Como resultado de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional en las últimas semanas el peso argentino se ha devaluado, frente al dólar, en un 23 por ciento. Todos los sectores de la economía deben, de alguna manera, ajustarse a la nueva realidad. Como siempre sucede, algunos perderán y otros ganarán.
Como resultado de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional en las últimas semanas el peso argentino se ha devaluado, frente al dólar, en un 23 por ciento. Todos los sectores de la economía deben, de alguna manera, ajustarse a la nueva realidad. Como siempre sucede, algunos perderán y otros ganarán.
Los precios de varios servicios y bienes ya subieron antes, y probablemente lo hagan después de la devaluación. En el rubro peajes, se percibieron considerables aumentos antes de la devaluación, tanto en autopistas porteñas como en rutas. Y además ya está previsto un nuevo incremento que se cobrará a partir del primero de febrero.
Diciembre fue un mes de subas en casi todos los productos. Tanto en alimentos como en combustibles. Por el lado del campo, las retenciones están atadas al valor del dólar, por lo que la devaluación favorece a los exportadores, a pesar de las cargas impositivas que pesan sobre el sector.
Tomando en cuenta la delicada situación que atraviesa la salud, la devaluación puede tener un impacto que podríamos calificar como peligroso. Muchas prestaciones médicas dependen de insumos importados. Desde varias asociaciones de profesionales se está advirtiendo sobre lo que significaría un aumento de los costos. Muchos no podrían soportarlo.
Además, desde fin del año pasado se está recalentando la situación salarial. Ante la negativa de un plus por fin de año, ahora el pedido es de un plus compensatorio por el salto inflacionario. No debe haber gremio que no esté pidiendo un adelantamiento de las paritarias.
La cuestión es cómo se cubre el ajuste que significa la devaluación dentro del sector salud. Los convenios prestacionales suponen un acuerdo entre, justamente, los prestadores y los beneficiarios, pero ni unos ni otros controlan o inciden sobre los precios. Quienes sí forman los precios en el sector son el Estado y los financiadores privados.
El Estado debería considerar seriamente la posibilidad de compensar a quienes trabajan con las obras sociales sindicales, el PAMI, y las obras sociales provinciales. Necesariamente, se puede excluir al sector privado que trabaja solo con la punta de la pirámide, conocido como sector ABC1. De hecho, las prepagas ya tenían previsto un aumento en sus cuotas para febrero, previo a las medidas devaluatorias.
Es necesario también rever la situación en la que se encuentra el sector de la salud pública, con presupuestos aprobados el año pasado. Si la devaluación supone una crisis más profunda aún para el sector público, corre peligro la atención del 50 por ciento de la población que no cuenta con cobertura social.
El objetivo es que no se rompa la cadena prestacional, y la gente pueda seguir contando con sus servicios de salud. Para ello, por un lado se necesita velar por los intereses colectivos y contra las maniobras de especulación. Por último, es necesario atender la situación arancelaria de los prestadores, que no solo dan salud sino también trabajo a miles de argentinos.
