El gobierno nacional utilizó, tanto en el caso de Aerolíneas Argentinas como en el de YPF el instrumento del “rescate” Este acto jurídico tiene una diferencia esencial con el de caducidad. El rescate es un acto administrativo ejecutorio, por razones de interés público, que dispone la reorganización de un servicio público, antes del vencimiento de su plazo, asumiendo la administración concedente la prestación del servicio, mientras que la caducidad se usa en caso de incumplimiento del concesionario. Es una sanción y, por ende, no hay indemnización. Por eso la Argentina no es dueña de Aerolíneas (pese a que el Estado argentino es el concesionario de las rutas aéreas y a que sus dueños españoles incumplieron con innumerables cláusulas del contrato de concesión) e YPF es una sociedad anónima que aún disputa con Repsol su propiedad.
