En un esquema gráfico ubica como “ponedoras” a Buenos Aires, Santa Fe, CABA, Córdoba, Chubut y Neuquén (estas dos últimas por sus recursos energéticos). Entre las “receptoras” están, entre otras, Jujuy, Chaco, Salta, Misiones, Santiago del Estero y Formosa.
En un esquema gráfico ubica como “ponedoras” a Buenos Aires, Santa Fe, CABA, Córdoba, Chubut y Neuquén (estas dos últimas por sus recursos energéticos). Entre las “receptoras” están, entre otras, Jujuy, Chaco, Salta, Misiones, Santiago del Estero y Formosa.
El planteo principal de Ferreres consiste en asegurar que “las provincias más ricas vienen aportando todos los años sumas enormes de dinero para las provincias pobres y, al cabo de muchos ejercicios de entregar sus recursos, esas provincias ricas también se están empobreciendo”. Algunas consideraciones generales de Ferreres son correctas como la de asegurar que los gobiernos de las provincias pobres en lugar de crear fuentes de trabajo genuino toman empleados públicos y no crean fuentes de trabajo genuino, aunque elude que esta cuestión tiene como base, entre otras, la extraordinaria concentración de la propiedad de la tierra en manos de las oligarquías locales que impide el acceso a la propiedad de la tierra a pequeños y medianos productores, principalmente a los jóvenes y la inexistencia de políticas diferenciales en materia de impuesto a las ganancias y contribuciones patronales para promover la radicación de pequeñas y medianas empresas.
Lo que está ausente en el análisis de Ferreres es la historia de cómo se organizó la República Argentina y en especial el modo en que se fue estructurando la política fiscal. En relación a lo primero hay que decir que el tipo de país “embudo” que modeló la oligarquía terrateniente concentró lo principal de la actividad económica productiva, agraria e industrial, en la pampa húmeda en alianza con el capital imperialista que desde fines del siglo 19 condenó al resto del país a la marginalidad y escaso desarrollo con excepción de la producción azucarera y vitivinicultura en manos de sus respectivas oligarquías dominantes.
En cuanto al ordenamiento fiscal no puede ignorar que hasta el año 1890 las provincias financiaban sus gastos con impuestos locales sobre la producción y el consumo. La Nación, por la Constitución de 1853, lo hacía con los tributos del comercio exterior, el correo y sellos nacionales. Las guerras entre el interior y Buenos Aires, por la apropiación de las rentas de la aduana, habían concluido con el triunfo del centralismo portuario. Entre 1890 y 1935 el gobierno nacional comenzó a crear impuestos al consumo que se superponían a los que cobraran las provincias. Lo hacía particularmente cuando caían los recursos del sector externo. En 1935 se concreta el golpe final al federalismo fiscal mediante la Ley 12.139 y las posteriores 12.143 y 12.147, que se dictan en el marco de las consecuencias de la gran crisis iniciada en 1929.
Con estas leyes se crearon los impuestos a las ventas y a las rentas que pasaban a ser recaudados en exclusividad por la Nación y se inaugura el llamado régimen de coparticipación con las Provincias, cuya mayor afrenta al federalismo fue que lo llamaran “federal”. Lo que no habían logrado imponer los unitarios, tras cincuenta años de guerra civil, lo conseguía el régimen conservador que gobernaba en la “década infame”. La coparticipación se estableció previa imposición de que las provincias dejaran de cobrar impuestos internos. En países como Estados Unidos de Norteamérica o Brasil el federalismo consiste en que los Estados Federados recaudan y participan una parte al poder central.
Desde 1935 hasta el presente el régimen de coparticipación de impuestos pasó por distintas legislaciones, pero cualesquiera fueran los gobiernos no cambiaron su esencia antifederal. El coeficiente legal de la distribución primaria (entre Nación y Provincias) del periodo 1935-1946 fue de 82,5% para Nación y 17,5% para Provincias y Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. En el periodo 1946-1958 fue de 79% para Nación y 21% para Provincias y MCBA. En el periodo 1959-1973 oscilo entre el 60 y el 54% para Nación y el resto para las Provincias. En 1973 cambia por primera vez la proporción. Nación se quedaba con el 46,7% y las provincias con el 53,3%.
Las modificaciones
a la Ley 23.548
La coparticipación se hace sobre la base de dos impuestos principales que gravan el consumo (IVA) y las ganancias (continuación de los impuestos a las ventas y rentas de 1935) y el porcentaje que se distribuye fue cambiando desde 1989 en adelante, con leyes y decretos que desvirtuaron la ley 23.548 de 1988, que establecía el 42,34% para Nación y 57,66% para Provincias.
Un paso muy importante en este sentido fue el Pacto Fiscal de agosto del año 1991, a través del cual el Estado Nacional retiene el 15% de la masa de impuestos coparticipables, antes de que se proceda a la distribución primaria entre Nación y Provincias. La Nación no coparticipa los derechos de exportación e importación, tal como lo reafirmó la Constitución de 1994, fruto del “Pacto de Olivos” de Menem-Alfonsín, fue la Rebelión Agraria del año 2008 la que obligó al gobierno de los Kirchner a ceder el 30% de los recursos que provienen del “complejo sojero”.
La actual dependencia de las provincias “pobres” solo podrá ser revertida con la existencia de otro tipo de país, el cual resultara de la necesaria revolución de liberación nacional y social que termine con la dependencia de cualquier potencia imperialista, con los monopolios y el latifundio que reina desde los tiempos posteriores a la Revolución de Mayo de 1810, en ese camino exigimos la sanción de una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos que haga justicia con las provincias postergadas por el centralismo unitario que este gobierno kirchnerista agravó tras diez años de “vacas gordas” en materia de recaudación tributaria.
