Dictaron prisión perpetua por homicidio agravado a: Inocencio Cortez, José Rosales y Hugo González. Hay un cuarto condenado por homicidio que es menor de edad. A Pablo Mansilla, Carlos Mansilla, Daniel Aguilar, Néstor Aguilar y Ruben Bach los condenaron a cinco años de prisión por coacción agravada. A Darío Catrihuala, a cinco años como partícipe necesario de lesiones graves. Fueron absueltos Juan Pablo Bilbao y Alexis Pérez.
Dictaron prisión perpetua por homicidio agravado a: Inocencio Cortez, José Rosales y Hugo González. Hay un cuarto condenado por homicidio que es menor de edad. A Pablo Mansilla, Carlos Mansilla, Daniel Aguilar, Néstor Aguilar y Ruben Bach los condenaron a cinco años de prisión por coacción agravada. A Darío Catrihuala, a cinco años como partícipe necesario de lesiones graves. Fueron absueltos Juan Pablo Bilbao y Alexis Pérez.
En la causa no existían pruebas que comprometieran a quienes fueron condenados con el crimen de Sayago, siendo el único elemento que incriminaba a algunos de ellos, las declaraciones brindadas por otros acusados obtenidas luego de ser torturados y sin que hayan tenido acceso a un abogado defensor.
Ante esta situación, que está probada en el expediente, el fiscal de instrucción Ariel Candia había admitido que hubo gente que declaró en la instrucción luego de haber recibido “dos o tres cachetadas”, pero en su alegato agregó que “darle un cachetazo o ponerle una bolsa en la cabeza (a un testigo) no implica decirle lo que debe declarar”. El fiscal de Cámara Carlos Rearte se había negado a desempeñarse en este juicio después de plantear la nulidad del requerimiento de elevación por considerar que era “impreciso e infundado”. Fue su último recurso dado que había rechazado en dos oportunidades que la causa llegara a instancia oral por estar “plagada de nulidades”. Candia, en cambio, sí se hizo cargo de la acusación.
Hace dos semanas una delegación del Encuentro Memoria Verdad y Justicia tuvo una entrevista con el subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén. Allí se entregaron más de 500 firmas -entre ellas las de Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, y Osvaldo Bayer- de entidades gremiales, estudiantiles y políticas del país y del exterior que pedimos la absolución de los acusados en esta causa armada para criminalizar la protesta social. Alén contestó días más tarde que, tras el encuentro pidió informes a los jueces que integran el Tribunal Oral de Caleta Olivia sobre la denuncia por torturas y la actuación de la fiscalía en el caso, y no recibió contestación alguna.
Los compañeros condenados mantendrán su libertad hasta que se resuelva la apelación que presentarán sus abogados defensores.
Esta condena constituye un salto cualitativo en la política nacional de criminalización de la protesta, que es continuidad con la defensa de Berni por reprimir y detener manifestantes en Campo de Mayo y con la designación del genocida Milani al frente del Ejército.
Ante esta situación debemos redoblar nuestros esfuerzos para lograr la más amplia unidad para frenar la política represiva del gobierno nacional y lograr la sanción de la ley contra la criminalización de la protesta social que se encuentra cajoneada por en el Congreso de la Nación.
¿Qué sucedió en 2006?
A finales de 2005 y comienzos de 2006 los petroleros del norte de Santa Cruz reclamaron la derogación del impuesto a las ganancias sobre los salarios, su correcto encuadre sindical (hacían el mismo trabajo que los petroleros pero estaban en la Uocra y cobraban menos), y de mejoras en las condiciones de trabajo. Luego de veintitrés días de huelga y cortes, la justicia emitió una orden contra los “cabecillas”, tal como decía el escrito, que derivó en la detención de Mario Navarro, vocero de los petroleros del sector sindical disidente. Navarro fue encarcelado el 6 de febrero de 2006 mientras daba una entrevista en la FM local, Radio Soberanía. Navarro fue incomunicado por 48 horas. Su detención provocó una respuesta inmediata no sólo de los petroleros sino que también conmovió al pueblo en general.
Las Heras tenía entonces 9.300 habitantes, y más de mil estuvieron en las calles. El gobierno envió refuerzos y el grupo Geop reprimió la manifestación. La multitud se abalanzó sobre los uniformados y varios policías resultaron lesionados. Después de medianoche se escucharon disparos y Sayago cayó herido. Lo que siguió fueron detenciones masivas para buscar un chivo expiatorio. La ciudad quedó bajo permanente patrullaje policial. Néstor Kirchner envió 300 efectivos de Gendarmería Nacional e impuso el estado de sitio de hecho en Las Heras, militarizando la ciudad. Gendarmería no permitía ninguna reunión de más de 3 personas y ocupó las plantas petroleras impidiendo a los trabajadores reunirse entre ellos. Diecisiete trabajadores de Indus, que habían logrado pasar al convenio petrolero cuando se llegó a un acuerdo en el conflicto, fueron detenidos y acusados del crimen del policía. A esas detenciones se sumaron las de algunos vecinos. Todo este proceso fue una caza de brujas.
Al detener a los trabajadores lo primero que se hizo fue trasladarlos a lugares distintos y distantes con el fin de imposibilitar el contacto con ellos y la realización de protestas en Las Heras. Algunos fueron llevados a Puerto Deseado (sobre la Costa) y otros a Los Antiguos (en la Cordillera). Todos fueron objeto de tormentos. El modus operandi fue darles brutales golpizas, asfixiarlos (mediante bolsas en sus cabezas) y abrir las puertas traseras de los camiones celulares en donde los trasladaban, y agarrándolos del cuerpo sacar la cabeza de los detenidos hacia afuera y abajo como si los fueran a tirar a la ruta.
Las torturas fueron de tal brutalidad que las mismas fueron denunciadas por el propio Comisario Marsicano de Puerto Deseado, al recibir a los detenidos para su alojamiento. Luego de los tormentos la jueza Ruata de Leone les tomó declaración indagatoria, sin que hubiera un abogado defensor presente en las audiencias y resolvió sus detenciones (las que se prolongaron respecto de 6 trabajadores, durante 3 años). Las torturas a los trabajadores generaron una causa, en la cual luego de 7 años no hay un solo imputado, siendo que se encuentran acreditados los tormentos y que se conocen los nombres de los policías que participaron de los hechos, así como el de la Dra. Ruata de Leone que avaló todo.
