El martes 13 de mayo, efectivos de civil de la Policía Bonaerense, detuvieron a Alejandro Sánchez Moreno, María Inés Uro, Silvia Valdez Abalos, y Miguel Ciappina, delegados de ATE de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, en momentos en que se retiraban de una reunión con las autoridades de la Dirección de Negociación Colectiva.
El martes 13 de mayo, efectivos de civil de la Policía Bonaerense, detuvieron a Alejandro Sánchez Moreno, María Inés Uro, Silvia Valdez Abalos, y Miguel Ciappina, delegados de ATE de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, en momentos en que se retiraban de una reunión con las autoridades de la Dirección de Negociación Colectiva.
Este hecho, detener a delegados sindicales al salir de una reunión con las autoridades, marca una profundización de la política de amedrentamiento hacia los que luchan por sus derechos. Los delegados fueron detenidos violenta e imprevistamente por policías de civil y luego acusados por el delito de coacción agravada por parte del juez Melazo.
La respuesta popular fue inmediata y contundente, ATE declaró un paro general por 24 horas y de esta manera se logró la liberación de los cuatro compañeros. Estas detenciones no son un hecho alistado ya que en los últimos días existieron numerosos hechos represivos, amenazas, golpizas, y detenciones contra luchadores populares.
Entre otros podemos mencionar los siguientes hechos represivos ocurridos durante los últimos días:
En Famatina, La Rioja, la policía provincial reprimió a manifestantes antimegaminería para impedir un escrache al gobernador. Hubo 15 heridos hospitalizados y cinco detenidos.
En Empalme Granero, Rosario, provincia de Santa Fe, la policía provincial reprimió a familias qom que se habían instalado en un predio abandonado. Se utilizaron armas cargadas con balas de plomo, y hubo al menos dos heridos de consideración.
En Formosa, una patota de unas 30 personas se presentó en la comunidad La Primavera y apaleó a Abelardo Díaz, hijo de Félix Díaz, y a su amigo Carlos Sosa. Unos días antes, un juez de Clorinda procesó a Félix Díaz por el delito de usurpación de los territorios ancestrales de su comunidad.
En las afueras de la ciudad de Córdoba, centenares de familias sin techo que ocuparon tierras abandonadas para construir viviendas y desarrollar proyectos productivos en Piedras Blancas y Cuesta Blanca fueron reprimidos por la policía provincial, con decenas de detenidos, entre ellos uno de los abogados y militantes del Encuentro de Organizaciones que vienen ejerciendo la defensa de los represaliados. Unos días después, por orden del ministro de Desarrollo Social, un funcionario formuló una denuncia penal contra el Encuentro de Organizaciones, y, en particular, sus tres militantes abogados, acusándolos de ser los “cabecillas” de una asociación ilícita destinada a instigar tomas de tierras mediante engaños y fraudes a las familias.
En Chaco, una movilización multisectorial en apoyo de los docentes fue reprimida. Luego, trece docentes y militantes sociales fueron acusados por los delitos de incitación a la violencia y daños a la propiedad pública. Días después, en el marco de la lucha docente, se ordenó la detención de cuatro referentes sociales que participaron de una protesta en la localidad de J. J. Castelli.
También en Chaco fueron citados a prestar declaración indagatoria como acusados de protagonizar un corte de la Ruta 3 en noviembre de 2012, en reclamo de agua, dirigentes y delegados de la FNC, Víctor Gómez, Luis Venegas, Juan Fernandez, Julio Maidana, Victor Medina, Ignacio Esteban y Sixto Berdún. La persecución la lleva adelante el fiscal José Ricardo Sorabella a cargo de la Fiscalía de Investigaciones Nº 1 de Gral. San Martín, Chaco.
En el barrio porteño de Pompeya, los trabajadores de Lanci Impresores SRL, que tomaron la empresa en defensa de su fuente laboral, fueron desalojados con gases lacrimógenos por la policía metropolitana, siguiendo órdenes de una jueza contravencional.
También en la ciudad de Buenos Aires, la Agencia Walsh descubrió que, por más de 12 años, tuvieron a un policía federal de la sección Reunión de Datos, división Análisis infiltrado como periodista. El oficial de inteligencia fue “preparado” para cumplir esa función por una década y media. Estudió periodismo, fue movilero de FM La Tribu y, en 2002, aprovechó su relación de vecindad y conocimiento de la infancia con uno de los fundadores de la Agencia Walsh para recalar allí, donde se convirtió en uno de sus miembros más activos, presente en todas las manifestaciones y movilizaciones, familiarizado con los referentes de todas las organizaciones populares y responsable de llevar la agenda de actividades de la agencia. Mientras tanto, y a pesar de las pruebas reunidas en la causa federal por el funcionamiento del Proyecto X de gendarmería, siguen en trámite y acercándose al juicio oral varias causas contra quienes dirigieron la histórica lucha de Kraft Terrabussi encabezando la Comisión Interna en 2009, que se fundan en la labor de los gendarmes infiltrados y los informes de su base de datos.
En Jujuy el Colegio de Abogados de dicha provincia dio impulso a dos causas contra la abogada Mariana Vargas (abogada de organizaciones de mujeres, y defensora de los ocupantes de tierras en Libertador que enfrentaron la represión policial que se cobró cuatro vidas en el 2011).
Todos los hechos a los que se hizo mención pasaron en los últimos 10 días y marcan un avance y profundización en la política de criminalización, represión, amenazas, golpizas e infiltración por parte del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales.
El camino para enfrentar esta política lo marcaron los hermanos qom, wichis, criollos y de la CCC quienes marcharon desde distintas localidades del Chaco desde el 19 de abril pasado, hasta llegar a Resistencia (pasando por la ciudad de San Martín) donde acamparon durante varios días exigiendo que no se cierre la causa donde se investiga la muerte de Mártires López y la destitución del fiscal Sorabella. Más de 2.000 compañeros marcharon y acamparon no por reivindicaciones materiales (de un sector de grandes necesidades vitales, por ser los más pobres de la Argentina, como los wichis, que viajaron más de 700 km), sino por verdad y justicia, convencidos de que si no hay justicia para Mártires, no la habrá para ningún originario.
El camino es la lucha y esa lucha puede encontrar en el proyecto de ley contra la criminalización de la protesta social, que está presentada en el Congreso de la Nación, el instrumento para señalar cuál es la salida política frente a la política del gobierno nacional de infiltrar, criminalizar y reprimir al movimiento popular que lucha para no pagar la actual crisis económica.
