No al tarifazo
Con la consigna “si la tarifa no baja, la ciudad se para”, miles de paulistas marcharon el jueves 13 de junio por cuarta vez, en rechazo del aumento en el precio del transporte público, que pasaría de R$3,00 a R$3,20 reales. La marcha fue violentamente reprimida por la policía, con un saldo de 100 personas detenidas. El gobierno se niega a negociar, y los grandes medios trabajan a favor de las empresas de transporte.
No al tarifazo
Con la consigna “si la tarifa no baja, la ciudad se para”, miles de paulistas marcharon el jueves 13 de junio por cuarta vez, en rechazo del aumento en el precio del transporte público, que pasaría de R$3,00 a R$3,20 reales. La marcha fue violentamente reprimida por la policía, con un saldo de 100 personas detenidas. El gobierno se niega a negociar, y los grandes medios trabajan a favor de las empresas de transporte.
El movimiento, que comenzó como una protesta de estudiantes y sectores medios, se está extendiendo a otros sectores. Es parte de una oleada de luchas contra el aumento de los boletos que se viene desarrollando en varias ciudades de Brasil. Incluso, en algunos lugares han podido frenar el aumento. Esto tuvo lugar en Florianópolis, Porto Alegre, Vitória, Teresina, Natal, Aracaju y Taboão da Serra, y Goiânia.
“El aumento de los pasajes vuelve a caer en los jóvenes y los trabajadores pobres que viven en las regiones más remotas de la ciudad y el área metropolitana de São Paulo. Serán 0,40 dólares por día, multiplicados por más de 7 millones de personas que utilizan el transporte público, que irán a los propietarios de las empresas de transporte”, denuncia A Verdade, periódico del PCR de Brasil.
Por esto, crecen en las marchas en San Pablo consignas como “El transporte público: derecho del ciudadano. Un deber del Estado”, y se denuncia la complicidad de los gobiernos con la “mafia del transporte”. Transporte cuya infraestructura está cada vez peor, con estaciones abarrotadas, autobuses y trenes desvencijados que sufren accidentes todos los días. Pese a la represión, la lucha contra el tarifazo no cede, y se comienzan a ver otras manifestaciones de descontento popular, que muestran la mentira del gobierno de Dilma Rousseff sobre los logros en reducir la pobreza.
“La Copa Manifestaciones”
En momentos en que se está desarrollando la Copa Confederaciones, donde actúan seleccionados de todo el mundo, miles de brasileños salieron a las calles a denunciar la tremenda corrupción y los negociados que envuelven las obras destinadas al Mundial de Fútbol que se realizará el año entrante en el país hermano. En muchos casos se sumaron a los reclamos por el aumento de tarifas de transporte. Por eso ya el evento deportivo que se realiza en Río de Janeiro se lo denomina “Copa Manifestaciones”.
El 17, se calcula que 100.000 personas manifestaron en Río de Janeiro, 65.000 en San Pablo, 25.000 en Brasilia, y que hubo concentraciones en varias ciudades. Los reclamos se diversifican, y expresan el descontento con una situación social que el gobierno de Rousseff se ha preocupado de ocultar, con la complicidad de los grandes medios, para desarrollar la imagen de “Brasil potencia”. Una de las consignas de los cariocas era “No a la red O Globo, el pueblo no es bobo”, denunciando el rol del multimedios.
Aparece con fuerza que la convocatoria no se ha dado desde las organizaciones tradicionales (partidos o sindicatos), al menos abiertamente, y sí a través de las redes sociales. “Ven, ven, ven a la calle ven” o “No es Turquía, no es Grecia, es Brasil que sale de la inercia” fueron algunas de las consignas más repetidas durante la marcha.
El desarrollo de las manifestaciones ha tomado tal envergadura que el propio ex presidente Lula salió a criticar la represión policial, que se volvió a repetir el lunes con mucha saña en Brasilia y otros lugares. Dilma Rousseff ha declarado “Las manifestaciones pacíficas son legítimas y propias de la democracia. Es propio de los jóvenes que se manifiesten”, dijo la presidenta, intentando minimizar este movimiento de protesta que se multiplica y suma demandas, como mayor inversión pública en educación, salud y transportes.
