En el curso de los 10 años transcurridos del gobierno kirchnerista la recaudación tributaria nacional fue creciendo notablemente, acompañando la recuperación y el crecimiento de la economía posterior a la mega devaluación del año 2002, incluido el año 2009, donde se registró caída del Producto Bruto Interno por el impacto de la crisis económica internacional.
En el curso de los 10 años transcurridos del gobierno kirchnerista la recaudación tributaria nacional fue creciendo notablemente, acompañando la recuperación y el crecimiento de la economía posterior a la mega devaluación del año 2002, incluido el año 2009, donde se registró caída del Producto Bruto Interno por el impacto de la crisis económica internacional.
Tomando como base el año 2003 completo hasta abril del año 2013, el total de la recaudación impositiva surge de la actual estructura impositiva nacional, absolutamente regresiva e injusta porque la principal fuente de recaudación es el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que paga el pueblo argentino cuando consume los bienes de la Canasta Básica Alimentaria y Total. Luego vienen los otros impuestos, como Ganancias, Derechos de Exportación (que pagan por igual grandes terratenientes, pooles y pequeños y medianos productores) e Importación, Combustibles, Créditos y Débitos en Cuenta Corriente (cheques) e Internos. A valores nominales ascendió a la suma de $ 3.098.220 millones, es decir un poco más de 3 billones de pesos. Traducida esta cifra al dólar oficial de estos días significa una recaudación aproximada de 602 mil millones de dólares, y es más si se calcula el periodo en el cual el dólar estuvo en la relación 3 a 1. Como se puede advertir este monto recaudado duplica o triplica el monto de la deuda pública de Argentina, según como se la mida.
El uso de esta enorme cantidad de recursos fue discrecional y profundamente antifederal y la fuente donde se alimentó la corrupción que en estos días se ventila. El gobierno nacional mantuvo y profundizó el carácter unitario de los gobiernos que le precedieron, principalmente lo hecho por el menemismo. Fue ese gobierno, a partir de 1990, el que inició el proceso de ruptura de las pautas de coparticipación federal de impuestos establecidos por la Ley 23.548 de enero de 1988, que había significado cierto avance a favor de las provincias. De La Rúa siguió los pasos de Menem y se remachó la imposición centralista en el año 2002 bajo el gobierno de Duhalde, donde se hizo firmar a las provincias el llamado “Pacto Federal”, título que se le dio, como en otras épocas de nuestra historia, a un acto unitario de ironía cruel. El gobierno de Néstor Kirchner y ahora Cristina Fernández mantienen intactos estos criterios.
Veamos cómo se distribuyeron en estos diez años los recursos, en monto y porcentajes, haciendo un redondeo de cifras:
Gobierno nacional: un billón y medio de pesos (49,5%); Contribuciones a la Seguridad Social (Anses y PAMI) $683 mil millones (22,1%); Provincias $769 mil millones (24,8%) y Fondo Solidario de Redistribución (que incluye el 30% de lo recaudado de exportaciones de soja logrado tras la lucha agraria de 2008) $112 mil millones (3,6%). Sumando lo que recibe directamente el Tesoro Nacional y los fondos de la seguridad social que maneja a su antojo en perjuicio de los jubilados del presente y futuro, el gobierno se quedó con el 71,6% del total de la recaudación tributaria nacional y el conjunto de las Provincias con el 28,4%.
El artículo 7º de la Ley 23.548
La Ley 23.548 en su artículo 7º establecía que “El monto a distribuir a las provincias, no podrá ser inferior al treinta y cuatro por ciento (34%) de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central, tengan o no el carácter de distribuibles por esta ley”. De haberse respetado este artículo desde el año 2003 hasta abril de 2013, las provincias tendrían que haber recibido un billón 53 mil millones, la diferencia de menos con lo que efectivamente recibieron ($881 mil millones) es de $172 mil millones, con estos recursos la situación fiscal de muchas provincias sería menos grave.
De esta realidad surge la necesidad y exigencia programática de lograr una reforma tributaria que comience por eliminar el IVA a los bienes que componen la canasta alimentaria y un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos verdaderamente federal. En tanto se discuta un tema político muy complejo como es una nueva distribución primaria de los recursos de coparticipación (la proporción entre lo que le queda al Tesoro Nacional y lo que le corresponde a las provincias) y la distribución secundaria (el porcentaje que se le asigna a cada provincia), se puede actuar de inmediato a través de una Ley que reinstale los criterios de la Ley 23.548 que sancionó que la Nación se quedaba con el 44% de los recursos tributarios y las provincias con el 56%, para lo cual hay que derogar la totalidad de las leyes y decretos nacionales que la modificaron, desde el menemismo hasta el día de hoy.
