El mismo jueves 27 a la tarde, mientras Cristina hablaba por cadena nacional, su ministro Kicillof –ladeado por los responsables de la intervención del Indec desde 2007, Ana Edwin y Norberto Itzcovich–, contra todos los “pronósticos”, anunciaba sin sonrojarse que el año pasado la economía había crecido 3%, casi dos puntos menos que lo que había estimado inicialmente, por lo que el país así evitará pagar unos 3.500 millones por los cupones atados al PBI que emitió el kirchnerismo en 2005 y 2010, como parte de los canjes de la “deuda heredada” en default.
Que el ministro Kicillof haya tenido que hacer este anuncio –aunque haya sido hecho por el temor a las demandas legales, por el “asesoramiento” del FMI o por una gran jugada especulativa–, es un mérito sobre todo de los 7 años de lucha de los trabajadores del Indec (ver página 14).
Pero el ministro de Economía no difundió la nueva serie revisada del PBI para el lapso comprendido entre los años 2005 y 2012 (de la que puede surgir que se haya pagado lo que no se debía, particularmente por los índices inflados de los años electorales 2009 y 2011) y tampoco dijo cuánto era que había caído finalmente la actividad en el último trimestre de 2013 para que el indicador del total del año se ajustara tanto a la baja, lo que despierta serias dudas sobre la confiabilidad del nuevo dato.
Es necesario exigir que se explique la metodología y también que se investigue quiénes –en “un clima” que “pronosticaba” que eso no iba suceder, por lo que venía aumentando el precio de esos bonos–, fueron los que, teniendo “la justa”, los vendieron al precio inflado los días anteriores a este anuncio que desplomó su precio en el mercado. Además están los que después, aprovechando la caída de más del 50% en el precio que produjo la corrida, compraron a ese precio especulando con el posterior rebote.
