salvar con la aprobación de la reglamentación de la ley de “Defensa del Patrimonio Cultural”; en “agradecimiento” el Grupo le obsequió el diario Página 12 y más tarde el Canal de noticias Crónica TV.
En mayo de 2005, la presidencia de Néstor Kirchner, a través del decreto 527, suspendió el plazo que exigía un nuevo llamado a licitación para explotar los medios audiovisuales de comunicación. La consecuencia fue una prórroga de diez años a esos mismos grupos. En 2007, Néstor Kirchner por medio de la resolución 257/2007, le permitía a CableVisión (empresa de cable del Grupo Clarín) adquirir Multicanal y transformarse así en el mayor operador de cable de la Argentina y uno de los principales de la región.
La relación del gobierno con el grupo monopolista Clarín se fisuró, con el feroz enfrentamiento empresarial por el control de Telecom Argentina y, en especial, el manejo del millonario negocio del Triple Play (internet, TV y teléfono a través de señal digital). Esta ruptura se expresó políticamente en el enfrentamiento entre Clarín y el gobierno durante el 2008 durante la rebelión agraria contra la resolución 125.
Hoy el cableado nacional pertenece a Telefónica, Telecom y a las empresas privadas de cable, la inmensa mayoría en manos del Grupo Clarín (Cablevisión y Multicanal), Pierri (Telecentro) o del Grupo Vila-Manzano-De Narváez (Supercanal).
Telefónica está contraviniendo la ley de medios al ser propietaria del canal de aire Telefé cooptado en este momento en gran medida por el gobierno.
Aplicación de la Ley de Medios
Desde la aprobación de la Ley, el gobierno no aplica muchos aspectos de la misma que podría haber hecho ya que no están incluidos dentro de la cautelar interpuesta por Clarín. Por ejemplo, no elaboró el Plan Técnico que correspondía que lo hiciera la CNC (Comisión Nacional de Comunicaciones), antes de llamar a concurso. Las frecuencias de radio (AM y FM) y las de TV, se debían asignar según la ley de acuerdo a categorías (que tienen que ver con la potencia de los equipos, la zona a la que se llega y su densidad de población) con una cantidad para las más altas y otra para las más bajas. Por lo que tenemos que analizar en cada zona, en cada provincia, en cada localidad, en qué consiste ese porcentaje, para exigir lo que corresponde a los medios populares de difusión.
A su vez, las bases y costos de los pliegos para los licenciatarios, carpetas de presentación, etc., que se han publicado (TV Resol. 685/11, 686/11, radios Resol. 1655/11 y 1926/11) son una de las forma de limitar las posibilidades de expresiones populares, porque están pensados con la lógica de medios comerciales, sin diferenciación entre las entidades con y sin fines de lucro. Para tener una idea, en el caso de los canales comunitarios de TV, el costo de las licencia es de $42.000 (hasta el año pasado era de más de $140.000), una cifra astronómica para un canal de una organización social.
Tampoco está definido cómo se distribuirá el 66% del espectro restante. La nueva ley no especifica cuánto le corresponde a los medios de “derecho público” (estatales y no estatales: nacionales, provinciales y municipales, universitarios, de la Iglesia católica y los pueblos originarios) y cuánto a los definidos como “privados con fines de lucro”.
Hay que diferenciar las disputas entre los grupos monopólicos que verán recortadas las cantidades de licencias que podrá tener un solo dueño (de 24 a 10), de la lucha que nos implica a los que estamos interesados en una verdadera democratización del espectro comunicacional y que deberán librar los pequeños y medianos radiodifusores que ya están en el aire, y todos los que aspiramos a contar con medios que permitan que se expresen en su diversidad los distintos sectores populares.
No negamos que ha habido algunos avances desde la aprobación de la Ley. Por ejemplo, se adjudicaron radios a comunidades de pueblos originarios, 16 de ellas ya en el aire, y 80 en procesos de instalación; también se adjudicaron 120 radios a entidades educativas, 40 ya en el aire y 80 en proceso de instalación. Muchas de ellas fueron asignadas a sectores afines al gobierno, pero es uno de los aspectos donde debemos luchar porque es posible conseguir, y ya hay ejemplos de ello, radios, productoras y canales de tv digital para organizaciones comunitarias y populares.
Sin embargo, los principales beneficiarios hasta hoy han sido otros grandes grupos mediáticos afines o aliados al gobierno. Es llamativo el crecimiento del Grupo Telefónica, muy favorecido en el proyecto inicial de ley de medios en un artículo en el cual el gobierno tuvo que dar marcha atrás, y ahora exento por el momento de las adecuaciones y desinversiones que tiene que realizar, por ejemplo, como titular del canal de aire Telefé, explícitamente violatorio de la ley.
A su vez, vemos cómo a través del Ejecutivo, a pesar de estar suspendidos los mecanismos para acceder a licencias para televisión, se siguen entregando Permisos Experimentales de TV Digital y utilizando las plataformas digitales públicas de modo discrecional y en forma arbitraria, beneficiando a sectores ligados al Gobierno. Son claros los ejemplos de las señales 360 TV, C5N de Cristóbal López, CN23 y CONSTRUIR TV (UOCRA) de Gerardo Martínez, entre otros; mientras que el sector de los medios Comunitarios, Alternativos y Populares, sigue sin ser atendido en sus demandas. Los pliegos de bases y condiciones para los concursos abiertos que se han publicado no contemplan, tal como exige la nueva ley, la diferenciación entre las entidades con y sin fines de lucro. De esta forma, en los dos concursos que han salido para televisión digital, para participar –como ya dijimos- había que pagar pliegos de hasta 140 mil pesos y, peor aún, exigían un pago de 24 mil pesos por mes de canon a la ARSAT, plataforma de transmisión que es una sociedad anónima del Estado.
En el plano de los contenidos observamos un uso gubernamental y parcial de los medios estatales, transformados en propagandistas de las políticas oficiales. A su vez, los medios controlados por Sergio Szpolski (Tiempo Argentino y CN23, entre otros), Cristóbal López (C5N, Radio 10 ), y otros relacionados también con el gobierno no se diferencian, desde posiciones opuestas, con respecto a las viejas prácticas de recorte unilateral de la realidad y de censura llevadas adelante por Clarín, La Nación y Perfil. Sirven como ejemplo de ello la censura en Página 12 al periodista Darío Aranda por señalar la responsabilidad del gobernador de Santiago del Estero, oficialista, en el asesinato del campesino Cristián Ferreyra, o el propio titular -“Riña entre vecinos” – que eligió Tiempo Argentino para referirse a este mismo hecho.
La pauta oficial como instrumento del copamiento de los medios
El manejo absoluto de la pauta publicitaria oficial: unos 470 millones de pesos estimados en 2009, $771.157.683 en el 2011 y que superaría los $1.100 millones en el 2012, seguirá determinando el sostenimiento económico de los medios preferidos del poder y discriminando a los otros. En efecto, durante el 2012 nueve grupos se quedaron con el 80% de la pauta oficial. Los más beneficiados: Grupo Telefe/Telefónica, Grupo Manzano-Vila, Canal 9, Szpolski-Garfunkel y Cristóbal López.2 Los grandes medios opositores: Clarín, La Nación, Perfil, discriminados en relación a los oficialistas continúan, sin embargo, recibiendo importantes aportes gubernamentales. Los que se mantienen totalmente marginados de aporte estatal son los medios comunitarios populares, en abierta violación del artículo 97 de la Ley. Lo cual demuestra que, como sostenemos en nuestra propuesta programática en acuerdo con las organizaciones que nuclean a medios populares, comunitarios o alternativos, que es necesario una verdadera democratización de la Pauta Oficial, sin condicionamientos gubernamentales. Para lo cual se debe reformar la composición del AFSCA y el Comité de Aplicación para que sean órganos Federales y Populares y no controlados por el Ejecutivo, como establece la actual Ley de Medios Audiovisuales.
Nuestra propuesta
Desde el PCR luchamos por una verdadera libertad de expresión y para que realmente se avance en la democratización de la comunicación y la pluralidad de voces. Sabemos que esto lo lograremos sólo con un gobierno popular, patriótico, democrático y antiimperialista en el cual los sectores populares sean protagonistas. A la vez, entendemos que hoy debemos seguir luchando por la democratización de los medios de comunicación, aprovechando también para ello los resquicios que deja la ley.
Proponemos como programa inmediato de lucha:
1. Reforma en la composición de la AFSCA y el Comité de Aplicación, que sean órganos Federales y Populares y no controlados por el Ejecutivo.
2. Democratización de la Pauta Oficial sin condicionamientos gubernamentales, y con control de los medios populares, comunitarios y alternativos.
3. Exigir la entrega del 10% de fondos recaudados por la AFSCA a través del gravamen que la ley prevé (artículo 97), a los medios comunitarios, tal cual lo establece la nueva norma.
4. Ley de financiación y fomento de contenidos audiovisuales que fije un porcentaje del presupuesto nacional para tal fin.
5. Que se publique el plan técnico para garantizar la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro.
6. Que se explicite dentro de ese 33% para los medios sin fines de lucro la distinción entre: comunitarios alternativos y populares, tal como fueron definidos en el artículo 4 de la Ley y que se realice el llamamiento a concursos para licencias.
Gratuidad en las licencias de los canales comunitarios y alternativos. Contar con un cuerpo de profesionales del Estado para realizar las verificaciones técnicas gratuitas de equipos (transmisores, antenas, etc.); que se les exima de la obligación de contar con personal profesionalizado y/o matriculado, respetando el derecho a la libertad de expresión, sin importar su formación y tomando medidas para lograrla.
7. Luchar para garantizar la construcción de los canales estatales que tengan una dirección colegiada democrática y equitativa; sostenido centralmente con presupuesto estatal; respetar los convenios colectivos de trabajo y la dignidad de los periodistas.
8. Que el Estado garantice la pluralidad de contenidos, el real acceso a la televisión, teléfono e Internet a todos los hogares populares de la Argentina, poniendo en funcionamiento un servicio estatal de Triple Play a precios populares.
9. Que se hagan públicos los planes de desinversión de todos los grupos monopólicos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Medios y que se efectivice garantizando el Estado la estabilidad de todos los trabajadores de estos medios.
Debemos continuar y profundizar las iniciativas conjuntas con todos los sectores populares por concretar este programa, enfrentando la política hegemonista del gobierno y exigiendo que se apliquen aquellos aspectos de la ley que se han conseguido con muchos años de lucha, y que se pudieron obtener aprovechando las contradicciones entre el gobierno y los otros sectores monopólicos. Todo esto en el camino de pelear por una política de medios verdaderamente popular y democrática, que esta ley no garantiza.
