El negocio del biodiesel en la Ar-gentina se podría decir que es ca-si un invento del kirchnerismo. Un negocio que no puede funcionar sin el apoyo oficial fue la salida a los remanentes de cereales que por momentos de crisis no podían ser destinados a la exportación. El sector, impulsado por una estrategia global de fomento del producto a través de las grandes potencias mundiales, creció a pasos enormes: promedió un 156% anual. En 2009, la Argentina ya era el primer exportador mundial.
El negocio del biodiesel en la Ar-gentina se podría decir que es ca-si un invento del kirchnerismo. Un negocio que no puede funcionar sin el apoyo oficial fue la salida a los remanentes de cereales que por momentos de crisis no podían ser destinados a la exportación. El sector, impulsado por una estrategia global de fomento del producto a través de las grandes potencias mundiales, creció a pasos enormes: promedió un 156% anual. En 2009, la Argentina ya era el primer exportador mundial.
Para que sea un negocio redondo se establecieron retenciones diferenciadas con el poroto exportable y con los aceites y harinas; acompañando la medida, con cortes obligatorios en las naftas y el gasoil. Esto generó una red de medianas empresas pero el negocio principal fue sin duda para las grandes aceiteras.
Hasta que el gobierno nacional estableció la suba de retenciones a las exportaciones de biodiesel y a la par congeló los precios del abastecimiento interno, las nuevas medidas le permitían a las grandes cerealeras que tienen “espalda” y producción propia del aceite (principal insumo) reorientar sus negocios al mercado interno y desplazar a los pequeños y medianos productores. Estos, sin capacidad para el procesamiento de los granos, deben comprarle el aceite a las grandes cerealeras. El mercado interno sería cubierto ahora por las grandes cerealeras exportadoras.
Sin embargo, esta suba de retenciones ideada por Kiciloff tuvo que dar luego marcha atrás por la protesta y la evidencia de las Pymes del sector de que tales medidas serían el fin del negocio para esa escala. Generando, como ocurrió en algunos lugares del Gran Rosario, despidos y suspensiones, un escenario temido por el gobierno.
El sector emplea a unos 1.500 trabajadores entre grandes empresas, medianas firmas y pequeños establecimientos elaboradores de biodiesel. Se implementaron retenciones móviles y escalonadas, sin embargo a comienzo de este año, el gremio denunció nuevos despidos.
Negociados con las retenciones
En medio de la crisis agraria que puso en pie de lucha a los productores en 2008 tras el anuncio del aumento de las retenciones, las cerealeras multinacionales aprovecharon la ocasión, con la complicidad del gobierno.
A través de una denuncia de Mario Cafiero y el abogado Monner Sans se ponía de manifiesto el fenomenal negociado que el gobierno regalaba a las cerealeras, mientras montaba la épica mediática anticampo: la diferencia entre lo que le cobran a los productores de soja por las retenciones y lo que verdaderamente le liquidan al gobierno.
Desde el 11/11/2007 al 11/3/2008, en lugar de pagar por 35%, lo hicieron por 24,3%. Y desde el 12/3 (cuando la resolución 125 estableció la movilidad por el 44%) hasta el 15/6, los pagos por retenciones fueron por el 24,7%.
“Cuando las exportadoras cerraron las ventas anticipadas, la soja valía 320 dólares la tonelada. Cuando tuvieron que efectivizar la compra en el mercado interno, las cotizaciones se habían disparado. Se rompió el negocio, y acudieron al Estado. El gobierno les dio una respuesta con la 125, para que el peso de esta diferencia recaiga en el productor, la 125 nació para cubrirle el desfasaje a las cerealeras. Esta es mi gran hipótesis”, asegura Lozano sobre este negociado del gobierno y las cerealeras.
Lo que debieran ser las retenciones del 44% que a partir del 11/3/2008 se pusieron en vigencia por la 125, se le cobran al productor; pero lo que liquidan las cerealeras como Cargill, Aceitera Gral. Deheza, Dreifus, Vicentín, Nidera, Bunge, Noble y demás, no superó el 24,6%. Claudio Lozano asegura que en el término de un año y medio existió un desfasaje de más de 1.400 millones de dólares que quedaron en manos de las exportadoras, y denunció que “en Diputados hicimos una ley que venía a corregir esa maniobra especulativa, pero la agarró en la Cámara alta el senador Urquía (del Frente para la Victoria y dueño de Aceitera Gral. Deheza) y la destrozó”.
Ante las denuncias el kirchnerismo acordó con la oposición la creación de una comisión bicameral en el Congreso, pero nunca se avanzó.
Esta burla grotesca al sistema de cobro de retenciones encontró un freno con la llamada Ley Martínez Raymonda. La misma obliga a los exportadores la acreditación fehaciente de la tenencia o adquisición de los productos con anterioridad en caso de existir un incremento en las retenciones en el periodo comprendido entre la declaración y la destinación de embarque. Sin embargo, de las más de 53 empresas denunciadas por estas maniobras, solo alguna como Toepfer han “devuelto” aquellos dineros mal habidos del diferencial de retenciones. Una parte grande de los exportadores solo ha pagado una porción de su deuda con el fisco y otros lo judicializaron. El kirchnerismo usa estas deudas con la AFIP como herramienta de presión cuando se tensa la relación con las cerealeras, relajando esas exigencias cuando depositan los dólares de la cosecha o adelantan retenciones como hicieron durante la gestión Moreno a modo de gesto de paz.
“Proyectos” de Junta Nacional de Granos
La actual puja del gobierno con las cerealeras por el ingreso de dólares reactivó una idea que recoge apoyos en parte de las filas oficiales (como las deudas o las denuncias de evasión o trabajo esclavo) cada vez que se tensa la cuerda de la relación cerealeras-gobierno. La posibilidad de la nacionalización del comercio exterior o la creación de una Junta nacional de Granos que lo regule como sucedió desde el gobierno de Juan Domingo Perón hasta 1991 cuando fue desguazada por el menemismo.
La medida es un reclamo histórico de la FAA y de los pequeños y medianos productores sometidos a la voracidad de las multinacionales con la vista gorda del gobierno. Pero ahora hay varias propuestas del oficialismo. Una es del gobernador de Entre Ríos, Urribarri. Otra, de la senadora Silvina García Larraburu, que controla “todas las instituciones o entidades que intervengan directa o indirectamente en el comercio interno o externo de granos y sus subproductos”.
Antes de la devaluación, el gobierno denunció que las cerealeras no liquidaban 3.500 millones de dólares como medida de presión. La tropa oficial habló en los medios de la inminencia de esas leyes de nacionalización del comercio.
Sin embargo fuera de las cámaras, en las reuniones entre Capitanich y los popes del cereal la cosa era distinta. “El clima fue más cordial que lo que ambas partes preveían” (Pagina 12, 07/02). Finalmente, las exportadoras de cereales y oleaginosos se comprometieron con el gobierno a liquidar 2.000 millones de dólares durante el mes de febrero, remanentes de la cosecha pasada. No se trató el tema de la supuesta creación de una Junta Nacional de Granos. Incluso Capitanich el 10/2 declaró: “Por el momento no hay proyecto para una Junta Nacional de Granos”. La paz parece haber llegado nuevamente a la relación.
China mete la cola
Otro grupo kirchnerista que agita proyectos similares que rompan la hegemonía de Ciara en el comercio exterior es la Corriente Agraria Nacional y Popular (Canpo), nacida del riñón del gobierno en medio del conflicto de 2008. La propuesta de Canpo se viabilizó con la anuencia del ex ministro de Agricultura, Julián Domínguez y Luis Basterra, presidente de la Comisión de Agricultura. Este proyecto no incluye una Junta Nacional de Granos, sino que propone cambiar los actores del comercio de granos.
El oficialismo armó una cámara para poder meterse en el comercio exterior de cereales. Para poder hacerlo, Guillermo Moreno, a través del ruralista Ider Peretti, inventó la Capeco (Cámara de Exportadores de Cereales y Oleaginosas). Tras la máscara de una organización que nuclea a las cooperativas, los grandes actores del agro más cercanos al gobierno intentan disputarle a Ciara (principalmente hegemonizada por capitales yanquis y franceses: Cargill, Toepfer, Bunge, Dreyfus, etc.) el monopolio del comercio exterior. Pero a poco de creada demostró su verdadero rostro. Los principales socios son Aceitera Gral. Deheza del ex senador K, Urquia, Monsanto, y una firma controlada por Los Grobo.
Esta Cámara sería la llave del gobierno para “puentear” a las cerealeras multinacionales, abaratar costos y cumplir así las exigencias del “socio estratégico” de oriente. China impulsa que el comercio sea de Estado a Estado, para utilizar su casi monopolio de la compra. “Nos está pidiendo que establezcamos relaciones comerciales entre Estados”, dijo Domínguez (Pagina 12, 4/2).
Argentina en estos años ya conoció esa política, con una balanza comercial negativa presionada por la avalancha de manufacturas chinas como condición para mantener el nivel de compras de materia prima. La vieja historia de vender sin elaborar y comprar elaborado.
En el mismo sentido Argentina ya firmó con China un documento con el objetivo de estimular entre los sectores empresariales de ambos países las relaciones comerciales directas con los productores agrupados en cooperativas, evitando la intermediación de las cerealeras. Este fue el Memorándum de Entendimiento para la Cooperación en Comercio de Productos Agrícolas a Granel que firmaron en mayo del año pasado la presidenta, Cristina Fernández, y el vicepresidente de China.
Nuevamente tras la cortina de humo de beneficiar a las cooperativas o a los actores más débiles del mercado (como sucedió con la Ley de Medios), en realidad se oculta el reacomodamiento de los grandes grupos económicos y la correlación de fuerza de las grandes potencias mundiales. Cambiar de collar pero seguir siendo perros.
El esquema económico que mantuvo el gobierno K durante estos años de “sojas gordas” es lo que hace hoy vulnerable al país a la especulación de estos gigantes extranjeros que presionan siempre una mayor devaluación para maximizar sus ganancias, a costa de la pérdida de poder adquisitivo a los trabajadores y todos los sectores de ingresos fijos. Es imposible pensar en un manejo soberano de la economía sin que el Estado tome el completo control de estas palancas claves. El comercio exterior, el control de la oferta y la política monetaria son alguna de ellas.
Después de una “dekada ganada” vuelven a ganar los de siempre.
