El 22 de mayo se movilizaron en Tucumán miles de bancarios venidos de todo el país: siete cuadras cubría la columna, reclaman la reincorporación de 36 empleados de la Caja Popular despedidos por el actual interventor por el único motivo de ser afiliados a la Bancaria. Condenan, además, la represión de que fueron objeto los despedidos cuando realizaban una volanteada exigiendo su reincorporación.
El 22 de mayo se movilizaron en Tucumán miles de bancarios venidos de todo el país: siete cuadras cubría la columna, reclaman la reincorporación de 36 empleados de la Caja Popular despedidos por el actual interventor por el único motivo de ser afiliados a la Bancaria. Condenan, además, la represión de que fueron objeto los despedidos cuando realizaban una volanteada exigiendo su reincorporación.
La represión fue brutal, numerosos empleados resultaron heridos. El gobierno provincial niega haber dado la orden.
La Caja Popular es una entidad del gobierno provincial y se ha mantenido intervenida en todo el período de Alperovich –desde que era ministro de Economía del gobierno de Miranda– y Cisneros, dirigente nacional de la Bancaria, era el interventor. El conflicto se inició cuando Alperovich echó mano a 172 millones de pesos de los fondos de garantía de la Caja Popular, a cambio de Letras del Tesoro. Cisneros denunció lo hecho y la respuesta fueron los despidos.
La Bancaria, además, exige que se cumpla una orden del Ministerio de Trabajo de la Nación que obliga a la Caja a reintegrar a los empleados a sus funciones.
El Sindicato Municipal de Aguilares se hizo presente con una delegación para solidarizarse con los empleados despedidos y repudiar la represión policial.
