El gobierno nacional ha tomado medidas económicas y políticas que mantienen el robo salarial encubierto a través de la inflación. La escalada continua de precios amenaza con llegar al 40% este año donde los artículos de la canasta alimentaria superan ampliamente el 60% de incremento interanual. De esta manera el gobierno nacional financia el gasto público, atiende los pagos de la deuda con los centros financieros mundiales, tapa el déficit energético y sigue con los sobreprecios en la obra pública y la escandalosa corrupción que infla los bolsillos de sus amigos
Este ajuste indirecto requiere que los salarios nominales de los trabajadores se actualicen anualmente en porcentajes menores al de la inflación, es por eso que la orden de Cristina es que las paritarias que comienzan ahora no superen el 20% de actualización y que se discuta cada dos años. Según lo publicado por consultoras privadas, el deterioro salarial del 2013 fue del 6%, produciéndose una importante pérdida en el poder adquisitivo de los trabajadores. Estas medidas provocan una enorme sangría de los ingresos de sectores obreros que son captados por el gobierno a través de los impuestos al consumo y por los grandes monopolios y terratenientes por disminución de costos salariales relativos.
Los anuncios de Moyano y Barrionuevo de unir a la CGT para enfrentar al gobierno, tienen el fundamento del malestar general que hay en las fábricas donde crece la presión por producir a mayor ritmo dejando la salud por un sueldo que día a día alcanza para menos. La CTA de Micheli empuja el paro nacional por aumentos en paritarias no menor al 30% y actualización cada 3 meses. Desde la CCC acompañamos estos reclamos y exigimos salarios de inicio no menor a los $8.500 en el camino de alcanzar la canasta alimentaria que hoy ronda los $12.000. Para torcerle el brazo al gobierno y a las grandes patronales conquistando aumentos equivalentes a la inflación es necesario instalar en cada fábrica un estado deliberativo que exija a los representantes sindicales no firmar acuerdos a la baja, es decir no menores al 30%. Pero nada de esto se consigue sin movilización, cuerpos de delegados activos y asambleas que discutan, construyendo la convocatoria para un gran paro nacional.
La situación provincial
El gobierno provisional de Uñac enfrentó la rebelión salarial de diciembre como pudo con la ayuda del gobierno nacional que le postergó unos vencimientos de deuda con la nación, con eso pudo aliviar la tensión de los trabajadores públicos. Esta situación revela el fracaso del proyecto que encabeza Gioja que no tiene un peso para aumentar a los empelados públicos y tiene que esperar por las dádivas nacionales. Desvanecidas las ilusiones sobre el progreso minero y con una tremenda crisis en el sector agropecuario, la provincia se encuentra en terapia intensiva. La receta para salir de Gioja y Uñac es que el pueblo haga el gasto, que los estatales se arreglen con un sueldo de $3.500, que los obreros de viña cobren un plan de $1.200 y los mineros parados con una ayuda para quedarse en sus casas de $4.500. La salida para el pueblo es la que marcan los autoconvocados del sector público y los sindicatos combativos. El gobierno provincial quiere llegar a un acuerdo salarial del 20% y cuenta para ello con la colaboración de Pepe Villa (UPCN), Alfredo Duarte (ATSA), Graciela López (UDAP) gremialistas que ya demostraron para que están. Esta es una cúpula sindical que está en el aire, son abucheados por sus afiliados en reuniones públicas ya nadie confía en ellos, es por eso que ha surgido un movimiento de autoconvocados en la salud, en la educación, en la administración pública y solapadamente en la policía. Son trabajadores que deliberan en asamblea y toman medidas de lucha colectivas al margen de sus sindicatos. Esta situación de desborde de los canales de negociación tradicional pone nerviosos a las autoridades provinciales y no están dispuestos a tolerar este tipo de democracia sindical. Es por eso que lo mandan al inefable subsecretario de Trabajo, Correa Esbry, a perseguir y amonestar a los médicos que realizan asambleas en los hospitales. Este es un movimiento muy importante que debemos apoyar.
La clave para derrotar los intentos del gobierno de aplicar aumentos irrisorios es la de generalizar las asambleas de autoconvocados y que el gobierno discuta con representantes elegidos en esas reuniones. El gobierno espera acordar primero con los docentes de UDAP y posteriormente aplicar el mismo aumento al resto, por eso es necesario instalar desde ya la consigna de aumento no menor al 30% y salario inicial de $8.500, marcando la cancha en la discusión salarial, desbordando las direcciones gremiales traidoras e imponiendo representantes con mandatos que surjan de las asambleas.
