Ciudad de Buenos Aires
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Como desde hace siete años, el miércoles 18, miles marcharon de Congreso a Plaza de Mayo. Las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y de derechos humanos se movilizaron convocadas por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. A lo largo de la extensa movilización, expresaron entre cánticos, carteles y expresiones urbanas la denuncia por su desaparición y la exigencia al gobierno nacional por su investigación y justicia. Entre ellos, estudiantes universitarios de la CEPA, secundarios del MUS y una importante columna de la CCC, el PTP-PCR de Capital Federal y Gran Buenos Aires.
En la cabecera, con un cartel gigante con la leyenda “siete años sin López”, dirigido por integrantes de organizaciones de derechos humanos como Liberpueblo y Madres de Plaza de Mayo de Quilmes, la marcha fue abriéndose paso sobre la avenida de Mayo, llegando a la plaza ya al anochecer. A continuación, reproducimos extractos del combativo documento del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, leído al finalizar la marcha en Plaza de Mayo.
Extractos del documento
“Estamos en esta Plaza para gritar que hace 7 años Jorge Julio López desapareció por segunda vez. Venimos a decir que no vamos a permitir que con el silencio y la negación se intente imponer la tercera desaparición de Jorge Julio López y seguimos exigiendo al Estado nacional la aparición con vida de Julio.
Julio López, el albañil, ex detenido-desaparecido que después de muchos años de silencio puso en palabras sus recuerdos del horror vivido para acusar a sus torturadores, que reconstruyó su memoria ladrillo a ladrillo, para cumplir su compromiso con quienes fueron sus compañeros de lucha, no llegó a la sala de audiencias, en la que se daría la sentencia a Etchecolatz, ese 18 de septiembre de 2006.
Miles salimos a la calle en La Plata, bajo una lluvia torrencial, el viernes de la primera semana, gritando desesperadamente y después de tantos años: “Ahora, ahora, resulta indispensable, aparición con vida y castigo a los culpables”. Al finalizar esa primera marcha escuchamos de boca del entonces gobernador Solá, y sus funcionarios Arslanián y Binstock, la transmisión de una idea que anticipaba la política de la que no se apartarían ni un ápice los sucesivos gobiernos provincial y nacional. Esa noche los funcionarios respondieron que estaba en peligro la gobernabilidad de la bonaerense. La Policía de la provincia de Buenos aires, al momento de la segunda desaparición de López, tenía en sus filas más de 9.000 efectivos que habían actuado durante la dictadura. Ningún gobierno constitucional los separó ni investigó. (…)
La presidenta tiene sus razones para decir que no hay desaparecidos durante esta década. Tiene sus razones porque para ella nuestro compañero parece no haber existido. En estos 7 años, nunca mencionó su nombre. En todos estos años, a pesar de que nos hemos movilizado a lo largo y ancho del país, a pesar de que el rostro de Julio estuvo y está presente permanentemente en la denuncia, hemos recibido por única respuesta el silencio de la impunidad, el silencio de la complicidad.(…)
La responsabilidad criminal es, sin duda, de los autores materiales del secuestro y desaparición de Julio. Pero la responsabilidad política de que Julio aparezca con vida, como denunciamos desde un primer momento, es de los gobiernos nacional y provincial. (…)
El gobierno tiene que responder por el encubrimiento y complicidad por parte de los organismos de seguridad que dependen del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial: la SIDE, el Servicio Penitenciario Federal, la policía Bonaerense y la Federal.
Desde el primer momento, no investigaron las pistas que involucraban a Etchecolatz y a la bonaerense, y al día de hoy no han esclarecido ninguna de las innumerables amenazas y agresiones que sufrieron durante el juicio y siguen sufriendo testigos, querellantes, familiares de desaparecidos, jueces, fiscales. Tampoco se han resuelto los secuestros posteriores a testigos como Geréz, Puthod, Martínez, ni los militantes que participaron por los reclamos por la aparición con vida de Julio, ni el asesinato de Silvia Suppo. Ha sido precisamente la persistente impunidad del secuestro y desaparición de Julio la que fomentó que las amenazas a los testigos, los abogados y a los militantes vinculados a los juicios a los genocidas continuaran y se agravaran, transformándose en agresiones y secuestros.
El gobierno es responsable de su aparición con vida y debió haber dado los pasos precisos y contundentes que siempre le exigimos: exonerar y denunciar ante la justicia a todos los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad que se desempeñaron durante la dictadura, promover la remoción de jueces y fiscales cómplices, impulsar juicios por campo de concentración o por circuito represivo donde se juzgue por el delito de genocidio a todos los represores y a sus cómplices civiles. (…)
Hoy, denunciamos que la causa judicial de Julio es un ejemplo descarado de las maniobras de impunidad y encubrimiento de las que son responsables jueces y fiscales subordinados al poder político o a las fuerzas represivas.(…)
Hoy, a 7 años de la dolorosa desaparición de Julio, estamos en esta Plaza para ratificar la lucha popular contra la impunidad, para denunciar el encubrimiento, para oponer voz al silencio de los de arriba, para reclamar justicia. Para exigir cárcel común y efectiva a sus secuestradores, a todos los represores y asesinos, a todos los genocidas.
“Salimos una vez más a luchar contra la impunidad de ayer y de hoy y a denunciar al gobierno nacional, que aplica una política represiva hacia los que luchan, criminaliza la protesta, sostiene el espionaje y la infiltración a las organizaciones po- pulares. Despliega mano dura hacia las luchas para garantizar la aplicación de su política entreguista y descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y el pueblo.
Estamos aquí para denunciar la designación del genocida Milani al frente del Ejército. Desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia denunciamos desde el primer momento el pedido de ascenso y su designación en la cúpula militar por parte de Cristina Fernández. Milani sigue como comandante en Jefe a pesar del repudio popular y la ratificación de las denuncias de las víctimas y sus familiares por su participación en la represión de la dictadura.”
Más adelante, el documento recorre una extensa denuncia contra la criminalización de la protesta social y reivindicación de las luchas como la pueblo de Neuquén contra la entrega a Chevron, con los trabajadores de Jujuy, campesinos de Jujuy, con los docentes y campesinos del Chaco, con los trabadores de ATE y los docentes de Quilmes, reprimidos también por defender en las calles sus derechos y con los docentes y camioneros de Tierra del Fuego, procesados por su lucha por educación y salario. También denuncian a Macri y su metropolitana, por la represión en el Borda. La exigencia de la absolución de los trabajadores petroleros de Las Heras que sufrieron injusta cárcel, torturas y fueron llevados a un juicio plagado de irregularidades; la exigencia de la perpetua a Pedraza y castigo a los funcionarios políticos y los empresarios implicados en el crimen de Mariano Ferreyra.
Es contundente la denuncia del EMVJ contra la aplicación de la ley antiterrorista, enviada por el ejecutivo y aprobada por el Congreso en el 2011, instrumento legal con el que se amenaza a todos los que se movilizan por sus derechos.
Además denuncia la militarización del conurbano bonerense con los traslados de la Gendarmería; al igual que la política “manodura” para bajar la edad de imputabilidad de los jóvenes.
Para finalizar plantea: “En la Argentina hay desaparecidos y no estamos todos vivitos y coleando, por eso denunciamos la criminalización de la pobreza y el gatillo fácil, que lleva cobradas más de 2.300 vidas durante los últimos 10 años y las causas armadas contra los jóvenes de barriadas humildes.(…)
“Por eso nosotros no olvidamos a Julio, por eso con la presencia y con la ausencia de Julio, estamos en esta plaza reivindicando el derecho a luchar de los trabajadores ocupados y desocupados, del movimiento campesino, de los pueblos originarios, del movimiento estudiantil y de todos aquellos que, crean organizaciones y levantan su voz para exigir justicia, para exigir salarios dignos, para exigir tierra y vivienda, educación y salud para todos”.
En Mendoza se presentaron Habeas corpus
Al cumplirse 7 años del segundo secuestro y desaparición de Jorge Julio López se organizó una campaña por la presentación de miles y miles de Habeas Corpus por esta situación que afecta no sólo a quien fue testigo clave en el juicio contra Etchecolatz.
La apropiación y falseamiento de los DDHH como parte de este gobierno, viene haciendo cada vez más agua: desde la impunidad total y falta absoluta de custodia por parte del estado de los testigos en los juicios y el encubrimiento del secuestro de Julio López, hasta la ley antiterrorista, la represión creciente a los luchadores populares, a los originarios, y la guinda del postre, la designación de Milani, jefe de inteligencia hoy como Jefe del Ejército K… Proponen el cierre de los juicios para el 2015 y apuran especie de megacausas para dar un broche y pueda quedar oculto que el 80% de secuestrados y secuestradores queda sin juicio: lo principal del aparato del estado que sigue manteniendo a este gobierno.
Pero la lucha de derechos humanos no ha claudicado a pesar de las cooptaciones y uso de los organismos de DH que encabezaron la lucha en otros momentos: el espacio Memoria Verdad y Justicia llamó a esta campaña de Habeas Corpus.
En Mendoza no encontró en la formación de una multisectorial de organizaciones sociales, gremiales, culturales y estudiantiles que sea un instrumento de esta lucha específica. Por eso, nos dimos cita desde el Frente del Pueblo (PTP-PCR y MST) para iniciar la presentación de HC por Julio López el 18 de septiembre; pero hemos decidido alargar un mes la campaña para trabajarla entre fuerzas amigas.
Ya hemos conseguido la adhesión del sindicato de Judiciales, Fadiunc (docentes universitarios) y algunas asambleas por el Agua de distintos departamentos de la provincia, para darle más fuerza al reclamo y la aparición de organizaciones que luchen contra la impunidad de ayer pero también contra la de hoy.
En ese camino, hemos acordado llevar cientos de HC para ser firmados en la marcha contra Chevron que se realizará el jueves 26. Nos proponemos llevarla a los centros de estudiantes, las facultades, las escuelas y a todo aquel lugar donde le sigue doliendo esta impunidad en “democracia”.
Acto en San Fernando, Gran Buenos Aires
El sábado 21 de septiembre, a pesar de la lluvia y el frío, se realizó un acto a siete años de la segunda desaparición de Julio López, en la plaza Mitre, frente a la municipalidad de San Fernando.
Fue organizada por la Red de Derechos Humanos de zona norte, conformada hace tres meses, cuya primer actividad fue la proyección el 14/9 del documental “Un claro día de justicia”, juicio al asesino Etchecolatz. Conforman la Red: Casa joven, Casa de San Fernando, Centro Cultural Casa Puente, Espacio Cultural El Astillero, Fogoneros, Liberpueblo, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Partido Comunista Revolucionario, JCR, PC. Participaron además la CCC, el concejal Luis Cancelo de Tigre, la Asamblea Delta y Río de la Plata, etc.
La jornada fue convocada con las siguientes consignas: ¿Dónde vota Julio López?, No a la impunidad de ayer y de hoy, Basta de criminalizar la protesta, Más educación menos policía, Sin López no hay nunca más, 6,7,8 años sin Julio López, Basta de persecución a la cultura, No al Proyecto X, No a la ley antiterrorista, No a la represión tercerizada.
Uno de los párrafos del documento leído afirma: “Desde la Red por los Derechos Humanos de zona norte buscamos que los derechos humanos no queden encerrados en los conceptos de memoria histórica, sino que se entiendan como un freno al poder del Estado y una garantía para asegurar un piso mínimo a todos los ciudadanos tanto en salud, vivienda, derechos reproductivos, laborales, ecológicos como tantos otros necesarios para la vida plena de un ser humano.
“Tememos al ver como los espacios culturales independientes son cooptados o censurados por los municipios, cerrando la posibilidad de escuchar cualquier voz disidente. Mientras la policía queda en control de los intendentes, que pueden ser reelegidos en forma indefinida. Evitemos que se convierta en una policía política, controlando sus acciones y defendiendo nuestros derechos, que es lo mismo”. Al finalizar habló un representante por cada organización, entre ellos el abogado Nicolás Tauber, miembro de Liberpueblo.
